Estado de malestar e impaciencia

La información que publicaba de Libre Mercado es de las que provocan pasmo: “España descansa sobre los hombros del 30% de la población”. En efecto, son 13,8 millones los que, con su trabajo y sus impuestos, sostienen el país, que cuenta con 47 millones de habitantes, de los que 17,6 millones son parados, pensionistas o empleados públicos y… asesores o enchufados varios.

El Mundo publicaba también en su edición dominical que actualmente existen entre 18.000 y 20.000 “asesores” solo a afectos a los cargos públicos electos, cobrando sueldos entre 50.000 y 80.000 euros anuales que no han demostrado mérito ni realizado oposición alguna. En todas las administraciones y en todas las regiones. El Defensor de Pueblo del Pais Vasco, él solito cuenta con 60 de estos especímenes. O la Alcaldesa de Madrid que lo supera con 254 asesores de todas las condiciones.

La crisis económica ha puesto al descubierto el demencial e injusto esquema de nuestro Estado del Bienestar, ineficiente, mediocre, generador de incentivos perversos y lesivo para los intereses nacionales, habida cuenta del duro castigo a que somete a los sectores más productivos y dinámicos de la sociedad.

Mientras el contador de los parados ha superado los 6.200.000 millones de españoles camino a los siete millones, con dos millones sin prestación con miles de familias que tienen todos sus miembros en paro, este domingo Mariano Rajoy ha pedido paciencia a los españoles, asegurando que al final de su legislatura se vería el resultado de su trabajo.

Estamos en un estado de cosas insostenible pero sobre todo un pais injusto e ineficaz, que ahonda la durísima crisis que padecemos desde hace ya un lustro y que amenaza seriamente nuestro futuro, a corto, medio y largo plazo.

Urge tomar medidas contundentes para podar las Administraciones Públicas, al objeto de hacerlas más funcionales e impedir que sigan siendo cueva de enchufados de todo pelaje y condición, ya que todo este personal pase directamente al paro y engrosen su abultada nómina, el Estado ahorraría además un montón de dinero en concepto de alquileres, teléfonos, electricidad o papel higiénico. 

¿O es que acaso piensan  contratar a todos los parados de este país como asesores? Así se resolvería de un  plumazo el problema del paro. 

Asimismo, se impone una revisión en profundidad de las denominadas prestaciones sociales, especialmente de las destinadas a los desempleados, que no deben ver en ellas un recurso de acceso universal y duradero. También resulta de extrema importancia encarar de una vez, en toda su amplitud y complejidad, la cuestión demográfica y por el momento dejar de financiar el aborto via impuestos, ya que cada vez menos trabajadores productivos tienen que mantener a mas personal de la casta extractiva. De no hacerlo, la situación puede ser tremenda en quince o veinte años.

Por último, los poderes públicos han de atender como se merece a esos 13,8 millones de españoles que están levantando el país a pesar de todos los pesares. Para empezar, en vez de asfixiarlos y apabullarlos, deben tratar de ayudarlos. Quitándoles de encima impuestos, regulaciones y prohibiciones que no hacen sino perjudicarlos. Perjudicarnos a todos.

¿Se puede contar con el Gobierno para esta empresa, sin lugar a dudas la más importante de las que se nos presentan? Lamentablemente, no. El Gobierno, lo vino a demostrar el viernes en el último Consejo de Ministros, está instalado en la cobardía, la abulia o el ilusionismo del nefasto José Luis Rodríguez Zapatero. Las tres opciones son pésimas. Y el tiempo pasa y Mariano Rajoy habla solo de una posible solución para dentro de dos años cuando muchos desesperados ya habrán tomado la decisión de quitarse de en medio. Tenemos recursos para que esto no pueda llegar a ocurrir. Pero habrá que darse prisa.