El saqueo de Andalucía 123 - Griñán, Chaves y otros 7 aforados camino del Tribunal Supremo

Después de más de tres años y medio de instrucción, la juez que investiga el caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, ha elevado este martes al Tribunal Supremo una voluminosa exposición razonada en la que desgrana la causa y detalla los indicios penales que incriminan a siete personas que gozan de fuero por los cargos públicos que ocupan –entre ellos los expresidentes andaluces Manuel Chaves José Antonio Griñán y cinco ex consejeros: Carmen Martínez Aguayo (consejera de Economía entre 2009 y 2013); Manuel Recio (consejero de empleo de 2010 a 2012); Francisco Vallejo (consejero de Innovación de 2004 a 2009); Antonio Ávila (consejero de Presidencia entre 2010 y 2013) y José Antonio Viera (consejero de Empleo entre 200 y 2004). A estos nombres se sumarían, dos aforados más: Gaspar Zarrías, la mano derecha de Chaves, y Mar Moreno, la persona de confianza de Griñán. Zarrías fue consejero de Presidencia entre 1996 y 2009, hasta su marcha, junto a Chaves, a Madrid. Moreno ocupó el mismo cargo a partir de 2010 y hasta 2012.

Nos encontramos ante un caso muy complejo de corrupción con 200 imputados y un fraude de 1200 millones de euros cometido a lo largo de quince años de gestión política diseñada para saquear las arcas públicas. Aunque llevábamos sospechándolo hace tiempo ahora conocemos como el PSOE se ha mantenido en el poder durante tantos años, creando una trama corrupta en connivencia con sindicatos y empresas intermediarias con el objetivo de financiar redes clientelares y nepotistas para tener garantizado el voto.

A la vista de la multitud de indicios recabados, que apuntan a que "la cúpula de la Junta andaluza era conocedora del sistema ilegal con el que se concedían las ayudas" por parte de la Consejería de Empleo, era cuestión de tiempo que el Alto Tribunal tomara cartas en el asunto. Esta encomiable juez de instrucción ha resistido durante todos estos años las más abyectas y poderosas presiones políticas y ha logrado sacar adelante un sumario, que, con 201 imputados, acumula 300.000 folios y analiza 126 expedientes de ayudas de prejubilación (con 582 millones de euros pagados) y 275 subvenciones a empresas (con 127 millones) concedidas entre el 2000 y el 2010, aunque el pasado 15 de julio la juez acordó ampliarlo a las subvenciones del 2011 y del 2012.

La "exposición razonada" que ha remitido Alaya -de vacaciones desde el pasado fin de semana- al Alto Tribunal, junto a 20 de los 80 tomos del sumario (incluye atestados y autos dictados a lo largo de la instrucción), comprende el procedimiento en su conjunto y no sólo la parte referida a los aforados. La magistrada ha optado así por remitir toda la causa al Supremo, en contra del criterio de la Fiscalia Anticorrupcción, lo que no impedirá que prosiga con más citaciones y solicitud de informes. De hecho, Alaya todavía tiene que tomar declaración a los cuatro auditores de la Intervención General del Estado, una prueba que podría ser determinante para la imputación de los aforados.

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La realidad es que si alguien hasta la fecha ha demostrado su independencia a la hora de instruir el mayor caso de corrupción económica de nuestro país, como es el caso de los ERE, esa persona es la juez Alaya. Serán ahora, sin embargo, los magistrados del Supremo los que disiparán la cuestión de si el aforamiento es una prerrogativa procesal sin mayor quebranto para el Derecho o, por el contrario, un despreciable blindaje del que sirve la casta política gracias a la falta de una auténtica separación de poderes.

La catarata de nombres supone que Alaya culpa del escándalo de los ERE a la cúpula de la Junta de Andalucía y del partido en el poder, el PSOE. A falta de conocer en detalle los argumentos de la juez para instar al Supremo a que investigue, de lo que se ha filtrado hasta ahora se deduce que para Alaya fue el Gobierno de Andalucía, al más alto nivel, el que implantó el sistema de entrega de subvenciones sin control, lo que constituye, a su juicio, "una auténtica subversión del ordenamiento jurídico. En el escrito añade que existía una "directriz" para que el sistema se mantuviera a lo largo de los años, independientemente del cambio de nombres en el Ejecutivo andaluz. Tanto a Zarrías como a Moreno, los nombres sorpresa de la juez, les considera responsables de mantener el sistema desde sus cargos.

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El parón informativo del mes de agosto ha hecho que el silencio  de Susana Diaz sea menos elocuente, ella solo ha estado pregonando de una manera abstracta que piensa luchar contra la corrupción cuando los imputados durante años han sido sus compañeros en los distintos estamentos que ha ocupado en la administración andaluza y  especialmente junto a Griñán, su valedor que la nombró para el cargo de Secretaria andaluza del PSOE y Presidenta de Andalucía sin  haber concurrido a ninguna elección.

Otro silencio aún mas clamoroso es el de  Pedro Sánchez que fue elegido hace ya un mes con Secretario General del PSOE. A pesar de su promesa genérica  de luchar contra los corruptos no ha tomado una sola decisión en contra de personajes muy concretos y notorios.  Su flamante número tres Antonio Prada ha declarado que lo que ocurre con Griñán y Chaves es una injusticia. ¿En que quedamos? Aun estamos esperando que digan algo sobre el nuevo fraude de los cursos de formación.

Este silencio interesado o cómplice no podrán mantenerlo a partir de septiembre, el mes en que, previsiblemente, se tomarán las principales decisiones en torno al caso y el secretario general deberá decidir si se presenta como candidato al gobierno. Con estos asuntos Se está jugando su futuro y la desaparición del PSOE al que Podemos ya se lo está comiendo por los pies según las últimas encuestas.

El Tribunal Supremo tiene en este asunto una prueba de fuego definitiva, se podrá comprobar si en los casos de políticos imputados aforados no es mas que una tapadera para proteger su impunidad.