La realidad objetiva y la manipulación política
Conocer la realidad objetiva, sobre la que siempre debería operar el buen gobierno, no es tarea fácil. No en vano, muchos filósofos ilustres han convenido en sostener de distintas formas que en relación con un mismo objeto o sujeto pueden existir tantas realidades como puntos de vista, e incluso no existir ninguna. Nietzsche, por ejemplo, afirmaba que detrás de la realidad en la que existimos, hay otra completamente distinta y que, por consiguiente, la primera no es sino una “apariencia”.
Pero en el plano de la política, que básicamente es una
práctica y no una teoría, el necesario acceso a esa realidad objetiva ha de ser
igualmente práctico, y no filosófico, porque es en la práctica donde el
gobernante debe mostrar la verdad a los gobernados, es decir, la realidad
natural, el poder y la precisión de sus pensamientos.
Sólo cuando conocemos las cosas como son en sí, alcanzamos
la verdad. De otra suerte caeremos en el error y, por tanto, en el gobierno
pernicioso. El gobierno de la razón, frente a la razón del gobierno (que a
menudo incluye la “sinrazón”, la “razón de Estado”, el “secretismo” y tantas
otras formas espurias de ejercer el poder), se asienta en el conocimiento de la
verdad objetiva, porque la razón, en esencia, depende de la verdad…
El proceso electoral o la lucha partidista por acceder al
poder, es otra cosa. Se acostumbra a revestir con excesos propagandistas,
descalificaciones mendaces de los adversarios, promesas falsarias,
manipulaciones de todo tipo y hasta con programas distintos a la “línea de
gobierno” prevista en la trastienda de los partidos, a veces desconocida
incluso por los directores de campaña, ocupados en ofrecer a los votantes lo
que estos “desean” y no lo que en realidad van a recibir después.
LAS MENTIRAS POLÍTICAS: “PROMETER HASTA METER…”
La mentira electoral es un juego vergonzoso de reiterada
traición a los votantes, perfectamente “asumible” porque, según establecen las
reglas de la democracia, al final de cada legislatura todo el mundo tiene
opción a que le siga engañando el mismo partido o que, si lo prefiere, vuelva a
engañarle otro que hasta ese momento electoral estaba en la oposición… Claro
está, pues, que el engaño político prevalecerá mientras los electores hallen
placer en ser engañados.
Y esa es una situación difícilmente reversible en razón de
la “dinámica rotacional” del electorado. Cierta es la dificultad de engañar
continuamente a las mismas personas y de la misma forma; pero la realidad es
que el censo electoral está sujeto a continuas “entradas y salidas” de
ciudadanos que van alcanzando la condición de votantes o por los propios
fallecidos, al margen de los muchos que, desengañados, van renunciando a su
derecho de sufragio, con lo que los “huecos” en el núcleo participativo son
ocupados de forma automática por las nuevas generaciones ingenuamente
ilusionadas con transformar el mundo a través de esa misma política. Así, la
práctica electoral engañosa puede prevalecer perfectamente “inmutable” frente a
una ciudadanía “mutable”, es decir engañando siempre aunque no siempre a las
mismas personas.
Un ejercicio mentiroso que, además de ser propio de
políticos de escasa capacidad, como la mayoría de los actuales, también es el
refugio de los más mezquinos y de los más tontos, quienes, si uno se detiene en
tal observación, no dejan de ser los que más mienten. Y en el que, según
clamaban los socráticos, el peor engaño es el de los que, careciendo de méritos
para ello, se hacen pasar sin pudor alguno ante sus conciudadanos por hombres
capaces de gobernar el país.
El último capítulo de esta reconocida historia es el
protagonizado por Mariano Rajoy, plenamente identificado con el chascarrillo
popular del “prometer hasta meter y, una vez metido, nada de lo prometido”, que
a pesar de su intención sexual no en vano se identificó con la habilidad
política y electoral de Francisco Romero Robledo, un ministro prácticamente
“vitalicio” que además de ocupar la cartera de Gobernación durante todo el
reinado de Alfonso XII (1874-1885), también se sentó en el Consejo de Ministros,
antes y después, sin solución de continuidad, con el rey Amadeo I y durante la
regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena.
