Caso Del Rio – Una cosa es acatar y otra ejecutar

Parece que el gobierno estaba esperando la sentencia de Estrasburgo sobre el recurso de  la etarra criminal Inés del Rio que mató a 24 personas y que ahora en función de la sentencia parece que saldrá en libertad de manera inmediata tras 26 años de cumplimiento de pena de cárcel. Asi se va a ahorrar cuatro años mas hasta los 30 por una sentencia, yo creo magnánima, que contemplaba nuestra legislación.

Parece que el Gobierno de Rajoy ya tenía asumido el resultado y no va a hacer nada salvo abrirle a ella y a los 130  más peligrosos etarras y criminales de todo tipo. Ha bajado los brazos en lo que debería ser su deber, defendernos de los criminales. Ni siquiera acudió nadie a Estrasburgo a recoger la sentencia. Ahora ni siquiera cabe resistirse a ejecutar esta sentencia en la medida de lo posible y hay antecedentes. ¿Quién tiene tanta prisa para que salga a la calle esta criminal?

Pero lo que no se dice es que una cosa es acatar y otra ejecutar una sentencia  del Tribunal de los Derechos Humanos que no es un tribunal de casación sino un marco de referencia al que los distintos gobiernos acatan pero no siempre ejecutan sus dictámenes. Suecia y el Reino Unido  han sido un ejemplo en distintas ocasiones, pero aquí está pendiente una sentencia de hace un año ilegalizando Bildu, Sortu y todas las franquicias de Batasuna y el gobierno no se ha atrevido a ejecutar.

España debe acatar la sentencia y hacer lo que, de buena fe, el ordenamiento jurídico español permita para dar cumplimiento a la misma. Ahora bien, un examen del ordenamiento jurídico español revela, claramente, que las sentencias del TEDH no son ejecutivas en nuestro ordenamiento. Conviene saber que no son ejecutivas en casi ningún ordenamiento de los Estados miembros del Consejo de Europa. El TEDH fue ratificado por España el 26 de septiembre de 1979 mediante el procedimiento previsto en el artículo 94.1 de la Constitución. No se utilizó el procedimiento previsto en el artículo 93 de la Constitución que permite transferir a una organización internacional (el Consejo de Europa) "el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución". En consecuencia, no se transfirió ninguna competencia de las que la Constitución establece para anular sentencias o leyes.

Porque aquí tenemos a los amigos de estos criminales sentados en las instituciones, sean ayuntamientos, diputaciones o el Congreso de los diputados y se permiten el lujo de decirnos que es lo bueno y que lo malo a través de estas instituciones, cuando si el Gobierno de Rajoy hubiera ejecutado esta sentencia, estarían todos ellos fuera de las instituciones. Cualquier día podríamos ver a esta alimaña sentada como diputada en el Congreso de los Diputados.

Ahora esta criminal va a ser ensalzada por el País Vasco como un héroe ante el asombro de sus víctimas cuyos derechos sean humanos o no, han sido constantemente pisoteados por los sucesivos gobiernos de Zapatero y ahora de Rajoy.

Dicen que van a mirar con lupa aquellos que se acojan a esta sentencia, permitan que no me lo crea. Se han dado mucha prisa por ejecutar una sentencia, lo nunca visto. En cambio el gobierno ha desperdiciado cualquier ocasión para poner en vereda a estos “patriotas” (ahí están Bolinaga, De Juana Chaos y otros más) que si han estado vejando durante años los derechos humanos del resto de los españoles. Encima ahora saldrá de la cárcel y cuando llegue a su pueblo toda la chusma proetarra lo van a celebrar con champán. Dan ganas de llorar.