Inmovilismo educativo

La semana pasada han ocurrido varias cosas en el campo de la educación que, aunque no tienen mayor importancia consideradas individualmente, ponen de manifiesto algunos de los graves problemas a los que se enfrenta hoy la educación de los ciudadanos.

Hace unos días tuvo lugar en todo el país una huelga en el sector de la enseñanza, que afectó también a la universidad. Aunque su seguimiento fue muy pequeño y la gran mayoría de los estudiantes la recibieron con la más absoluta indiferencia, puso de manifiesto la oposición de una parte del profesorado y –lo que es aun más importante– de muchos órganos de gobierno a cualquier programa de reducción de gastos y racionalización de los ingresos; y esto ocurre en una institución que, si algo necesita, es precisamente racionalización y sentido común.

Casi al mismo tiempo tuvo lugar un boicot de la mayor parte de los rectores españoles a una reunión con el ministro por su oposición a un decreto, bastante sensato, por cierto, que trata de poner un pequeño parche en una crisis económica muy grave de la que parece difícil que la universidad pueda salir sin modificar de forma sustancial sus actuales estructuras. Una universidad que parece haber perdido el norte y no se da cuenta de que sólo tiene futuro si es capaz de introducir cambios sustanciales en su organización y gestión.

Piden más inversión, más profesores, lo que en la práctica podría traducirse en una enseñanza más personalizada nos da peores resultados. ¿Qué falla ahí? Invertimos cantidades importantes en educación y pese a todo nuestro resultados no son buenos, en algunos aspectos han empeorado en los últimos diez años.

A un rector de una universidad española que, preguntado por el exceso de centros universitarios que existe en nuestro país parece que contestó: "Decir que sobran universidades es antisocial". Sorprendentemente a este buen señor no le parece antisocial quitar a todos los ciudadanos españoles una parte de sus ingresos para mantener centros de enseñanza irrelevantes que muy poco aportan a quienes los pagan.

Es evidente que con el decreto del ministerio no se arreglan los problemas de una universidad. Cuando el país ha hecho un enorme esfuerzo en dotar de fondos a la institución universitaria y el resultado es que, de forma sistemática, ninguna universidad española ocupa un lugar destacado en el contexto mundial y en los índices más conocidos todas se encuentran más allá del número 200, parece claro que algo ha fallado... y, desde luego, sigue fallando.

España tiene importantes carencias en materia educativa. Basta con observar los informes internacionales –referencias incuestionables a nivel mundial– para darse cuenta de la terrible desventaja en la que se encuentran los alumnos españoles en relación a los de otros países desarrollados. Según datos del último informe PISA, España ocupa el tercer puesto por la cola de un total de 19 países en Lectura. Nos superan países como Grecia, Portugal, Francia o Reino Unido.

También estamos por debajo de la media europea en Matemáticas y Ciencias. Ante estos resultados lo más recurrente, sobre todo por aquellos que siguen negando que el problema pueda estar en el modelo educativo, es dirigirse a comparar el esfuerzo económico que realizan los países de nuestro entorno y cuanta es la inversión en el nuestro en lo que a educación se refiere. Curiosamente no es este un terreno donde nuestro país se encuentre en desventaja. El gasto de España en educación es un 20% superior al de la media de la OCDE y de la Unión Europea. Tampoco nuestra situación es precaria en relación al profesorado. Nuestra ratio en relación al número de alumnos por profesor en educación secundaria se sitúa en 8,5 frente al 12,1 de la Unión Europea. Sin embargo tenemos un abandono educativo temprano, el 28,4%, que dobla la media europea.

Si dirigimos nuestra mirada hacia la universidad los datos son similares. Importante esfuerzo económico, el gasto por alumno entre 1995 y 2008 se incrementó un 38% frente al 14% de media de la OCDE y a pesar de la amplia oferta, 79 universidades, ninguna entre las 150 primeras del mundo.

A lo largo de las últimas décadas se ha creado un número desproporcionado de centros universitarios, la mayoría de los cuales tienen unos niveles de calidad muy bajos; y, lo que es aun más peregrino, con ínfulas de convertirse en centros de investigación. Se duplican funciones y se mantienen titulaciones y departamentos sin un mínimo sentido de la oportunidad y sin importar lo más mínimo lo que le cuestan al contribuyente. Las consecuencias están a la vista.

Es evidente que algo falla en el sistema educativo español. Estamos destinando importantes recursos a un sistema fallido. Un sistema que desterró de las aulas la cultura del esfuerzo, el respeto por el profesorado, la búsqueda de la excelencia, la transparencia, la rendición de cuentas. Un sistema que se desarrolló en el conformismo y que justificó su existencia en la inversión sin límites.

Estamos a tiempo de cambiarlo. El peor enemigo de la educación española es el inmovilismo. Ninguna de las medidas adoptadas por el gobierno para la racionalización del gasto incidirá en la calidad del actual sistema. Son medidas similares a las que se aplican en el resto de Europa con mejores resultados. Lo único que puede incidir en la mejora de la calidad es la reforma del sistema. Comenzando por dotar al profesorado de un Estatuto que diseñe un verdadera carrera profesional, cambiando el sistema de acceso, reformando la Educación Secundaria, ampliando el Bachillerato a tres años –como existe en la mayoría de países europeos– fortaleciendo los contenidos comunes y las materias instrumentales, aplicando una política de evaluación y transparencia, en definitiva, olvidando el modelo educativo socialista para dirigirnos a la educación del futuro.

En pocas palabras, es el momento de empezar a ver de otra forma la universidad española. Para un ministro de Educación lo importante deben ser los ciudadanos, no los burócratas que hoy controlan nuestros centros universitarios.