domingo, 18 de noviembre de 2012

Ni gratuita, ni universal


Con la ley de tasas judiciales, que contempla incrementos de entre 50 y 750 euros y la inclusión en el sistema de las personas físicas se ha puesto fin a la igualdad de todos los españoles ante la ley. Así todos los partidos de la oposición ha coincidido en criticar el afán recaudatorio del Ministerio de Justicia y, sobre todo, la limitación de acceso a la justicia para miles de ciudadanos. Consideran, al igual que los abogados y procuradores, que este proyecto consagra una justicia para pobres y otra para ricos.

De forma incomprensible, el ministro Ruiz-Gallardón ha incluido a la jurisdicción social -las viejas magistraturas de trabajo- entre las materias por las que habrá que pagar a la hora de litigar. O dicho en otros términos, si un trabajador es despedido de su empresa o si reclama algún dinero al que cree tener derecho, tendrá que pagar a la Hacienda pública por ejercer un derecho constitucional. En palabras de la nueva norma, “se suprime el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita a todos los trabajadores con independencia de sus ingresos”.

De esta manera Gallardón, liquida no solamente un principio constitucional, como es el acceso a la tutela judicial efectiva, toda vez que muchos trabajadores no tendrán recursos económicos suficientes para litigar en los tribunales hasta llegar a la máxima instancia judicial. Su propuesta va más allá. Se lleva por delante uno de los fundamentos del derecho laboral, que es su carácter tuitivo. O lo que es lo mismo, se ventila de un plumazo la obligación de proteger al más débil en una relación de carácter laboral.

En un contexto como el actual, cualquier trabajador tendrá serios reparos económicos para llevar a su empleador a los tribunales. Sobre todo si solo puede acceder a la gratuidad quienes acrediten ingresos inferiores a 1.141 euros al mes. Si tiene que elegir entre litigar y pagar la hipoteca, es muy probable que opte por lo segundo, aunque sea ultrajando sus derechos.

La prueba del nueve de esta evidencia es que los juzgados de lo social están saturados de reclamaciones de trabajadores, mientras que ningún empresario acude a los tribunales por incumplimiento del contrato de trabajo. Si el empleador entiende que el empleado ha incumplido el pacto, lo que hace es despedirlo, y de ahí que la tutela judicial efectiva sea fundamental. O como dice la Constitución, “sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.

Por decirlo de forma gráfica, no es necesario sólo que existan leyes, sino que haya justicia. En determinadas ocasiones una interpretación mecanicista y burocrática de las normas provoca el mantenimiento de una sociedad empobrecida moralmente, que deja tirados a sus ciudadanos más vulnerables. La imparcialidad a la hora de administrar justicia no debe ser incompatible con la sensibilidad social. Y por eso no es de extrañar que todas y cada una de las asociaciones de jueces, fiscales, abogados laboralistas, procuradores, así como el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo General de la Abogacía hayan clamado contra una ley injusta de arriba abajo que sitúa en el mismo plano pelear por un puesto de trabajo que por cobrar una herencia millonaria.

11 comentarios:

  1. Javier Santos

    La formación y la justicia ahora es solo para gente solvente.Yo recomiendo a todos los que tengan que demandar, que defrauden el importe de las costas para no tener que financiarlas. Os habéis creído que el ciudadano es tonto.(Arrieros Somos........)

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  3. María Elena Oliván Comas

    SIIIIIIIIIII.......LO QUE NOS FALTABA

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  4. Lorena Menendez

    Genial como siempre Xavier

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  5. Jose Antonio Palacios Sanchez

    Se les va callendo la careta a estos cuervos carroñeros .Si ahora solo pueden pleitear los ricos ,cuando salga esta ley ,sera mejor para los ricos . En mi ciudad hay un dicho que dice """ Mas vale un mal acuerdo que un buen juicio "" esto quiere decir ,que los juicios siempre salen caros

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  6. J Carlos Estrada

    Galardón te este creciendo la nariz............mentiroso

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  7. burgondio

    Las tasas judiciales me parecen una injusticia en todas las jurisdicciones en las que Ruiz-Gallardon pretende aplicarlas.Esta medida va a provocar la proliferación de mafias debido a que la gente,ante la imposibilidad económica de acudir a la justicia, se la va a tomar por su mano.Que me debes 200.000 euros ? Pues o me pagas o acabas con un peso de 200 kg en el fondo del mar.La Constitución reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva.Siendo asi, que es eso de que haya que pagar una tasa abusiva,para que te paguen lo que te deben o te den lo que te corresponde ? La justicia es un servicio público de primera necesidad y es nefasto el que impongan tasas abusivas por acudir a los tribunales.Ruiz-Gallardon es un individuo que me resulta repugnante y espero que pronto sea un cadaver político porque para evitar los abusos de quienes litigan por capricho o sin necesidad se podrían aplicar otras medidas que no fuesen tan profundamente injustas como estas tasas.Si un abogado ya resulta muy caro,procurador aparte,encima van a cobrarte por ejercer tu derecho a la tutela judicial efectiva,¡Que pais!.Aqui,a este paso, se va a montar una revuelta social de primer orden.

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  8. Carmiña Martínez-Páis Romaní

    ...se está poniendo como un ceporro...el tal Ministro...ya no se sienta...se esparrama, en la silla...

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  9. Miguel Fernández

    Absolutamente impresentable. Tal vez sea una avanzadilla de lo que tendremos en el futuro: una nación disminuída, empobrecida, humillada, cuyo régimen será una dictadura "tecnocrática", que signifique una dictadura de la oligarquía política.

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