Prometer hasta meter… porque el político no pretende otra
cosa, al menos en el marco de la escasa cultura democrática española. Para
comprobarlo, sólo hay que observar nuestra realidad, rebosante de promesas,
pasadas o presentes, perfectamente equivalentes a mentiras futuras. Y también
de obsequiosas “golosinas” (la antigua “compra” del voto en práctica excelsa
del ministro Romero Robledo) convertidas, según la tipología de la clientela
del momento, en promover ayudas y subvenciones, movidas, botellones,
mamandurrias clientelares, peonadas, expedientes ilegales de regulación de
empleo, transferencias competenciales, viajes del Imserso, suspensión de la
“mili”, barra libre para saquear las cajas de ahorro..., es decir dándole a
cada uno la suya.
El “viejo profesor” (Enrique Tierno Galván) entendió bien el
fenómeno. En términos académicos afirmó: “La política ha dejado de ser una
política de ideales para convertirse en una política de programas”. Y en la
práctica, haciendo rugir a sus jóvenes votantes durante la celebración de un
festival de música en el Palacio de los Deportes de Madrid en 1984, más
temerario que corto o perezoso, propuso: “¡Rockeros: el que no esté colocado,
que se coloque... y al loro!”.
Rajoy también estuvo, como todos, al loro del oportunismo
político, aguantando a trancas y barrancas dos grandes derrotas electorales y
desplegando sus propias mentiras del “prometer hasta meter…”, oportunamente
acompañadas por el descalabro “zapateril” vivido durante las dos legislaturas
precedentes, hasta llegar a donde ha llegado. A dirigir el Gobierno de la
Nación durante un año sin lograr el menor alivio de la crisis (más bien
consolidándola), abrasado por el incumplimiento de sus promesas electorales y
por una política de tijeretazos y recortes sociales salvajes (sin reducir el
déficit público ni reactivar la economía productiva), dando continuos palos de
ciego, promoviendo reformas de fondo timoratas y nuevas promesas “para no
cumplir”, e incluso hasta llevando no pocas cuestiones de vital importancia por
la misma senda ya transitada por Rodríguez Zapatero de forma desastrosa.
Aunque lo más dramático del momento no sea la timorata
torpeza de Rajoy al frente del Gobierno, ni tampoco su reflejo en las
autonomías y en los ayuntamientos también gobernados por el PP, sino el hecho
de que la oposición socialista (la teórica “alternativa”), políticamente
arruinada tras la frívola orgía del “zapaterismo”, prepare ahora un nuevo
catálogo de promesas engañosas al alza para intentar su reposición en el poder,
por supuesto de forma demagógica antes que asentada en la razón: la defensa a
ultranza del Reino de Jauja (el “gratis total”), la utopía de la “alianza de
las civilizaciones”, el clientelismo partidista… y, sobre todo, la barbaridad
del Estado Federal.
Alentando con ello de nuevo, como es lógico, la mentira
creciente del “y yo más” (o los dos huevos duros de postre) que, sea cual sea
el menú, siempre demandan los neo-caciques nacionalistas en su gran engaño de
la España “asimétrica” (y no digamos el del independentismo). Es decir, el
consolidado “más de lo mismo”, enmarcado en el permanente “prometer hasta
meter…”
.
“CASO PALAU”: EL COLMO DE LA MANIPULACIÓN POLÍTICA
En el marco de esta reflexión crítica sobre la dinámica de
engaños, falsas promesas y vergonzosas manipulaciones políticas de la realidad
objetiva, es decir sobre la degradada
vida pública española, con su correspondiente espejo de representaciones
institucionales socialmente desprestigiadas, el “caso Palau”, sobre cuyo
trasfondo político se acaba de levantar la veda, es sin duda paradigmático.
