El tribunal fija en 5,4 millones de euros la responsabilidad contable por promocionar el 1-O en el exterior

 Oriol Junqueras y Carles Puigdemont. Foto: Europa Press

El Tribunal de Cuentas reclama 1,9 millones a Junqueras y Puigdemont por promover el golpe en el extranjero. Sus bienes será embargados si no depositan la cantidad reclamada a modo de fianza

El Tribunal de Cuentas ha fijado en 1,9 millones de euros la responsabilidad contable de Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat, y Oriol Junqueras, ex vicepresidente, por el desvío de fondos públicos para promover el golpe separatista en el extranjero a través de las ‘embajadas’ catalanas y el Diplocat (Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña). Casi dos millones de euros cada uno que se han notificado este martes a sus abogados en un documento de 504 páginas que también afecta al ex presidente Artur Mas (2,8 millones), a los indultados Raül Romeva, Jordi Turull y a otros 37 altos cargos de la Generalitat desde 2012.

La liquidación provisional que a todos ellos se les ha notificado asciende a 5,4 millones de euros. Cantidad en la que, por ejemplo, figuran 317.790 euros por viajes al exterior del expresidente Puigdemont y sus consellers, así como 27.189 euros por actividades relacionadas con el proceso de autodeterminación, más 3.863 euros de un «encuentro de delegados» y 21.175 euros por el concepto «contratos».

El Tribunal de Cuentas reclama cantidades individuales a cada uno de los 42 altos cargos, si bien todos ellos deberán responder al total de forma solidaria, según su grado de participación en los hechos investigados. Sólo el depósito de los 5,4 millones evitará el embargo de sus bienes a Junqueras, Puigdemont y compañía, por lo que la denominada ‘caja de resistencia’ del separatismo deberá trabajar a destajo en los próximos días para recaudar tal cantidad de dinero.

Esta cantidad se suma a los 4,1 millones de euros que el tribunal que vela por la transparencia de las cuentas públicas calculó que costó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, importe que fue garantizado en febrero de ese año como fianza para evitar el embargo de bienes, pero no para el pago y satisfacción definitiva de responsabilidades contables.

Piedras en el camino

Las cantidades millonarias a las que deben hacer frente los líderes del proceso separatista se han convertido en «piedras en el camino», según expresión del ministro José Luis Ábalos, para el proyecto de concordia y reconciliación que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió acometer con la concesión de los indultos. Y la opinión del ministro socialista es compartida también por los socios de la coalición gubernamental. «Creo que la tarea del Ejecutivo es ir desbrozando las diferentes piedras del camino que nos vamos a encontrar», defiende Irene Montero.

De ahí que, una vez apartado el Tribunal Supremo del camino con la concesión de unos indultos que anula de facto la sentencia dictada por unanimidad, anular al Tribunal de Cuentas se haya convertido en el nuevo objetivo del separatismo. Puigdemont tacha al tribunal fiscalizador de «inquisición española» y el asunto estará sobre la mesa de la primera reunión que este martes tendrá Sánchez con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en la Moncloa.

Durante el homenaje institucional que ayer ofreció a los nueve indultados en el Palau de la Generalitat, Aragonès exigió que se acabe «de una vez por todas» la ofensiva judicial contra el movimiento separatista y la «ofensiva del Tribunal de Cuentas», que afecta a «centenares de personas en diferentes causas».

La comunicación del Tribunal de Cuentas que han recibido hoy los líderes del independentismo no dirime si existe o no responsabilidad contable, que en su caso se determinará en un proceso jurisdiccional posterior, una vez los abogados de los encausados hayan presentado sus alegaciones.

El objetivo del enjuiciamiento contable es obtener el reintegro de los fondos públicos por la cuantía del perjuicio sufrido, más los correspondientes intereses de demora. Por lo tanto, no es una responsabilidad sancionadora, sino reparatoria.