El saqueo de Andalucia 99 – Maleni la Ideóloga de los ERE.

La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza por responsabilidad civil de 29.568.129 euros a la ex ministra y ex consejera andaluza Magdalena Álvarez como una de las artífices de un sistema ilegal de ayudas que perduró más de una década. La juez ha calculado esa cifra "grosso modo" teniendo en cuenta las ayudas concedidas hasta el 31 de diciembre de 2003 y puesto que Álvarez ocupó el cargo de consejera de Economía de la Junta de Andalucía hasta febrero de 2004.

Alaya la considera artífice, "en connivencia con otros", de un "procedimiento ilegal de concesión de subvenciones" que se prolongó entre 2000 y 2011. La juez imputa a Álvarez por malversación y prevaricación, cargos que la ex ministra ya negó el pasado 8 de octubre ante la magistrada, ante quien defendió que no conoció los "reparos" de la Intervención General de la Junta andaluza sobre el procedimiento de concesión de ayudas. En aquel momento ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Junta de Andalucía habían pedido medidas contra ella. La acusación ejercida por el PP dejó que la juez determinase la fianza real y la organización Manos Limpias pidió 125 millones más el tercio legal por responsabilidad civil.

Alaya considera a la ex ministra "una de las promotoras, en connivencia con otros" del sistema de pagos de los ERE, un procedimiento de concesión de ayudas con cargo a una partida presupuestaria que, según la magistrada, carecía de control y favorecía su concesión discrecional. Esta partida llegó a sumar 721 millones, de los que están en cuestión una cuarta parte.

Empleo era responsable del uso del fondo, por lo que también están imputados los ex consejeros Antonio Fernández y su antecesor y diputado José Antonio Viera. No obstante, la juez atribuye a Álvarez haber eludido "los férreos requisitos legales de tramitación y fiscalización" establecidos para las subvenciones "puesta de acuerdo con otros (...) y a sabiendas de su absoluta discrecionalidad y de forma totalmente opaca". Del mismo modo, también atribuye a la ex ministra haber autorizado siete modificaciones presupuestarias por importe de 93 millones y otras cinco por 32 millones.

En el auto de hoy mismo, la juez cuantifica las ayudas abonadas hasta el 31 de diciembre de 2003  en más de 177 millones de euros y asegura que las medidas cautelares impuestas tienen la finalidad de "la devolución en la medida de lo posible del dinero que de manera indiciariamente ilícita ha salido del erario de la Junta de Andalucía".

Por haber estado largo tiempo en sus responsabilidades en la Consejería de Economía y Hacienda, Álvarez junto con otros serían promotores del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones socio-laborales que se instaurarían en la administración autonómica desde el año 2000 y que perduraría hasta el 2011.  La finalidad del mismo sería  "financiar operaciones genéricas de los entes o empresas públicas".

De esa forma, "no se tramitaban por esta expedientes de subvenciones sino expedientes de transferencias de financiación al IFA con vulneración flagrante del procedimiento legalmente establecido, eludiendo los férreos requisitos legales de tramitación y fiscalización propios de las subvenciones públicas, mientras que para la tramitación del expediente de transferencia de financiación solo era necesario comprobar la existencia de crédito suficiente  y adecuado y emitir la orden de traspaso de pagos al IFA en virtud de un calendario de pagos autorizado por la Dirección General de la Tesorería, basándose en estos solos extremos la fiscalización del expediente".

Tanto Magdalena Álvarez como José Salgueiro, vice consejero y Antonio Estepa, secretario general técnico, a los que impone  22 y casi 9 millones de fianza respectivamente, participaron en ese uso ilegal de fondos púbicos "a sabiendas de que la concesión de subvenciones se concedería con absoluta discrecionalidad y de forma totalmente opaca".

El resultado de su comportamiento durante estos años fueron unas leyes de presupuesto "frontalmente contrarias a gran parte del ordenamiento jurídico a la constitución española y al Estatuto de autonomía, además de a varias leyes autonómicas".

Son palabras mayores, y puesto que la ex ministra es actualmente una de las más altas representantes de España en la UE por lo que lleva directamente a la dimisión de su cargo o su destitución. Cuando Alaya la señaló en el caso de los EREs, el Banco Europeo de Inversiones ya había estudiado la conveniencia de relevar a Álvarez de sus funciones.

Corría el mes de octubre de 2013 y entonces el ministro Luis de Guindos dijo al respecto: "Hay un código de conducta -en alusión al BEI- que se tiene que cumplir por todos los empleados; es un puesto muy importante para España y el Gobierno, en función de las conclusiones de ese informe, tomará su posición".