Se trata de una reactivación sobrevenida o de una “eclosión”
inducida porque, en realidad, su escandaloso contenido era de sobra conocido
por la opinión pública desde hace más de diez años, aunque por voluntad
política permaneciera hibernado o en fase disolutiva (hasta el punto de que
muchos de sus flecos delictivos han podido prescribir). Y no en razón de la
justicia, sino sólo por el interés común de quienes se alternan en las
poltronas del poder (PP y PSOE), manejan sus resortes y controlan los medios
coercitivos del Estado, ahora amenazado por los planteamientos secesionista de
la izquierda abertzale en el País Vasco y, más preocupante si cabe, por el “pancatalanismo” que lidera Artur Mas.
El “caso Palau” (también conocido como “caso Millet” y como
el “saqueo del Palau de la Música”) y sus conexiones con la corrupción
política, saltaron a la palestra informativa con el desfalco confeso realizado
por Fèlix Millet i Tusell, presidente de la “Fundació Palau de la Música-Orfeó
Català” (que él mismo creó en el año 1990), de forma continuada durante toda la
primera década el siglo XXI. El suceso originó una gran consternación en la
sociedad civil catalana por la importancia simbólica de la institución
implicada y porque sus ramificaciones afectaban a partidos políticos que, bien
de forma directa o indirectamente, fueron financiados por Millet con fondos
detraídos de la misma y cuyo origen siempre estuvo bajo sospecha.
Ya en el año 2002, una nota anónima dirigida a la Delegación
de Hacienda de Cataluña advertía que parte del dinero de la Fundación presidida
por Millet se desviaba para fines privados. También el Síndic de Comptes de la
Generalitat de Catalunya detectó anomalías en la gestión del año 2002,
informando a la Administración responsable.
Esta denuncia anónima de 2002, archivada y con registro
oficial de entrada, no generó en aquel momento investigación alguna por parte
de ningún organismo competente, alegándose que no aportaba datos concretos. Ni
siquiera abriendo un simple expediente de investigación para evitar la
prescripción de los presuntos delitos denunciados (como sucedió).
No obstante, el 23 de julio de 2009 se realizó un registro
policial en la sede de la “Fundació Palau de la Música-Orfeó Català”, entidad
que gestionaba los recursos del Palacio y de su propietaria, el Orfeón Catalán,
en base a la sospecha sobrevenida y “fundada” (dicho de otra forma, porque
entonces ya así lo quiso la autoridad competente), de que existieran
irregularidades económicas en su gestión. Ese fue el momento en el que se
evidenció que sus responsables durante más de 30 años, Fèlix Millet y Jordi
Montull, junto a otros colaboradores, resultaron ser los autores del mayor
expolio jamás conocido en una entidad cultural de la Unión Europea.
De hecho, dicha Fundación fue creada para actuar libremente
sin que los responsables del Orfeó o del Palau pudieran intervenir, dándose la
paradoja de que, mientras aquella obtenía grandes sumas de dinero, los fondos
no llegaban a estos otros destinatarios primordiales. Sin recursos económicos,
el Orfeó tenía que suspender algunas de las giras programadas, mientras el
Palau ofrecía una programación de calidad pero a unos precios mayores que en
otros auditorios, porque los ingresos obtenidos por otras vías (como el
patrocinio) no eran suficientes (luego se descubriría que sí lo eran, aunque en
vez de llegar a su destino se quedaran en el bolsillo de los “gestores”).
Tras la investigación realizada por la Fiscalía de Barcelona
a finales del mismo mes de julio de 2009, Millet intentó aclarar sin éxito un
presunto desvío de dos millones de euros realizado durante 2003 y 2004 por el
Patronato de la Fundación que presidía, siendo destituido de su cargo y también
de la presidencia del Banco de la Pequeña y Mediana Empresa (Bankpyme). El
ministerio público presentó entonces una querella contra Félix Millet y otro
tres responsables y directivos del Palau de la Música Catalana por apropiación
indebida y falsedad documental.
