350 mossos separatistas investigados por su comportamiento el 1-O

La Audiencia Nacional ha ordenado a los Mossos d’Esquadra que identifiquen a todos los policías que intervinieron en el dispositivo para impedir la celebración del referéndum del 1 de octubre. La medida se enmarca en la causa en la que está imputado por sedición el mayor, Josep Lluís Trapero.

La juez Carmen Lamela ha encargado a la policía catalana, a instancias de la Fiscalía, que detalle el número profesional, el TIP, de todos los mossos desplegados ese domingo y que detallen qué actuación llevaron a cabo cada uno de ellos para evitar la votación. Los Mossos ya están investigando algunos vídeos en los que se cuestionaba la acción de la policía en algunos puntos de votación.

Son ya un total de 350 agentes de los Mossos d’Esquadra que están imputados por distintos juzgados de instrucción del territorio catalán sobre lo que hicieron (o no hicieron) el pasado 1 de Octubre, cuando se celebró el referéndum ilegal en Cataluña. Muchos de estos agentes independentistas quisieron oponerse a la labor ejercida por la Guardia Civil y la Policía Nacional para evitar que se saltasen las leyes de la Constitución por enésima vez.

Los Mossos iban a quemar pruebas del 1-0 en la incineradora de Besòs

La Policía Nacional habría encontrado entre la documentación que los Mossos d’Esquadra pretendía destruir en una incineradora el pasado 26 de octubre archivos que relacionan a mandos y agentes de la policía catalana con el referéndum del 1-O, que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional. En el material intervenido hay escritos firmados por mandos intermedios dando instrucciones para proteger la consulta ilegal.

Los agentes de la Policía Nacional que han analizado el contenido del material incautado han hallado escritos firmados por mandos intermedios de los Mossos dando instrucciones a sus agentes sobre actuaciones previas y posteriores al 1-O para proteger la consulta. Además, también figuran documentos de contenido político, que se están analizando, porque el estudio de los archivos intervenidos todavía no ha finalizado.

Los Mossos negaron aquel día que los informes que iban a quemar estuvieran vinculados con el referéndum del 1-O y alegaron que es una práctica habitual y ordinaria que se acuda a incineradoras a quemar este tipo de archivos, o que se utilicen trituradoras para destruirlos, ya que la actividad policial genera documentos de contenido sensible que, cuando ya no son necesarios, se deben destruir para atender a la protección de datos.

Seguro que si volviera a suceder algo parecido se lo pensarían dos veces antes de volver a actuar así. Si no ya saben que su puesto de trabajo está más que probablemente perdido si no son capaces de hacer cumplir las leyes de la Constitución española por las que se rigen.