Infanta Cristina - Agencia inmobiliaria

 

Ahora el juez Castro tiene encima su mesa los datos necesarios para demostrar a la Audiencia Provincial de Palma que la justicia es igual para todos los españoles.

La infanta Cristina firmó un contrato de alquiler en el que ella misma era arrendataria y arrendadora para generar gastos falsos de Aizoon y desviar fondos públicos de Nóos. Así figura en una inspección que la Agencia Tributaria ha aportado al juez del 'caso Nóos' y que publica este lunes El Mundo. Con estos nuevos datos sobre la mesa, el juez instructor del caso tendrá que decidir si vuelve a citar como imputada a la infanta.

La burda maniobra de la Infanta consistió en girar a Aizoon una factura de 3.828 euros por el alquiler del palacete familiar, para posteriormente camuflar ese pago ante Hacienda como si fuera un gasto de su propia empresa. Pero la Agencia Tributaria advirtió el engaño y no admitió la factura, tal y como aparece consignado en el último informe remitido al juez Castro, fechado el pasado 27 de agosto y referido a la liquidación del impuesto de sociedades de Aizoon correspondiente a los ejercicios de 2009 y 2010.

Según lo publicado por el diario, la hija del rey firmó un contrato fraudulento junto a Urdangarín para hacer creer a Hacienda que el palacete de Pedralbes, residencia de los duques de Palma, era sede de las oficinas de Aizoon, la sociedad que comparten la infanta Cristina y su marido. Según este acuerdo, se pagaban a sí mismos 12.000 euros al año durante un plazo de cinco años, además de una fianza de 2.000 euros en metálico.

Con esta pirueta fiscal, explica el rotativo, los duques pagaban menos impuestos al reducir los beneficios declarados por la empresa y, además, desviaban a sus bolsillos dinero público del Instituto Nóos. El documento presentado por la Agencia Tributaria al juez Castro demostraría la presunta implicación de Cristina de Borbón en el 'caso Nóos' y podría servir para desmontar los argumentos con los que Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la propia Agencia Tributaria defendían que se anulara la imputación de la infanta.

Ese mismo informe revela que los duques de Palma también intentaron colar como gastos de Aizoon otras muchas facturas de carácter personal. Por ejemplo, 15.763 euros en 2009 y otros 14.176 un año después por el renting de una furgoneta familiar Mercedes Viano; 5.242 euros en concepto de "bodega vinos"; 4.591 euros por "productos alimenticios, pasteles y restaurantes", y 3.828 euros más que Urdangarin giró a Aizoon también por el alquiler del palacete de Pedralbes. En todas esas facturas Hacienda hizo constar "no admitido".

La Agencia Tributaria, además, avisa a Castro de que "pudieran existir" otras compras y gastos declarados por Aizoon "que no consten en el modelo 347 por no llegar al mínimo requerido". Los modelos 347 reflejan todos los pagos y cobros en efectivo que superen los 3.000 euros, por lo que Hacienda insinúa que los duques de Palma pudieron justificar como gastos de su empresa cantidades que nada tienen que ver con la actividad de la misma. El informe añade que "hay que advertir de la provisionalidad del sucinto comentario que se efectúa de los distintos gastos, habida cuenta de que no se ha podido realizar una comprobación más cumplida por falta de la documentación necesaria".

 El pasado mes de mayo, se suspendió dicha imputación al considerarse que la duquesa de Palma no podía considerarse cooperadora "por el solo hecho de ser socio no administrador de una sociedad". Hace apenas dos semanas, se conocía también que los duques utilizaban las cuentas de Aizoon para sus gastos personales. La infanta y su marido pagaron safaris, vino, clases particulares, hoteles y cenas a través de su sociedad y lo declararon como rendimiento de la empresa.

Con estos nuevos datos sobre la mesa, el juez instructor del caso tendrá que decidir si vuelve a citar como imputada a la infanta por delito fiscal y blanqueo de capitales.