El saqueo de Andalucía 126 - Las exoneraciones de la Junta de Andalucía

La Junta de Andalucía publicó ayer el nombre de las empresas y asociaciones que se beneficiaron de la concesión masiva de las ayudas para la formación de trabajadores, una resolución aprobada en diciembre de 2012 por su Consejería de Empleo que liberó a un millar de entidades de la obligación de justificar el destino de esos fondos. Según el Ejecutivo andaluz, la difusión de estos datos tiene como objetivo frenar informaciones “torticeras” sobre el fraude de los cursos que investiga la UDEF, pero los documentos conocidos este lunes refuerzan las sospechas que ya se cernían sobre la actuación de los diferentes gabinetes socialistas. Estamos hablando de unos 1.000 millones concedidos sin la obligación de justificar su destino solo en el año 2012. Esta cifra podría superar los 2.000 millones si se analizara todo el periodo.

 

Esta resolución del Servicio Andaluz de Empleo no se publicó en su día en el BOJA porque «no es obligatorio». Esa ha sido toda la explicación. Eso sí, ahora la Junta ha decidido darla a conocer para que «no se siga especulando con a quién se le dieron —las ayudas— o se les dejó de dar», se explicaba ayer desde el PSOE andaluz. Desde la Oficina del Portavoz del Gobierno regional se hablaba también ayer de «ejercicio de transparencia» y de que «Susana Díaz ha acabado con esta práctica». Pero todo se ha hecho tras denuncias periodísticas. Por eso ahora. Justo ahora.

 

Estas  exoneraciones venían practicándose desde 2009, por lo que se observa cierto ánimo de ocultación sobre lo ocurrido en los años anteriores.  En total, fueron liberadas de tener que justificar sus subvenciones para seguir optando a otras algo más de 2.000 entidades merced a aquella resolución que permanecía oculta hasta ayer. Se liberó de esa obligación a 466 entidades financiadas en 2009 y a 378 de 2010, además de 1.159 de 2012 (2.895 expedientes en total). Entre ellas, múltiples ayuntamientos, mancomunidades y un sinfín de asociaciones, además de sindicatos y empresas.

Tanto los principales sindicatos como las empresas del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda Avilés, primer alto cargo detenido en el marco de la operación Edu, fueron algunos de los grandes favorecidos por esta medida discrecional de la Junta de Andalucía. Del análisis de esa información del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) publicada ahora permite concluir que la Junta eximió a los dos mayores sindicatos de España, UGT y CCOO, de aclarar el destino de al menos 114 millones de euros en ayudas públicas para la formación de trabajadores, una decisión que les permitió acceder a nuevas subvenciones en posteriores convocatorias.

 

Pese a las reiteradas negativas del Ejecutivo de Susana Díaz, el documento publicado este lunes por la propia Junta demuestra que las empresas, asociaciones y fundaciones del entramado tejido por Ojeda para captar la mayor cuantía posible de ayudas también se habrían beneficiado de esa exoneración masiva. Al menos 44 subvenciones concedidas a diferentes sociedades de la red del exconsejero de Hacienda quedaron liberadas de detallar el uso que había tenido el dinero.

De la dimensión de la maquinaria para repartir dinero público da una somera idea lo que ha ocurrido en la Junta de Andalucía con las exenciones a sociedades, particulares o entes públicos de tener que justificar las ayudas que recibieron. Tan ingente era el número de concesiones pendientes de justificación que la maquinaria burocrática no daba abasto. De ahí que tuvieran que pasar la mano. Aprobado general. Esa, al menos, ha sido la teoría vendida desde la Junta. Pero teniendo en cuenta los apuntes de la Cámara de Cuentas, de la Fiscalía y de la propia Policía Nacional en su investigación sobre las irregularidades en los cursos de formación ocupacional, las explicaciones oficiales deben permanecer en cuarentena.

 

El SAE las ha justificado en «circunstancias de especial interés social» derivadas de los graves problemas de financiación que ha ocasionado la crisis a las entidades beneficiarias para poder afrontar los gastos de la ejecución de los cursos. También explica que se trata de una excepción a la ley general de la Hacienda Pública de Andalucía, que establece que no se puede proponer el pago de subvenciones a personas o entidades beneficiarias que no hayan justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo programa presupuestario de la administración andaluza y de sus agencias. En esta ocasión sí se hizo. Con base legal, por supuesto. Se insistía ayer en que la exoneración «no supone eliminar la obligación de justificación de las ayudas porque sigue vigente esa exigencia y, en esa línea, se están comprobando los expedientes».

 

La Junta de Andalucia ha intentado justificar tal práctica con la excusa que por causa de la crisis no les llegaban puntualmente los fondos desde el Gobierno Central lo que creaba dificultades a empresas y sindicatos a la hora de justificar los gastos realizados.

 

En el caso de UGT, se ha podido comprobar que, en al menos 19 expedientes de concesión de estas ayudas, el sindicato vinculado con el PSOE quedó exento de justificar ante la Administración el manejo de los fondos. Sumadas, todas esas ayudas sin detallar alcanzan los 61.936.000 euros. A esa cantidad hay que añadir además los casi 700.000 euros para cursos que la Junta otorgó al Instituto de Formación y Estudios Sociales, una entidad de la órbita de UGT.

 

En el caso de CCOO, las ayudas públicas para formación que no tuvo que justificar suman en sólo nueve expedientes diferentes un total de 51 millones de euros. Otros cinco expedientes que contienen igualmente subvenciones al sindicato cercano a Izquierda Unida no han podido ser contabilizados. Las adjudicaciones de ayudas afectan a subvenciones para impartir cursos de Formación Profesional para el Empleo. En algunos cursos, como el de atención especializada para enfermos de alzhéimer, contaban con una financiación parcial (del 80%) del Fondo Social Europeo. Para dar esta formación en el año 2009, por ejemplo, el sindicato recibió 3 millones de euros, según consta en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

 

La publicación llega tan sólo una semana después de que el Gobierno andaluz asegurara que no había concedido subvenciones sin justificar al exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda Avilés, detenido y puesto en libertad con cargos en el marco de la operación policial Óscar, una pieza de la operación Edu en la que se investiga la presunta malversación masiva que se habría cometido durante años con los fondos públicos para la formación de trabajadores en las ocho provincias andaluzas.

 

Las cifras son exorbitantes. Sólo 35 de esos 44 expedientes –otros nueve no han podido ser localizados– suman 16,2 millones de euros. El más elevado de todos ellos es una ayuda por valor de 1.941.336 euros concedida en 2011 por la Junta a la Asociación de Apoyo al Medio Ambiente, una de las muchas marcas blancas bajo las que se escondían los tentáculos de Ojeda. La UDEF le acusa de haber captado casi 50 millones de euros en ayudas irregulares.  

 

A la pregunta clave están intentando dar respuesta los juzgados y la Policía, si bien ya se ha producido alguna contundente a tenor de las irregularidades flagrantes en la trama de sociedades y fundaciones del exconsejero Ángel Ojeda, señaladas por la Policía. Varias de sus sociedades están incluidas en la lista de exoneraciones. O sea, que la Junta —gobernada por sus compañeros de partido— le había liberado de tener que justificar ayudas recibidas desde las arcas públicas y sobre las que la Justicia ha puesto la lupa al considerarlas anómalas. Muchos millones fueron desviados. ¿Tiene algo que ver que se ocultara esa resolución con todo el fango detectado por los investigadores?