El saqueo de Andalucia 78 - Responsabilidades subsidiarias

La juez instructora de los ERE, Mercedes Alaya, ha abierto el melón de las responsabilidades de lo que hacen los dirigentes de sindicatos y partidos políticos al imponer una fianza civil de 251.041 euros al dirigente de UGT Salvador Mera y de 471.352 euros al de CCOO Roberto Carmona, en sendos autos en los que decreta la responsabilidad subsidiaria de sus sindicatos. La juez Mercedes Alaya, en dos autos, acuerda además la "prohibición absoluta" de que ambos salgan de España, para lo cual deberán depositar su pasaporte, así como presentarse en el juzgado dos veces al mes.

La fianza de responsabilidad civil equivale a la presunta petición que hicieron al dueño de la aseguradora Uniter, José González Mata, durante las negociaciones del ERE de la Faja Pirítica de Huelva, y se ha establecido tras la declaración que prestaron como imputados el pasado jueves. En su auto, Alaya afirma que Mera, como secretario general de UGT en Cádiz, y Carmona, como secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO en Andalucía, pidieron a González Mata que les hiciera entrega de ciertas sumas de dinero.

Ambos hicieron su solicitud "a sabiendas de que las comisiones de las mediadoras procedían de fondos públicos" y afirmaron que ese pago debía "paliar los gastos que, según decían, habían tenido los sindicatos con motivo del proceso de la Faja Pirítica de Huelva". Según la juez, la realidad es que "ninguno de esos conceptos respondía a gastos necesarios soportados realmente" y González Mata "admite dicha reclamación para retribuir el papel de los sindicatos como facilitadores del proceso, pues conocía las consecuencias de lo contrario".

Comisiones cobradas por partida doble

Los sindicalistas llegaron al acuerdo de que cada uno percibiría 180.000 euros, aunque según las cantidades realmente percibidas, incrementadas en el tercio que prevé la ley, la fianza civil queda fijada en 251.041 euros para UGT y 471.352 para CCOO. En el caso de UGT, Mera pidió que el pago se efectuase a través de la sociedad mercantil Temiqui, propiedad del sindicato.

Alaya recuerda que UGT y CCOO cobraron de Uniter, de acuerdo con lo investigado hasta ahora, 3.253.031 euros, y de la mediadora Vitalia, 4.251.384 euros a lo largo de la década pasada, lo que hace un total de 7.648.815 euros, según consta en el auto. Se trataba de comisiones que a veces "se cobraban doblemente, en Madrid y Andalucía", como sucedió con CCOO en la empresa Delphi, afirma el auto. Añade que se trataba de "comisiones a veces altísimas, según la documentación recabada", en alguna ocasión de hasta un 200 % por encima de la media de mercado.

Los autos les imputan un delito de malversación de caudales públicos y dada "la extraordinaria gravedad de los hechos que se le imputan, las penas elevadas a las que podría enfrentarse y la compleja instrucción que se está llevando a cabo", así como la posibilidad de que aparezcan nuevos actos delictivos imputables a los acusados, la juez acuerda respecto a ellos una serie de medidas restrictivas. Así, les impone la obligación de personarse en el juzgado dos veces al mes, la "prohibición absoluta" de salir de España y la obligación de depositar su pasaporte. También acuerda la responsabilidad subsidiaria de sus respectivos sindicatos a la hora de hacer frente a la fianza civil.

La semana pasada 200 militantes de UGT y CCOO estuvieron durante todo un día concentrados a la puerta del Juzgado de la Sra. Alaya con el fin de intentar coaccionarla en su decisión mientras estaban declarando los compañeros Mera y Carmona, después se fueron a comer una mariscada. Les sugiero que en la próxima manifestación pasen el sombrero a los participantes si realmente desean ayudar a estos compañeros, O bien a estos sindicalistas les tocará reducir el número de mariscadas a cuenta de sindicato, para poder pagar por la responsabilidad subsidiaria a que han sido ahora condenados.