La Justicia obliga a Sánchez a dar los detalles de sus "juergas" en el Falcon

Pedro Sánchez y Begoña Gómez, en un mitin del PSOE

Un histórico fallo de la Audiencia Nacional pone a la Moncloa contra la pared: el presidente deberá explicar cómo usó recursos públicos para sus asuntos privados.

La Audiencia Nacional ha "condenado" a Pedro Sánchez a hacer públicos todos los detalles de sus viajes privados, fundamentalmente de ocio y para asuntos personales, que ha hecho desde que llegó a La Moncloa utilizando recursos del Estado.

El varapalo judicial, desvelado por el periodista Enrique Delgado en ABC, tiene muy pocos precedentes: no se recuerda caso en que un tribunal de tanta envergadura haya tenido que sancionar legalmente la opacidad de un presidente del Gobierno por algo que, además, ha tenido un amplio eco desde que sustituyera a Mariano Rajoy con una moción de censura en la que prometió aplicar el máximo nivel de transparencia.

En este caso, la resolución de la Audiencia Nacional viene después de otras del Consejo de Transparencia, desoídas sistemáticamente por el presidente, en las que ya se le obligaba a mostrar esa información, legalmente exigible con la Ley de Transparencia en la mano.

La Audiencia Nacional obliga a Sánchez a dar todos los detalles del uso de recursos públicos para asuntos privados.

Pese a ello, Moncloa ha intentado por todos los medios esconder, por ejemplo, qué hizo exactamente con el Falcon para acudir hace dos veranos a Benicassim a disfrutar de un concierto de The Killers en compañía de su mujer, Begoña Gómez, y al parecer de un grupo de amigos. Y también otros desplazamientos con fines "ajenos a su condición como jefe del Ejecutivo".

El fallo de la Audiencia viene después de una derrota sonora de Moncloa, que lejos de difundir la información solicitada a la primera sospecha, ha pleiteado como gato panza arriba para hurtársela a la opinión pública. Si ahora recurre la resolución, quedará más en evidencia el temor del presidente a que se conozcan sus comportamientos personales con recursos públicos.

Según ABC, la Audiencia Nacional incluso ha impuesto el pago de las costas procesales al Gobierno, tras concluir que sus excusas para proteger a Sánchez resultan inaceptables: "Cuesta entender que Presidencia del Gobierno carezca de información sobre los desplazamientos privados del Presidente del Gobierno en medios aéreos oficiales, cuya existencia no niega, y que desconozca cuál sea la Administración que disponga de ella".

Llueve sobre mojado

Este varapalo se suma a otros derivados de investigaciones de ESdiario que también concluyeron dejando en evidencia al presidente. Así la artimaña de Pedro Sánchez para esconder los gastos de los viajes de su mujer, Begoña Gómez, se derrumbó con estrépito ya en febrero de 2019. Ni son "secreto de Estado", como los clasificó para taparlos con una trampa legal sustentada en una ley rubricada en su día por Franco; ni pertenecen al ámbito privado.

Una contundente resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) a instancias de ESdiario obligó a La Moncloa a desvelar sin dilación todos los detalles de la presencia de la esposa de Sánchez en la comitiva oficial del presidente en su viaje a Estados Unidos, en la que se la incluyó sin previo aviso y con agenda propia apenas unas semanas después de ser nombrada alto directivo del Instituto de Empresa, una entidad privada.

Sánchez se esconde en una Ley de Franco para ocultar como "Secreto de Estado" el gasto público de los viajes de su mujer

El fallo del Consejo, organismo creado para velar por la transparencia de las Administraciones Públicas y garantizar el derecho a saber de los ciudadanos en España, es un varapalo legal y político a la estrategia de Sánchez de no dar explicaciones de sus propios viajes ni de los de su cónyuge, contradiciendo reiteradamente el mensaje que repitió antes de llegar a la Moncloa con una moción de censura y que impuso, como código ético, en el propio PSOE: dar total publicidad a las agendas de los diputados y, entre otros compromisos, prohibir el ejercicio de tareas ajenas a la política que tuvieran remuneración.

Sánchez intentó convertir los gastos de su esposa en "secreto de Estado" con una ley franquista que además no era válida para el caso

En lo primero el líder socialista ha hecho lo imposible por incumplir su propia palabra, con los desplazamientos en el Falcon o en helicóptero incluso a conciertos o fiestas familiares o la negativa a revelar sus ganancias por el célebre libro "Manual de resistencia".

Y en lo segundo, su propia esposa -que no es cargo público pero se introdujo en la expedición como si lo fuera- hace lo opuesto, al ejercer un trabajo para una empresa privada en áreas de cooperación que, curiosamente, coinciden con la agenda presidencial en Nueva York por su visita a Naciones Unidas.

El CTBG afirma por escrito que conocer los gastos no tiene que ver con el dispositivo de seguridad 

El CGTB derribó la estrategia ocultista de Sánchez e impone a Moncloa, literalmente, hacer entrega a este periódico de todos los datos relativos a los actos incluidos en la Agenda Oficial de la visita a Estados Unidos en que “haya participado el cónyuge del Presidente”, así como el importe total de los gastos ocasionados por Begoña Gómez, "incluyendo los importes abonados por el desplazamiento a Estados Unidos, viajes internos , manutención, hospedaje, seguridad , vestuario y cualquiera otro que haya sido abonado con cargo a fondos públicos".

Moncloa "maquilló" un Secreto de Estado para tapar los gastos de Begoña sin ningún acuerdo del Consejo de Ministros

La resolución venció la triple resistencia inicial del Gobierno a actuar con transparencia: primero escondió la presencia de Gómez en la expedición, después la protegió arteramente como "materia clasificada" y finalmente se negó a atender las precisas peticiones de información de este periódico que ahora no le quedará más remedio que asumir.

De esa negativa, que la ley prohíbe, da cuenta el propio CGTB en su contundente resolución, fechada el pasado 5 de febrero, al concluir que "queda manifiestamente claro que la Administración ha incumplido su obligación legal de responder en plazo y no aporta ninguna justificación para que ello haya sido así”.

El reproche incluía una advertencia a Moncloa, al recordar que solo cuando se ha interpuesto una reclamación es cuando el Gobierno responde, algo que es “incompatible con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno y con las garantías debidas en un derecho configurado con carácter amplio y escasos límites”, tal y como concluyó igualmente el Tribunal Supremo.