Las irregularidades y facturas falsas detectadas por el Tribunal de Cuentas acorralan a la cúpula de Podemos

Pablo Iglesias y Pablo Echenique, en el Congreso. MARISCAL EFE

El Tribunal de Cuentas ha detectado irregularidades en la contabilidad de Podemos relativa a las elecciones generales del pasado 28 de abril de 2019 (28-A). Concretamente, según expone el organismo fiscalizador, se trataría de 425.000 euros que el partido de Pablo Iglesias no habría justificado correctamente o que, directamente, no tendrían naturaleza electoral pese a que los imputaron como susceptibles de recibir subvención pública durante dicha convocatoria.

Del total, 290.727 euros son los que «no tienen la consideración de gasto electoral» para el Tribunal de Cuentas, que cita el artículo 130 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), donde se establecen las actividades susceptibles de recibir dinero público durante las campañas electorales. Entre ellos se incluyen algunos gastos prohibidos expresamente por la Loreg, además de los contratos firmados con Neurona Consulting, una empresa de comunicación política próxima al chavismo. 

Según el criterio del órgano fiscalizador, Unidas Podemos intentó repercutir como gastos subvencionables varios contratos de asesoramiento y consultoría política, actividades que en ningún caso figuran dentro de los supuestos fijados por la Loreg. La ley determina como gastos imputables al proceso electoral aquellos que van desde las acciones de propaganda o correspondencia electoral, hasta el alquiler de coches, locales para poder celebrar los mítines o la remuneración del personal que los partidos contratan para poder realizar sus actos de campaña.

Otros 133.100 euros se corresponden con facturas que no fueron debidamente justificadas por parte de Podemos y que hacen referencia a varios contrato con los conceptos de «cobertura gráfica y audiovisual» y «spots publicitarios» realizados durante la campaña. El Tribunal de Cuentas considera en su informe fiscalizador que la contabilidad es incorrecta ya que el partido no especifica al detalle ni los actos en los que se requirieron dichos servicios ni los medios humanos o materiales utilizados en los mismos.

Un contrato sospechoso

El Tribunal de Cuentas se detiene, igualmente, en un contrato por valor de 363.000 que le despierta dudas. Durante el proceso de revisión de las cuentas, la institución solicitó al partido de Iglesias que aportara un presupuesto detallado en el que se desglosaran los distintos servicios contratados y se valorara económicamente cada uno de los conceptos de facturación.

«Ante dicha solicitud, la formación envió un contrato de prestación de servicios, por importe de 363.000 euros, firmado electrónicamente por las partes contratantes el 6 de mayo de 2019, habiendo sido emitida la factura correspondiente a dicho contrato el 5 de abril de 2019», explica el organismo fiscalizador. El Tribunal de Cuentas, después de detectar esta anomalía, subraya que dicho contrato no hace una valoración individualizada de los servicios contratos y alerta de que la empresa proveedora de los mismos fue inscrita en el Registro Mercantil sólo unos días antes de sellar el contrato, el día 19 de marzo de 2019. También destaca que el objeto social de dicha empresa «no coincide con las prestaciones contratadas».

Además. dentro la fundación de Podemos, el conocido como Instituto 25M para la Democracia, vulneró la ley al derivar casi 50.000 euros a financiar distintos aspectos de la campaña electoral de la coalición Unidos Podemos en las elecciones generales del 26 de junio de 2016.

La fundación dominada por el partido que dirige Pablo Iglesias destinó 47.304 euros de su presupuesto del año 2016 para financiar parte de la campaña electoral de Unidas Podemos, algo que según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) no puede hacer una entidad de este tipo y así se lo hace ver el Tribunal de Cuentas después de fiscalizar sus balances. 

El abogado purgado de Podemos, José Manuel Calvente, ha denunciado a través de su cuenta de Twitter que este contrato se correspondería con un acuerdo sellado con una empresa de consultoría llamada Neurona, que estaría vinculada con el régimen chavista y a la que Podemos habría recurrido durante la campaña del 28 de abril de 2019.

Al líder de Podemos solamente le queda la Corona para movilizar a los suyos y tratar de salir airoso del tenebroso trimestre que le espera en los tres principales frentes. El malestar en el Gobierno y en la dirección del PSOE con Podemos es máximo. Sus desplantes y ataques de esta semana, que han tenido como objetivo fundamental a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, han sentado muy mal en el Gobierno, en el partido y en el entorno de la número dos de Pedro Sánchez. Fuentes del Ejecutivo y de la dirección socialista entienden que "la sobreactuación" de esta semana y la rebelión republicana puesta en marcha tienen como objetivo "lanzar una gran cortina de humo. 

El vicepresidente del Gobierno no puede adoptar una posición tancredista -algo que tanto criticó en su día a Rajoy- ante las sospechas fundadas que rodean el origen presuntamente irregular de parte de las finanzas de un partido que en apenas seis años ha pasado del activismo callejero en el 15-M a la alfombra del poder. No valen subterfugios ni tampoco desviar la atención arremetiendo contra la Justicia y la prensa. Iglesias está obligado no solo a responder ante los tribunales, sino a ofrecer cumplidas explicaciones a la ciudadanía.