Dada la evidencia delictiva, y siguiendo el consejo de sus
abogados, Félix Millet reconoció el desvío de fondos a sus cuentas y patrimonio
personal, confesando la comisión de un desfalco por importe de 3,3 millones de
euros que destinó, entre otros usos, a reformar edificaciones de su propiedad y
pagar viajes turísticos a destinos de lujo como Maldivas y Dubai. También
sostuvo, de forma indocumentada y controvertida, que había pagado comisiones y
realizado pagos en dinero “negro” a artistas que actuaban en el Palau, sin que
constaran en la contabilidad oficial.
A finales de 2009, seis meses después del registro policial
instado por la Fiscalía de Barcelona, que permitió consumar la imputación de
Millet, y de que el abogado y gestor cultural Joan Llinares se hiciese cargo de
la dirección de la institución, las auditorias practicadas bajo su coordinación
acreditaban un desfalco de más de 34 millones de euros, de los que en esa misma
fecha se habían podido recuperar poco más de seis.
Millet ha sido un personaje omnipresente en la vida pública
de Cataluña durante los últimos treinta años, con un considerable poder
económico y político reforzado por la información “sensible” que supuestamente
posee, sobre todo en lo que se refiere a la financiación de partidos políticos
catalanistas realizada con fondos desviados del propio Palau. En agosto de 2010
se dio a conocer, por ejemplo, que Ferrovial pagó comisiones del 4 por 100
sobre obras realizadas con destino final en Convergència Democràtica de
Cataluya (CDC), entonces aupada en el Gobierno de la Generalitat y contando con
Jordi Pujol como Presidente y con Artur Mas como Secretario General (hoy esos
mismos cargos están ocupados respectivamente por Artur Mas y por el hijo de
Jordi Pujol, Oriol Pujol i Ferrusola).
LA MANO OCULTA QUE MECE LA CUNA
La realidad es que la “desidia judicial”, por sí misma o
alentada por el poder político connivente a conveniencia, ha contribuido de
forma decisiva a que los autores del desfalco del Palau hayan eludido la
cárcel, a que algunos de sus presuntos delitos hayan prescrito y,
probablemente, a que también eludan buena parte de la responsabilidad civil del
caso, ya que durante años han gozado de libertad para poder transferir sus
fortunas a cuentas ocultas o cambiar la titularidad de sus propiedades.
Con todo ello, sorprende sobremanera, no el fondo de las
últimas denuncias mediáticas, cuyo trasfondo de corrupción política está más
que asumido y descontado políticamente, sino la artificiosa forma y el momento
puntual de su reactivación. Sobre todo atendiendo al principio aristotélico
(cristianizado por San Agustín de Numidia) de que “no hay efecto sin causa”.
Algunos medios de comunicación social, que con mayor o menor
sutileza apoyan al Gobierno del PP, sostienen, sin el debido contraste
periodístico, que la reactivación del caso y la filtración a la prensa que lo
anima (de momento poco probatorio y en realidad “inexistente” porque en la
práctica policial y judicial el “borrador” no deja de ser pura entelequia),
están motivadas por la “inacción” del tribunal competente, sin plantearse, ni
por asomo, que para informar del caso existen vías institucionales más apropiadas.
Y llamando además la atención sobre el hecho de que una Fundación relacionada
con el juez que entiende del caso, Joan María Pijuan, había recibido
subvenciones de la Generalitat de Catalunya.
Una tendenciosidad que ha sido rápidamente atajada por el
portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, aclarando que la
fundación a la que pertenece Pijuan es una ONG sin ánimo de lucro, dedicada a
“una finalidad de interés general” como la reinserción social de presos, por lo
que recibe ayudas públicas “como muchas otras entidades cívicas, culturales o
deportivas”, recalcando que Pijuan es miembro de honor de la fundación y “no
obtiene ningún beneficio económico de la misma”. Además, recordó que se trata
de “un magistrado de reconocido prestigio y dilatada trayectoria”, que a lo
largo de su carrera profesional “ha investigado numerosas causas, entre ellas
algunas relacionadas con personalidades vinculadas a diversas fuerzas
políticas, en las que ha aplicado rectamente la ley, sin ningún tipo de excepciones
o favoritismos”, insistiendo en que “no existe ningún vínculo que pueda afectar
a su independencia e imparcialidad y cualquier indicación en sentido contrario
carece de base objetiva”.
