El 'regalo' del PSOE a Florentino Pérez a cargo del ciudadano

El Confidencial

José Manuel Soria estaba preocupado. Los movimientos sísmicos que empezaron en Vinaroz en septiembre habían disparado su intensidad. Así que decidió descolgar el teléfono y llamar en primera persona al presidente de ACS, Florentino Pérez, que controla el proyecto Castor, el depósito de gas que aparentemente está detrás del suceso. Quería respuestas. “Yo no sé qué está pasando, pero mis técnicos me dicen que es normal”, vino a responder el empresario, según cuentan fuentes oficiales al más alto nivel. Una contestación que nunca puede convencer a un político, animal capaz de detectar a la legua cualquier atisbo de alarma social. Vive de los votos. La iniciativa parece condenada incluso antes de nacer.

Mas allá del mensaje público, la reflexión que se hace en Industria sotto vocees clara. Castor constituye un derroche innecesario, con evidente impacto medioambiental y un foco de pánico social. Fuentes del propio departamento de José Manuel Soria admiten en privado que se trata de un proyecto “innecesario y faraónico”, que nunca debió contemplarse en la planificación energética. Una reflexión que apunta a que pasará tiempo -y se necesitará mucha voluntad política- para reactivarlo. No es casualidad que el Ministerio estableciera de forma inmediata la correlación entre la inyección de gas y los terremotos, aún sin evidencias científicas.

 “Claro que era innecesario. Se está argumentando que es imprescindible como refuerzo al sistema gasista, pero no es cierto -explica un exalto cargo de la Administración, con capacidad de actuación sobre el proyecto en el pasado-. España llegó tarde a montar su sistema, pero lo ha hecho muy bien y se ha beneficiado de las mejoras tecnológicas. Con la criogenización del gas, los metaneros y, en esencia, con las plantas de regasificación, no hace falta tanto almacenamiento. Las recomendaciones de la Unión Europea sobre los días de suministro que hay que almacenar, ya sean 30 o 40, son sólo recomendaciones”.

Pero es que además de prescindible, Castor -en manos de Escal UGS, sociedad participada en un 66,67% por ACS- ha supuesto un auténtico pozo sin fondo desde el punto de vista económico. Según las cuentas de la compañía gestora, el proyecto ya costaba 1.193,5 millones de euros a 31 de diciembre de 2011, nada menos que un 89,54% por encima del coste inicial previsto. Más inquietante, el Ministerio de Industria cuenta a quien quiere escucharle que se ha disparado hasta los 1.700 millones. Todo un ejemplo emblemático de los modificados que han hecho de oro a las constructoras al calor de las vacas gordas.


Pagamos todos

Un dinero que será sufragado por los usuarios del gas a través de la tarifa. Como explican fuentes del sector, Castor recibirá fondos anuales por diferentes vías. En primer lugar, como retribución financiera y por amortización de la inversión, se embolsará en torno a 180 millones de euros al año. Además, para pagar la operación/explotación del almacenamiento y sufragar el gas colchón percibirá unos 70 millones adicionales. En total, 250 millones de euros por ejercicio. Unos fondos que, como costes del sistema, se incluyen en el recibo y deben compensarse vía ingresos para no incurrir en déficit, un desequilibrio que ha terminado por colapsar el sistema eléctrico y que empieza a tocar de lleno al gas.

¿Y si se para la instalación? “Se podrían ahorrar los 70 millones vinculados a la operación del depósitos, pero el resto habría que abonarlos. Si la compañía estaba ya inyectando el gas colchón es porque estaba operativa, de eso no hay duda”, añaden estas fuentes. En efecto, el almacenamiento tiene acta de puesta en funcionamiento provisional desde el segundo semestre de 2012. Dicho de otro modo, el Gobierno –y los consumidores- sólo lograrían evitarse el impacto de esa instalación en los recibos del gas si puede demostrarse que ha existido una negligencia grave en el proceso de puesta en marcha. Un camino que podría derivar en una a priori improbable judicialización del conflicto, con los seguros también en liza.

 La concesión de explotación de Castor durante 30 años -prorrogable en dos periodos de 10 años- tuvo lugar mediante real decreto en mayo de 2008, recién llegado Miguel Sebastián al Ministerio de Industria. El proyecto se clasificó como urgente dentro de la planificación energética 2005-2011. No fue la única vez que las cosas le fueron bien a Florentino Pérez en la era socialista. No en vano el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero aprobaba a mediados de 2010 una polémica enmienda –bautizada con el nombre del presidente de ACS- en que ponía fin a la limitación de los derechos de voto en las juntas de accionistas de las sociedades cotizadas, lo que facilita el asalto a Iberdrola, ahora frustrado, del presidente del Real Madrid.


Bancos, auditoras y dinero en el aire

La situación que se ha generado con los seísmos tendrá consecuencias financieras fuera de nuestras fronteras. La construcción del gaseoducto submarino se hizo en principio gracias a un préstamo sindicado concedido por Banesto en julio de 2010 por 1.285 millones. La filial de Banco Santander invitó a participar en la línea de financiación al propio Santander, a Bankia, a Crédit Agricole y a Société Générale, bancos todos ellos de cabecera de ACS. El tipo de interés se fijó en Euribor más 300 puntos básicos.

Un préstamo de cobro seguro porque Castor estaba contemplado como una actividad regulada por el Ministerio de Industria, por lo que la rentabilidad estaba garantizada. Sin embargo, los cambios regulatorios introducidos por el Gobierno en 2011 y 2012 llevaron a Deloitte, el auditor de Escal UGS, a advertir que dichas modificaciones afectaban, “fundamentalmente, al régimen económico y a los cánones de la concesión”, lo que se traducía en “una alteración de las condiciones retributivas del proyecto, impactando, asimismo, en las condiciones de financiación asumidas”.

Un aviso a navegantes de Deloitte que obligó a ACS a hacer una revaluación del proyecto y del contrato concesional, “por lo que existe una incertidumbre en relación con el posible impacto de estas circunstancias sobre el mismo y sobre las operaciones de la sociedad”. Un toque de atención que no impidió que la promotora del almacén subterráneo saliera este verano al mercado a lanzar una emisión de bonos con garantía del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para sustituir al préstamo sindicado concedido por Banesto tres años antes.

La colocación por 1.400 millones fue un éxito. Los bonos a 21,5 años y un cupón del 5,756% fueron comprados en una amplia mayoría por inversores institucionales extranjeros, principalmente fondos de infraestructuras, fondos de pensiones y aseguradoras. Ahora, esos fondos están pendientes de la resolución del conflicto porque pueden perder gran parte del dinero. La emisión no cotiza todavía en los mercados de valores porque ninguno se ha atrevido a poner a la venta su participación a la espera de una solución.

La garantía inicial del BEI asciende a 200 millones, un 14% del total. El organismo internacional también asumió su parte de riesgo porque compró bonos de Escal UGS por 300 millones. Una adquisición que hizo con fondos del presupuesto de la Unión Europea mediante la reubicación de partidas de programas existentes. La venta de los bonos la hicieron Santander, Caixabank, Bankia, Natixis, BNP Paribas, Calyon y Société Générale, entidades todas ellas muy próximas a ACS y a sus accionistas históricos, como el propio Florentino Pérez, los Albertos y los Fluxá.