Desahucios

Una de las consecuencias sangrantes de esta crisis son la desmesurada cantidad de familias que son desahuciadas y se están quedado prácticamente en la calle por no poder hacer frente al pago al banco de las hipotecas de unos pisos cuyo precio había sido inflado previamente por la burbuja inmobiliaria. Cada día unas 500 familias pasan a tener que vivir en la calle o ayudados por familiares. Si a esta situación le añadimos que el hecho de existir un enorme parque de viviendas en propiedad de unos bancos que tienen que ser apoyados por los propios ciudadanos es su mayor obstáculo para salir de su crisis particular  al considerarse este bien necesario como activos tóxicos al cual no pueden ni quieren desprenderse a un precio mucho mas bajo que seria el real de mercado, tenemos un problema del que solo los políticos pueden sacarnos del mismo. Parece que por fin ha llegado este momento.

Durante los felices –e irreales– años de burbuja crediticia, muchos agentes privados cometieron graves errores, inducidos por los bajos tipos de interés establecidos artificialmente por la banca central. La crisis tan sólo ha puesto al descubierto estas deficiencias, iniciándose así el necesario y sano proceso de ajuste, consistente en la restructuración, reorientación e incluso liquidación de las malas inversiones pasadas. Los particulares no fueron ajenos a este contexto y muchos, animados por la financiación barata y la ilusión de que "el precio de los pisos nunca baja", solicitaron una hipoteca a la que, posteriormente, no han podido hacer frente. Nadie les obligó a contratar un préstamo, lo hicieron errónea pero voluntariamente, por tanto deben afrontar la responsabilidad que asumieron por contrato.

Era cuestión de tiempo. Los políticos van a tratar de frenar la oleada de embargos inmobiliarios y desahucios que se está registrando como consecuencia de la crisis. Para ello la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha reunido este miércoles con Elena Valenciano una de las máximas responsables del PSOE para diseñar nuevas medidas a fin de aliviar los efectos de la morosidad hipotecaria.

El drama social que, sin duda, viven numerosas familias impide a la mayoría percatarse de los numerosos y graves efectos perversos que conllevan este tipo de intervenciones públicas y esto puede paliarse perfectamente si los agentes pueden conciliar sus respectivos intereses.

La dación de la vivienda en pago para la cancelación hipotecas es una de las reivindicaciones de muchos colectivos aunque su posibilidad puede quedar reducida a aquellas hipotecas contratadas a partir de este momento. Extender la medida a los contratos firmados anteriormente podría producir un daño mucho mayor que el sistema bancario actualmente no puede asumir.

Parece mas bien que uno de estos objetivos podría ser que estas familias que han perdido su propiedad, pudieran permanecer en la vivienda mediante el pago un alquiler social al pudieran hacerle frente o llegar incluso a la recuperación de la vivienda si sus circunstancias cambiaran, mientras se arbitran nuevas reglas de juego en esta cuestión.

El acuerdo sobre esta cuestión de los principales partidos es urgente e imprescindible dejando fuera las demagogias a que nos tienen acostumbrados si se quiere evitar que otro incendio de grandes proporciones asole a las familias de nuestro país. No es lógico que lo que el exceso de viviendas, (un millón que cada día se van deteriorando), en poder de los bancos ellos lo tengan como un problema, cuando para las familias sin vivienda seria la solución a sus necesidades vitales.