Los mismos medios informativos han arremetido también contra
el fiscal afecto al caso, que parece no haber visto con buenos ojos la
filtración de marras, altamente “sospechosa” tanto por la forma en que se
produce como por su coyuntural trascendencia electoral. Capitalizando, además,
de forma interesada la supuesta indicación de la Fiscalía General del Estado
para que su representante en el caso fuera más comedido en sus manifestaciones
públicas a tenor, precisamente, de su posible efecto en la liza política.
Lo cierto es que ningún policía a título personal, ninguna
unidad policial encubierta o no, ni ningún sindicato policial, tienen como
misión “azuzar” al poder judicial en su ejercicio jurisdiccional, y menos
todavía actuar como “justicieros”, de forma independiente o asociada a otros
“justicieros” mediáticos. Esa no deja de ser una desviación impropia dentro del
Estado de Derecho, en el que se distinguen claramente las funciones y los
poderes institucionales, debiéndose haber recriminado inmediatamente tal
proceder por los ministerios de Justicia e Interior y por el propio Consejo
General del Poder Judicial, sin que ello impidiera otras actuaciones de los
organismos competentes sobre cualquier eventual mala praxis o irregularidad
judicial.
Pero otros medios de comunicación, quizás más
independientes, no han dejado de situar el origen de esta oscura filtración,
ciertamente oportunista, en el entorno de “monclovita”, y con más precisión en
la Vicepresidencia del Gobierno. Una posibilidad ciertamente irresponsable que,
aun en el caso de que las acusaciones concretas contra Artur Mas, firme
candidato a presidir la Generalitat de Catalunya, fueran ciertas (cosa que aun
está por ver), sería altamente reprobable por su instrumentación política, dado
que ese mismo supuesto “borrador” se podría haber vehiculado por cauces mucho
más éticos, legítimos y eficaces legalmente. Aunque tal vez esa razonable vía
habría dejado en rápida evidencia su eventual naturaleza artificiosa, de mero
“borrador de corta y pega” que no aporta nada nuevo salvo apoyo interesado en
el detrimento electoral de un partido y en favor de otros (sin nada que ver con
el interés general).
En plena vorágine del caso, “El Confidencial Digital”
(20/11/2012) publicó esta reveladora noticia:
¿De dónde ha salido la filtración al diario El Mundo sobre
las cuentas en Suiza de Artur Mas y de Jordi Pujol? ¿Quién facilitó el
documento de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a Eduardo Inda
y Esteban Urreiztieta? Dentro de la Policía apuntan en una dirección: ha salido
de La Moncloa.
Según explican a El Confidencial Digital fuentes policiales,
en el cuerpo están convencidos de que la filtración del borrador sólo puede
provenir directamente del Gobierno, que ha querido “parar los píes” a la deriva
separatista de Artur Mas con esta información.
En la Policía creen que Moncloa ha buscado lanzar este
mensaje contundente a CiU: “Hasta aquí habéis llegado”.
Una especie de “aviso a navegantes” diseñado desde la
presidencia del Gobierno para frenar en seco a los nacionalistas catalanes,
explican las fuentes policiales.
AL MENOS DOS COPIAS
Moncloa disponía desde hace semanas del informe de la UDEF
sobre las cuentas en Suiza de la familia Pujol y de Artur Mas, dentro de la
investigación del ‘caso Palau’. Las fuentes consultadas por ECD explican que el
ministerio del Interior eleva a Presidencia todos los documentos, ya sean
confidenciales o reservados, que considere delicados. Y esta investigación lo
es.
Había otras dos copias, al menos. Una está en posesión de
Jorge Fernández Díaz, remitida desde la dirección general de la Policía. Sin
embargo, altos cargos del ministerio del Interior han comentado a mandos
policiales que de allí no ha salido ninguna filtración. “Nosotros no hemos
sido”, ha asegurado una persona del entorno de Fernández Díaz.
