Objetivo: Exculpar a la infanta

 

En los últimos meses, tanto la Fiscalía como la Agencia Tributaria han dado muestras de que el principal objetivo de sus actuaciones en el caso Nóos que instruye el juez Castro es buscar la exculpación de la Infanta y su no imputación a toda costa. La Delegación de Hacienda de Cataluña ha enviado al instructor un informe en el que concluye que la empresa familiar Aizoon -propiedad de ambos cónyuges al 50%- defraudó en cuatro años 281.000 euros, pero que en ninguno de los ejercicios se sobrepasó la barrera que marca el delito fiscal, situada en 120.000 euros. El informe, solicitado por el juez sobre los ejercicios que aún no han prescrito, ya era para dejar perplejo a cualquier ciudadano. Hacienda ha cuadrado las cuentas a martillazos para que las cantidades defraudadas presuntamente por la Infanta no llegaran al tope para ser delito fiscal.

Y lo ha hecho dando por buenos -y por tanto deducibles- pagos que en anteriores documentos consideraba que formaban parte de una facturación cruzada ficticia, en coincidencia por cierto con la Fiscalía. Se trata de tres recibos que ascienden a 69.900 euros cada uno supuestamente pagados por Aizoon a una de las sociedades instrumentales de Diego Torres, en concepto de asesoramiento. Se da la circunstancia de que estos encargos eran para que Aizoon cobrara a su vez por prestar trabajos de asesoramiento a varias empresas como la constructora Mixta África, Aceros Bergara, Hervas Sport o el grupo Lagardere. En la causa ha quedado suficientemente acreditado que esos servicios fueron inexistentes y que las citadas compañías pagaron a Urdangarin sólo porque era quien era.

Si Hacienda hubiera mantenido su criterio inicial, y sólo teniendo en cuenta estos tres recibos, la cuota defraudada por Aizoon, la sociedad patrimonial de Urdangarin y la Infanta, se elevaría a más de 120.000 euros, sobrepasando así el límite del delito fiscal. No hay muchas interpretaciones alternativas de esta actuación de la Agencia Tributaria. Se trata de impedir la imputación a cualquier precio, aunque sea dejando un rastro perfectamente visible de manejos que resultan inaceptables. Hacienda nunca aclaró del todo, por ejemplo, el extraño episodio de las fincas situadas en varios puntos de España que aparecieron inscritas a nombre de la Infanta y que le costó el puesto a la directora de la Agencia Tributaria.

A ello hay que sumar la actuación de la Fiscalía, al presentar un inédito recurso contra la imputación de la Infanta decidida por el juez Castro y posteriormente anulada por la Audiencia. Tal parece que no basta la poderosa defensa de un hombre tan influyente como Roca para protegerla y es necesaria la colaboración de la Fiscalía en esta labor. Sin embargo, estas actuaciones no hacen ningún favor ni al prestigio de la Infanta ni al de la Monarquía. La mayoría de la opinión pública cree, como el juez decano de Zaragoza, que «cualquier española en estas circunstancias habría sido imputada desde el primer día».