La Caixa de la Solidaritat independentista da signos de agotamiento

El expresidente catalán Artur Mas | Cordon Press

La Caixa de la Solidaritat ha ingresado 800.000 euros de los 4,1 millones que reclama el Tribunal de Cuentas a Puigdemont, Junqueras y 32 altos cargos. Llamada desesperada del separatismo para pagar la última fianza del golpe.

Las fianzas del Tribunal de Cuentas se han revelado como uno de los elementos más dañinos para el separatismo. Artur Mas y los consejeros condenados por el referéndum del 9-N de 2014 (el banco de pruebas del golpe de Estado de octubre de 2017) todavía se quejan de las multas y fianzas impuestas por dicho tribunal mientras que los implicados en el 1-O recurren de nuevo a la solidaridad de las bases independentistas para hacer frente al pago de 4,1 millones de euros, la última reclamación por el golpe.

Tienen de plazo hasta el lunes y sólo han conseguido recaudar 800.000 euros. No ha funcionado el cuento de la lechera. Puigdemont pedía dos euros a cada uno de los votantes del referéndum ilegal, pero el independentismo muestra síntomas de agotamiento financiero. Demasiadas peticiones, primero de Mas y luego de Junqueras y Puigdemont. Y no solo para abogados, multas y fianzas, sino para la Casa de la República (la mansión de Waterloo), el Consell per la República y la Crida per la República.

Los responsables de la "caja de solidaridad", los expresidentes del parlamento regional Núria de Gispert y Ernest Benach, suplican al independentismo que haga frente a la nueva fianza porque de lo contrario se embargarán bienes e incluso sueldos, matizan, no sólo de Puigdemont, Junqueras y sus consejeros, sino también de altos cargos de la Generalidad, como algunos secretarios generales o la interventora de la administración autonómica.

La situación es desesperada, según han alertado ambos personajes en El Nacional, el digital independentista del exdirector de La Vanguardia José Antich. Según las cuentas de De Gispert y Benach, la "caja de solidaridad" ha aportado hasta el momento 13,2 millones de euros en fianzas, 262.500 euros en abogados para particulares que no disponían de asistencia letrada y 124.600 en multas. Según los promotores de esta caja, además de sufragar gastos judiciales a los cargos políticos también se ha ayudado a unas 246 personas anónimas que se han visto afectada por lo que llaman "represión judicial".

La Caixa de la Solidaritat rechaza pagar la fianza al exconseller Vila

Santi Vila, a la derecha, entrando en el juzgado oscense junto con su abogado (ACN)

El juez exige 216.000 € para no devolver los bienes de Lleida a Sijena

La Caixa de la Solidaritat, ha rechazado hacerse cargo de la reclamación que el juzgado de instrucción de Huesca ha solicitado al exconseller de Cultura Santi Vila, a pesar de que sí que habría pagado la fianza del también exconseller Lluís Puig, imputado en la misma causa. Puigdemont pidió a la Caixa de la Solidaritat que pagara la fianza a los exconsellers Vila i Puig

El pasado 5 de diciembre la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca dictó apertura de juicio oral contra Santi Vila y su sucesor Lluís Puig por no haber entregado a Aragón las 44 obras de arte de Sijena que se encontraban en el Museu de Lleida a pesar de la orden judicial. Les imponía unas fianzas de 216.000 y 88.000 euros, respectivamente, por posibles responsabilidades, y las tenían que abonar un día después. Santi Vila presentó un escrito pidiendo un mes más para poder pagar la fianza y la juez solicitó informe al fiscal. No ha habido una respuesta todavía, pero si la resolución es negativa Santi Vila ya ha reconocido que se verá obligado a embargar su piso de Figueres. Y si bien el juicio oral está previsto que se inicie dentro de poco más de un mes, es posible que los recursos posteriores lleven la demanda al Supremo y la sentencia definitiva pueda retrasar hasta dos años.

El expresidente Carles Puigdemont hizo un tuit donde reconocía que Santi Vila y Lluís Puig “ cumplieron fielmente, como consellers de cultura, mis órdenes de proteger y defender el patrimonio catalán” y agradecía a la Caixa de la Solidaritat “que ayude a los dos”. Pero esta entidad, creada en mayo del 2017 por la ANC y Òmnium Cultural, anunció que lo tenía que estudiar porque “somos conscientes de que el caso es controvertido”. Y finalmente este jueves pasado lo rechazaba, en el caso de Vila, a través de otro tuit: “Si bien hay razones a favor relativas a los hechos juzgados, hay otras en contra, relativas a la actuación global de Santi Vila”.

Inicialmente parecía que sería la Generalitat la que se haría cargo de la fianza, directamente o a través del seguro que tiene contratado por responsabilidad civil, pero tampoco lo ha hecho. Santi Vila ha mostrado su sorpresa “porque los servicios jurídicos tanto de Cultura como de Presidència consideraron que las actuaciones estaban ajustadas a derecho” y considera que eso deja en una indefensión total a funcionarios y cargos políticos. También le extraña que las entidades que empujaron para que no se entregaran las obras del museo de Lleida “ahora no tengan nada que decir”. Que no se extrañe Santi Vila, después de su marcha atrás, para la "familia" separatista, ha dejado de existir, y mas si ya no queda pasta en la caja. Con lo de Torra, se avecinan nuevos desembolsos,