Otra copia se encuentra en manos del juez instructor. En la
Policía descartan radicalmente que la filtración provenga del juzgado. De
hecho, ayer mismo, Josep María Pijuan, el magistrado del caso, citó al
comisario jefe de la UDEF para que le diera “cuenta sobre las informaciones
publicadas estos días”.
LA TRAPACERA ACTITUD DEL GOBIERNO
El hecho de que nadie haya desmentido de forma expresa lo
publicado por “El Confidencial Digital”, y la falta de una reacción consecuente
desde el Ministerio de Justicia o los balbuceantes pronunciamientos del
ministro del Interior sobre el caso, no dejan de avalar la “tesis
conspirativa”. De hecho, el mismo medio informativo publicaba de forma
inmediata (21/11/2012) un artículo no menos interesante dedicado los “espías de
Soraya”, como se les conoce en los medios de la Seguridad Nacional: una unidad
policial conocida como BOA (Brigada Operativa de Apoyo) adscrita al CNI
funcionalmente y orgánicamente dependiente del Ministerio del Interior (su
sueldo corre a cargo de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía), pero
vinculada de forma directa a la Vicepresidencia del Gobierno.
Esta Brigada Operativa de Apoyo del CNI cuenta ya con casi
100 efectivos y ahora se verá potenciada con 30 policías más por el impulso que
le ha dado la vicepresidenta del Gobierno, que además filtrará su selección. Se
da la circunstancia de que, siendo Pérez Rubalcaba vicepresidente y portavoz
del Gobierno al final de la “etapa Zapatero”, y con el propio Félix Sanz al
frente del CNI, se planteó la eliminación de la BOA, que, al parecer, no deja
de ser una unidad redundante, y con toda probabilidad dispersante, dentro del
sistema de Seguridad Nacional.
No es el momento de analizar el funcionamiento de la BOA,
pero sí de tener presente la sutil continuidad con la que “El Confidencial
Digital” hila el origen “monclovita” de la reactivación del “caso Palau”, en
medio de las elecciones catalanas y especialmente orientada contra Artur Mas.
Si este supuesto fuera cierto, la torpeza de la inexperta vicepresidenta Sáenz
de Santamaría no dejaría de ser clamorosa, al igual que, de cualquier forma,
también lo es la forma en la que el Gobierno afronta (o no afronta) la clara
amenaza rupturista de los nacionalismos vasco y catalán.
Para empezar, con la victoria de Convergència Democràtica de
Catalunya (CiU) en las elecciones catalanas cantada por los sondeos previos, el
fuego graneado contra Artur Mas por la vía elegida de “guerra electoral sucia”,
tenga origen donde lo tenga, ha sido un error político de carácter monumental,
porque sólo podía concluir de dos formas: alimentando el “victimismo” (con
balance electoral casi siempre favorable a la “víctima”) o, de otra forma,
evitando la mayoría absoluta de CiU, que así se vería convertida en una mayoría
absoluta “catalanista” con otro socio dentro del eventual gobierno secesionista
aun más radical y problemático (Esquerra Republicana de Catalunya).
http://85.214.222.163/index.php/noticias/historico-de-noticias/1176-la-realidad-objetiva-y-la-manipulacion-politica
Fernando Vila Blanco
ResponderEliminarBueno esto es patético, a los nacionalistas sólo les ganan en idiocia los que les votan y con gusto, el documento Word ha sido creado por un tal Mmeseguer, si nos molestamos en buscar sale http://www.lavanguardia.com/20101101/54063345257/meseguer-marina.html
Si sumamos 2 mas 2 sale 4, que es una penosa y burda falsedad de una trabajadora de la Vanguardia a la que el periódico por tanto avala y apoya, me pregunto si la Junta electoral no tomará acciones contra la Vanguardia por delito electoral. Porque si te envían una carta la escaneas y la pones, no ordenas a una mandada que la teclee en su ordenador.
En fin, de cabeza a una dictadura bananera.
Jesus Valls
ResponderEliminarpues la suspension autonomica