Los casos de 'okupación' de viviendas han aumentado un 60 por ciento en 5 años

La lacra de la ocupación ilegal: España supera los 40 casos al día

El coronavirus está agudizando el drama de la ocupación ilegal, una lacra social que provoca que cada vez más propietarios decidan no sacar su vivienda al mercado. Según los datos del Ministerio del Interior, durante el primer semestre del año se registraron 7.450 denuncias relacionadas con este delito en España, lo que supone un 5% más respecto al mismo periodo de 2019. Es decir, en la primera mitad del año se registraron más de 40 denuncias al día en España por ocupaciones ilegales.

Casi la mitad de estos procedimientos (3.611) se realizaron en Cataluña. La región es la más afectada por la ocupación ilegal, y triplica los datos de Andalucía, que ocupa la segunda posición en este particular índice. En la actualidad, la okupación constituye un magnífico negocio. Lo es para muchos que la practican y también para las empresas que reciben el encargo de liberar los pisos okupados No obstante, aunque existe desde hace bastantes décadas, únicamente en los últimos años supone una fuente de ingresos para las dos anteriores partes.

Históricamente, la indicada actividad era casi exclusivamente desarrollada por el movimiento okupa. Durante la actual década, el perfil de los okupas cambió. Ya no eran jóvenes rebeldes de extrema izquierda, sino familias que numerosas veces tenían hijos pequeños. La pasada crisis económica hizo que perdieran el empleo y fueran desahuciadas por los bancos. Para evitar vivir en la calle, decidieron okupar pisos vacíos.

Una actividad que antes le parecía reprobable a una mayoría de la población, de repente ésta la veía con simpatía o comprensión. Consideraba que era reparadora de una injusticia, pues nadie vivía en las viviendas ocupadas, pertenecían a las entidades financieras y sus okupantes no disponían del dinero necesario para sufragar un arrendamiento en el mercado libre.

El escaso parque público de viviendas de alquiler impidió a las autoridades municipales y autonómicas realojar a la totalidad de las familias desahuciadas. Para evitar un problema social y político de mayor dimensión, los principales partidos consistieron la okupación de viviendas como nunca antes lo habían hecho. Al no vivir nadie en ellas y ser propiedad de los bancos, les pareció un mal menor.

Uno de los resultados de su cambio de criterio fueron las nuevas instrucciones recibidas por la policía. Debían consentir las okupaciones, siempre que no existiera un mandato judicial que permitiera desalojar a los okupantes o aquéllas afectaran a la vivienda principal de las familias. Aunque el motivo fuera muy diferente, debían dispensar el mismo trato a todas.

Al disponer del consentimiento implícito de los políticos y los agentes de la autoridad, algunos listillos vieron la oportunidad de convertir la okupación en un gran negocio. Una situación a la que también contribuyó la lentitud de los desahucios y su consideración por parte del Código Penal como un delito leve de usurpación, si la vivienda ocupada no constituía la habitual del propietario. La condena impuesta implicaba el pago de una multa irrisoria que generalmente los condenados no procedían a pagar, pues se declaraban insolventes.

Por las razones anteriormente indicadas, la okupación es en la actualidad un problema importante y va serlo aún más en el futuro. Para evitarlo, creo conveniente la realización de cambios legislativos que penalicen en mayor medida la actividad de los okupas, permitan intervenir rápidamente a la policía y otorguen a los propietarios una mayor seguridad jurídica.

En defensa de la propiedad privada

No es admisible seguir jugando a demagogo, como ha venido haciendo buena parte de la izquierda con el problema de la ocupación ilegal. La solución debe ser un reforma legal que facilite una respuesta expeditiva e inmediata

El problema de la ocupación ilegal de viviendas debe encontrar una respuesta definitiva en la legislación y a cargo de los tribunales. Se trata de una ilegalidad en expansión, alimentada durante mucho tiempo por los prejuicios de la izquierda contra la propiedad privada y sobre una visión paupérrima de una España en la que la «gente» duerme en las calles por no tener vivienda. No cabe duda de que habrá casos en los que haya necesidades familiares reales, pero en tales supuestos, la reacción que hay que esperar de un Estado social y de Derecho como el español no es la impunidad ante un acto contrario a la ley, sino una política asistencial. 

La mayoría de los casos de ocupación ilegal de viviendas no hay más que una usurpación gratuita de la propiedad privada a cargo de individuos organizados en mafias, que convierten su voluntad en ley y, además, pretenden hacerla respetable. Mafias que, a su vez, estafan y abusan de aquellos que pagan altísimas cantidades de dinero por un par de metros cuadrados. La propiedad privada debe ser protegida porque es elemento esencial de la convivencia y el bienestar social.

Para lograr este objetivo la sociedad no debe apoyarse en vías alternativas a la ley y los jueces, pero una y otros deben poder responder con eficacia, porque cuando el Estado no cumple con sus obligaciones, el ciudadano buscará quien lo haga en su lugar. La solución debe ser un reforma legal que facilite una respuesta expeditiva e inmediata. Expeditiva, para que el dueño recupere la propiedad con una actuación policial y disuada a otros asaltantes. Inmediata, para que la usurpación no se aproveche de la lentitud de los procesos judiciales. 

Una orden judicial a la Policía, a continuación de la denuncia del propietario, para que proceda al desalojo, en el acto, de los ocupantes ilegales: esta podría ser la base de la reforma legal, acompañada de sanciones al propietario que denunciara en falso para expulsar por las bravas a sus legítimos inquilinos.

No es admisible seguir jugando a demagogo, como ha venido haciendo buena parte de la izquierda con esta ilegalidad, que se ha expandido durante el confinamiento en viviendas de personas que no podían desplazarse. Y da lo mismo que sea primera o segunda vivienda, porque la protección de la propiedad privada es una cuestión de principio para el Estado de Derecho y para el patrimonio de los ciudadanos.