Cursillos de formación - ¿El principio del fin de una merienda de negros?

 

 

Los sucesivos escándalos conocidos sobre los cursos de formación a parados ha dado lugar a que el Gobierno haya tomado cartas en este asunto para cambiar el sistema y ha dictado algunas medidas para liberalizar un sector hasta ahora monopolizado por los sindicatos y la patronal  con los nefastos resultados conocidos por todos, más allá de los bochornosos escándalos de corrupción que han salido a la luz en los últimos meses, especialmente en Andalucía. Pero no ha tomado la única medida posible en este campo

 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la convocatoria para financiar la formación a ocupados de 2014 y el próximo viernes saldrá a la luz la partida de los cursos destinados a jóvenes menores de 30 años. En total, algo más de 180 millones de euros, de los que la mitad estarán abiertos a la libre concurrencia de todo tipo de centros privados, frente al tercio que se repartió en las convocatorias de 2012 y 2013.

 

La convocatoria para 2014 introduce algunas novedades, como la limitación al 50% del pago anticipado de la financiación, de forma que para proceder a los restantes pagos parciales será necesario que las entidades comuniquen los alumnos participantes en los cursos, así como la certificación de que ha ejecutado la subvención concedida. Sindicatos y patronales competirán con otras entidades por la adjudicación de los fondos y, además, no formarán parte del órgano colegiado que evaluará las solicitudes.

 

La subcontratación también queda limitada al 50%, aplicable a la cuantía que corresponda a cada una de las entidades beneficiarias de la subvención. Mediante esta convocatoria no se financiarán planes formativos que se hayan empezado a impartir antes de la concesión de las ayudas.por primera vez. La propia ministra Bañez ha avanzado que el 100% será liberalizada a libre concurrencia para el próximo año 2015. Además patronal y sindicatos no serán miembros del órgano que adjudica las ayudas a las que ellos mismos optan.

 

Al mismo tiempo desde la Junta de Andalucía finalmente se ha dictado normas limitando la concesión de ayudas en este sentido para que quienes hasta ahora han hecho de la formación para desempleados como la fuente de la financiación del sindicato o patronal hasta ahora fuera del control de quien otorga estas ayudas.

 

Cabe señalar que el presupuesto destinado a formación laboral ronda los 2.000 millones de euros que hasta ahora han estado fuera del control de quien los otorga, y no los escasos 180 millones a los que se refiere el anuncio de hoy, con lo que la pretendida competencia es, en realidad, muy limitada o sea no se corta de cuajo algo que ha sido en estos últimos años lo que es un foco de corrupción que en el caso de se lleguen a realizar, se realizan a veces con medios improvisados y sin unos planes que permitan la verdadera reinserción de estos alumnos a un puesto de trabajo.

 

Mientras no se llegue a la verdadera liberalización total de esta sector que podría realizarse mediante un cheque para la formación que el alumno podría obtener de acuerdo con su situación particular y después de demostrar su aprovechamiento con un sistema parecido al que se está aplicando con éxito en Dinamarca con sus planes de flexiseguridad es un buen ejemplo de ello.

 

La enorme libertad de la que disfruta su mercado laboral se combina con una elevada protección social en caso de paro, que, sin embargo, conlleva una serie de obligaciones para los beneficiarios, como el seguimiento de un itinerario personalizado para buscar empleo, la realización de cursos obligatorios y, en última instancia, la aceptación de los puestos ofrecidos por las agencias para lograr una ágil y eficaz reincorporación al mercado de trabajo. Es decir, un sistema en el que, gracias a la gestión privada de los servicios de formación y colocación, se incentiva la capacitación y empleabilidad del conjunto de los trabajadores y, muy especialmente, de los parados.

 

Justo lo contrario de lo que sucede en España, donde los Servicios Públicos de Empleo son meros administradores de prestaciones públicas, con nula capacidad para ofertar puestos de trabajo, y los cursillos de formación son una completa pérdida de tiempo y dinero para mejorar las habilidades en materia laboral, además de constituir un caldo de cultivo idóneo para el fraude, la financiación ilegal y el enriquecimiento ilícito de patronales, sindicatos y políticos.