A un paso de ser implantada la ley del embudo

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid, en un auto dictado por el magistrado Alfonso Villagómez Cebrián, ha declarado «nula de pleno derecho» la orden de la consejería de Sanidad publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el pasado miércoles, en la que se imponían nuevas limitaciones sociales y de la actividad económica relacionadas con el Covid-19. Entre ellas la de prohibir fumar en la vía pública y en espacios públicos si no se puede respetar una distancia de 2 metros con las otras personas. 

Una medida que, pese a contar con el acuerdo del Ministerio de Sanidad –tal y como expresó el Ejecutivo regional– para para intentar frenar la expansión de la pandemia no está ajustada a Derecho según el magistrado por no enmarcarse en un estado de alarma ni haber sido publicada previamente en el Boletín Oficial del Estado.

 

El error radica en que en el BOE «no ha aparecido la Orden Ministerial de Sanidad a la que se hace referencia en propia Orden de la Consejería de Sanidad, y sirve de presupuesto para las demás disposiciones autonómicas publicadas, como es el caso de la que ahora se solicita su ratificación». Es decir que la anulación de estas medidas ordenadas por la Comunidad de Madrid se produce porque la «Orden “comunicada” del ministro de Sanidad no ha ganado eficacia y vigencia por no haberse publicado, con la consecuencia trascendental de ser nula de pleno derecho y que, además, no podría ser convalidada». «La aplicación prevalente es disposición básica (no publicada) estatal impide la “convalidación” sobre las disposiciones autonómicas sí, en cambio, legalmente publicadas», matiza.

En este sentido, quedan sin efecto, de forma automática, las limitaciones impuestas por la Consejería de Sanidad sobre el «cierre de discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo»; la reducción del horario de cierre en hostelería, que será «a la 1:00h como máximo, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 00:00h»; o incluso la prohibición de comer en el Metro y en los autobuses interurbanos. Y se ha montado un buen lío.  

A toda prisa la Comunidad de Madrid ha tenido que volverse atrás de unas medidas basadas en este acuerdo, que de golpe podían ser ilegales, con las consiguientes repercusiones sociales y económicas a muchos estamentos y generar un verdadero caos. Ahora fumadores, hosteleros o familiares de ancianos van a quedarse de momento sin ninguna cortapisa. 

Al parecer desde el Gobierno habían decidido no publicar las medidas en el BOE con el fin de evitarse críticas de la opinión pública a pesar de la obligación de cualquier estado democrático que ninguna ley pueda ser aplicada antes de su publicación en el BOE, o diario oficial correspondiente. Ahora juristas de uno y otro sentido están en plena discusión en si esta suspensión es legal. A mi modesto entender un acuerdo nacional es solo cosa de del gobierno o el parlamento de la nación y no puede entrar en vigor sin su publicación en el BOE.  Ahora mismo cada comunidad legisla a su albedrío sin ningún criterio común. Estamos a un paso que en este país se implante la ley del embudo en los 19 estaditos que nos toca soportar

Así que el presidente ha tenido que interrumpir sus vacaciones...