Atracadores, butroneros y aluniceros

La semana pasada, la Policía desarticuló en sendas operaciones desarrolladas en Madrid dos expertos grupos de butroneros especializados en el empleo de la lanza térmica para reventar cámaras acorazadas, sumando un total de diecisiete detenidos. Tal y como informaron el Director General de la Policía y la Delegada del Gobierno, se ponía así fin a las actividades delictivas de dos bandas de asaltantes, responsables de al menos cuarenta robos cometidos en las principales ciudades de la geografía nacional, principalmente en comercios dedicados a la joyería. Sin embargo, presentados los atracadores ante los juzgados competentes de Madrid, Móstoles y Navalcarnero, los jueces decidieron en todos los casos poner en libertad a los acusados a la espera de juicio.

Es comprensible la frustración que la noticia ha causado en el Cuerpo Nacional de Policía, cuyos agentes estuvieron trabajando durante más de seis meses para poner entre rejas a dos de las bandas más activas de la delincuencia organizada de nuestro país. Pero más grave aún es el desaliento que actuaciones incomprensibles como la de estos tres jueces provocan en las víctimas y, por extensión, en toda la sociedad. Ni la aportación abundante de pruebas materiales y documentales, ni la localización en los registros domiciliarios de numerosos objetos robados, armas de fuego y artilugios para realizar los robos han sido argumentos suficientes para evitar la puesta en libertad de estos delincuentes. Tampoco el informe del Ministerio Fiscal pidiendo la prisión inmediata de los detenidos fue considerado por ninguno de los tres jueces, cuya decisión ha puesto de nuevo en la calle a dos peligrosas bandas de atracadores que de esta forma podrán seguir su carrera delictiva con total tranquilidad.

No puede ser que en España haya asaltantes multirreincidentes, con más de cuatro decenas de delitos a sus espaldas, campando por las calles con la bendición de la autoridad judicial. La inseguridad ciudadana se multiplica cuando el delincuente se cree impune, que es precisamente el sentimiento que decisiones como las de estos jueces contribuyen a extender entre los profesionales del delito, algo ante lo que el gobierno no puede permanecer ajeno.

Bien está el que el proyecto de reforma del Código Penal, entre otras novedades, actualice las penas por reincidencia continuada en los delitos, pero de poco sirve agravar las sentencias que se dictan al final de un largo proceso judicial, si durante los meses o años transcurridos los responsables siguen en libertad para acumular nuevos delitos que podrían haber sido evitados con una actitud procesal de los jueces mucho más severa.

Lo ocurrido con estas dos bandas de atracadores, desde el pasado lunes están de nuevo en la calle, debe interpelar seriamente a los ministerios de Interior y Justicia para evitar que situaciones lamentables como esta vuelvan a producirse. También en el ámbito directamente judicial se impone una reflexión, ante la existencia de jueces que parecen no ser capaces de cumplir las expectativas de los ciudadanos, cuyos derechos y libertades son los primeros que están obligados a proteger.