lunes, 10 de febrero de 2014

Sigue el lio de ATLL


¿Recuerdan el montaje de la Generalitat de Cataluña hizo con una adjudicación a Acciona y de la empresa de suministro de aguas ATLL que después se anuló en beneficio de Agbar con el fin de llevar dinero a las exahustas arcas de la Generalitat? El acuerdo se firmó en diciembre del 2012, al límite para que la Generalitat pudiese pagar las nóminas de los funcionarios. Pero días después la misma administración catalana lo anuló, generando una situación de caos jurídico en el que todas las partes han llegado hasta el Tribunal Supremo. Después de esta anulación Acciona tomó la dirección de ATLL mientras seguía por los distintos juzgados la discutible decisión por la que un consorcio liderado por Acciona, pagaron 298 millones, que ahora deberían devolverse por parte de la administración.


Pues bien, Agbar ha solicitado la ejecución de sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), pidiendo formalmente la ejecución de sentencia, en un escrito donde reclama que se deshaga la privatización, tal y como ya dictó ese tribunal cuando denegó suspender de forma cautelar la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC). Pese a ello, Acciona y sus socios han seguido gestionando la empresa pública ATLL. 

Agbar, la compañía que quedó en segunda posición en la polémica adjudicación ganada por Acciona ahora hace un año -y que fue anulada por el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), que depende de la propia Generalidad-, exige que la ejecución se haga en 10 días habiles, y no descarta pedir también una indemnización.

Esta posible indemnización podría sumarse a otra: la que la Generalidad corre el riesgo de tener que pagar a Acciona si se revoca la adjudicación, y que podría ascender al 10% del total del importe de la concesión, es decir, unos 100 millones de euros. 

Ahora la Generalitat se encuentra atrapada entre dos fuegos. Por un lado envió cartas a ACCiona y BTG Pactual asegurándoles que los indemnizaría en caso de que se retrotrajese la privatización. Por otro, Agbar también exige ser compensada por todas las sentencias que le han dado la razón en la cuestión de las cautelares, si bien el fondo de la cuestión todavía está pendiente de resolución jurídica.

En todo caso, la Generalitat está atrapada. O paga a los actuales gestores de ATLL o tiene que indemnizar a Agbar de la forma que señala en el recurso que “se reserva el derecho a reclamar la indemnización al que pueda dar lugar el incumplimiento de lo denunciado, circunstancia que se está evaluando”. Esta reclamación coloca a la Generalitat en una situación financiera insostenible.

ATLL factura 135 millones anuales, debía 800 millones que la Generalitat pensaba amortizar con la privatización y tenían previsto invertir 20 millones este año en una mejora general de las infraestructuras. En principio estos planes continúan, según la versión de Acciona. En cambio, se aplazó el pago de 33 millones a la Generalitat en concepto del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, cuyo plazo los ganadores han aplazado en previsión de que pasase lo peor. Exactamente, lo que ha ocurrido.

2 comentarios:

  1. @fulanodetal #27

    Siendo realista, Mas va loco porque suspendan la autonomía catalana. Así, los marrones de los recortes identitarios se los come el gobierno y él se va de rositas incluso siendo recordado como un patriota (cuando la realidad es que es un inútil cósmico).

    Lo divertido del tema será ver si queda como un martir o como un auténtico imbécil, porque todo el dinero que hoy se ha puesto al servicio del independentismo en realidad está al servicio de quien mejor convenga y aquí cuesta muy poco cambiar de opinión con un cinismo sin parangón. Ya sabe, la pela es la pela...

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  2. Karignoso

    Arturo, ¿Qué son 400 millones cuando la patria irredenta clama por su dignidad?
    Bagatelas, Arturo, bagatelas. Tú no pierdas el Norte.

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