La denuncia por genocidio a ETA


La presidenta de Covite, Consuelo Ordoñez, ha realizado el viaje a La Haya junto con otras víctimas de ETA donde ha presentado este lunes una denuncia ante el fiscal de la Corte Penal Internacional contra la banda terrorista ETA. En un extenso escrito jurídico justifican que las once personas que señalan han sido destacados dirigentes de "la organización ETA-Batasuna" a partir del 1 de junio de 2002, fecha en que España ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

La han acompañado Josu Puelles, hermano del policía nacional asesinado por ETA Eduardo Puelles, y los padres de Silvia Martínez, la niña asesinada en agosto de 2002 cuando tenía 6 años. La delegación de víctimas quiere solicitar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya que investigue a tres dirigentes de Batasuna, entre ellos Arnaldo Otegi, y a ocho destacados miembros de ETA por crímenes de lesa humanidad. En un extenso escrito jurídico justifican que las once personas que señalan han sido destacados dirigentes de "la organización ETA-Batasuna" a partir del 1 de junio de 2002, fecha en que España ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Los once acusados por Covite son los dirigentes de Batasuna Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Pernando Barrena, así como los integrantes de la banda terrorista José Antonio Urritikoetxea, Josu Ternera, José Luis Eciolaza, Dienteputo, Tomás Elorriaga, Teo, Juan Cruz Maiztegui, Pastor, Eusebio Arzallus, Rafael Santiago Azcolain, Iratxe Sorzabal y David Plá.

España, tras firmar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en el año 2000 "tendría que haber cambiado la calificación de los delitos cometidos por la banda terrorista", a crímenes de lesa humanidad, que no prescriben, motivo por el que Covite denunciará a la banda terrorista por delitos que pueden ser calificados de "genocidio".

Covite recalca que hasta ahora "no se ha investigado ni perseguido a los más altos responsables" de ETA ni a los "ideólogos" de la banda, ya que la mayor parte de las veces las investigaciones se han limitado a la búsqueda de los autores materiales de atentados concretos, "como si de hechos aislados se tratara", y ninguno de los once dirigentes acusados en este escrito han sido enjuiciados por crímenes de lesa humanidad.

Lo que parece increíble es que ninguno de los gobiernos de nuestro país desde aquella fecha, tanto el de José Mara Aznar,  Rodríguez Zapatero como el de Mariano Rajoy hayan decidido utilizar la Corte Penal Internacional para aquellos crímenes cometidos a partir de la fecha y que unos simples ciudadanos sin ningún apoyo institucional hayan conseguido poner en marcha una "iniciativa histórica" que, si prospera, confía que sirva para terminar con la impunidad de los crímenes de la banda, puesto que la modificación de la calificación de los delitos de ETA implicaría su "imprescriptibilidad". Añade que "España no tipifica ni enjuicia todos estos actos contra los Derechos Humanos como graves crímenes imprescriptibles: tentativas masivas y sistemáticas de asesinatos, violencia de persecución y el traslado forzoso de población".

Comentarios

  1. Cristobal Marco Rubert

    ETA ESTA EN LAS INSTITUCIONES GRACIAS A ZP Y LOS ROJERAS ESPAÑOLES Y QUIEN APOYA A UN ASESINO ...........

    ResponderEliminar
  2. Rafael Teruel Lorca

    Me parece una extraordinaria iniciativa.!ójala tenga el respaldo que sin duda merece!.Ahora, que la instancias internacionales, eso de perseguir a la extrema izquierda no se si lo tienen muy claro.

    ResponderEliminar
  3. Javier Moran

    No creo que desgraciadamente consigan nada.... si fueran los asesinos otra cosa sería...

    ResponderEliminar
  4. Santiago Nuevo

    actitud heroica y digna de alabamza, y de verguenza para el gobierno y el pais que provoca que haya que buscar jisticia fuera...

    ResponderEliminar
  5. Lourdes Ororbia Robatto

    Dios quiera que les hagan caso.

    ResponderEliminar

Publicar un comentario

Entradas populares de este blog

La foto de la candidata de Podemos desnuda

Peligra la candidatura para la Agencia Europea de Medicamentos para Barcelona