Mas datos sobre la actuaciones de Podemos en Venezuela

La Asamblea Nacional venezolana, de mayoría opositora, decidió ayer formar una comisión para investigar el "presunto financiamiento" de la revolución bolivariana a Podemos. El punto de partida de las pesquisas son las informaciones publicadas por medios de comunicación venezolanos, que en los últimos años han hecho especial hincapié en la conexión entre el chavismo y el partido de Pablo Iglesias.

"El Gobierno venezolano debe explicar cómo una fundación extranjera y el partido Podemos recibieron millones de euros entre el año 2002 y 2015, por supuestas asesorías a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Vamos a llegar al fondo de estos hechos porque están dentro de las funciones de nuestra Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración", detalló Luis Florido, presidente de la Comisión y que encabezará la investigación junto a los diputados Ángel Medina y Williams Dávila. El grupo parlamentario del llamado "bloque patriota" se ha negado a participar en la comisión.

Florido, uno de los principales dirigentes de Voluntad Popular, el partido del preso político Leopoldo López incluye en su denuncia a la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (Ceps), vinculada al chavismo desde sus orígenes y que también mantuvo lazos estrechos con Bolivia y Ecuador. Los opositores también pretenden airear los vínculos entre el Gobierno chavista y ETA y sobre los viajes financiados por Maduro a los dirigentes independentistas y antisistema a Venezuela "Haremos un plan de trabajo y estableceremos una metodología", adelantó el diputado Dávila a Efe.

La intención es citar a varias instituciones, tanto locales como españolas. "Si los medios sacaron la información, la Asamblea Nacional como organismo debe actuar", añadió el parlamentario.

En la actualidad es el economista gaditano Alfredo Serrano, presidente del Centro de Estudios Estratégicos Latinoamericanos de Geopolítica (Celyag), quien ha recogido el testigo de Juan Carlos Monedero tras la polémica de su asesoría sobre el sucre y los mas de 4000,000 euros que recibió a cambio.

Serrano, cercano a Podemos y defensor de sus políticas en América Latina, se ha convertido en el asesor económico más poderoso de Nicolás Maduro, quien en alguna ocasión le ha denominado el Jesucristo español por su barba. Su influencia es tal que desde hace tres semanas uno de sus colaboradores, Luis Salas, se ha convertido en el todopoderoso vicepresidente económico en medio de una terrible crisis económica y social.

El propio Iglesias también ha viajado a Venezuela. Iñigo Errejón trabajó a las órdenes del militar y ex ministro Jesse Chacón en una encuestadora con la que el oficialismo pretendía influir en la opinión pública. Hoy, precisamente se cumple el 24 aniversario del golpe de Estado liderado por Hugo Chávez, en cuya segunda intentona también participó el por aquel entonces teniente Chacón.

Actuaron como espías contra los gobiernos de España

OK Diario informa como la Fundación CEPS de Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero puso en la diana de Chávez a dos ministros españoles en octubre de 2010: Alfredo Pérez Rubalcaba y Trinidad Jiménez. El dictador arremetió contra ambos en un comunicado oficial 10 días después de recibir el informe de CEPS.

El gobierno de Hugo Chávez hizo caso a sus asesores a sueldo del Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), la Fundación de Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero. Tras entregarle un dosier contra Trinidad Jiménez y Alfredo Pérez Rubalcaba por su beligerancia contra el apoyo venezolano a ETA, el Gobierno chavista emitió un comunicado contra la “cobardía” de estos dirigentes y contra el gobierno español.

En este caso, los protagonistas de los informes fueron dirigentes como Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, Trinidad Jiménez o Alfredo Pérez Rubalcaba. Todos ellos muy criticados, hasta el punto de ser calificados como miembros de la “derecha”. La fundación CEPS sólo vio un verdadero aliado del régimen chavista en el exministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos.

El informe de CEPS de 25 de octubre de 2010 requería a Chávez “anticipar con Maduro las posibles estrategias para neutralizar eventuales nuevas desestabilizaciones provenientes del nuevo gobierno de Zapatero”. Acusaba a Rubalcaba de llevar la voz cantante de vincular a Chávez con ETA y a Trinidad Jiménez de atribuirle que ”se estaba comportando como un dictador, desmantelamiento del Estado de Derecho”. Y Chávez reaccionó.

El Gobierno bolivariano emitió, 10 días después de recibir el dosier de CEPS, un comunicado, leído textualmente por la cadena oficialista Telesur, en el que consideraba una “demostración de cobardía política que la clase política española pretendía justificar su fracaso en la lucha contra este flagelo[ETA], intentando endorsárselo al Gobierno y al pueblo de Venezuela”, y criticaba expresamente al vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, y a los ministros de Exteriores y de Justicia, Trinidad Jiménez y Francisco Caamaño.

En uno de ellos de CEPS bajo el título ‘La política exterior española respecto a América Latina y a Venezuela en caso de victorias electoral de la derecha’, retrataba a los posibles ministros de Asuntos Exteriores en caso de que el Partido Popular llegara al poder: Jorge Moragas, Gustavo de Aristegui y Javier Rupérez aparecen en el documento con un amplio perfil biográfico y currículum político.

Todavía va más allá. El dosier repasa la política exterior de los gobiernos de José María Aznar a la que califica como “apegada a las directrices de EEUU” y a continuación detalla cómo el Gobierno español favoreció el boicot a Cuba en los organismos internacionales y facilitó “la financiación de la disidencia en Miami” o el apoyo al Plan Colombia. Pero lo que llama poderosamente la atención es cuando califican la actitud de Aznar y su Gobierno de “golpista durante el golpe de Estado en Venezuela en 2002″.

CEPS realizó un informe de 30 páginas fechado el 17 agosto de 2011 en el que alertaba de los riesgos que podría suponer para el régimen chavista la victoria del PP en las próximas elecciones legislativas. En este contexto, los asesores españoles de la fundación que pilotabanPablo Iglesias, Iñigo Errejón, Luis Alegre y Juan Carlos Monedero no dudaron en prever que el PP presentaría una amenaza para el régimen chavista en política exterior: “Acusar a Venezuela de albergar (e incluso entrenar) a miembros de ETA y las FARC (aunque en este caso la retórica será modulada en función de la relación entre Colombia y Venezuela y del desarrollo del proceso de paz en el País Vasco)”. En dicho informe, incluían también como posible amenaza “una línea más dura que la del Gobierno Obama respecto a lo que llama gobiernos populistas y apoyo a la oposición”.

Por otro lado, los autores del dosier que vendió CEPS a Venezuela vinculaban al PP con una visión retrógrada de los grandes acontecimientos de la historia de España: “La identidad nacional española con la que se reconoce la derecha está construida de mitos y tradiciones vinculados al descubrimiento de América, a la Reconquista, a la expulsión de árabes y judíos, a las glorias de un imperio en el que no se ponía el sol y al poder simbólico de la monarquía”. Este ideario, según los asesores chavistas, llevaba a un planteamiento a todos luces horrendo para los autores del texto: “Esta identificación de la identidad española con la empresa colonial se ejemplifica con el hecho de que el 12 de octubre fuera declarado como fiesta nacional y día de la Hispanidad”.

Para CEPS este análisis no es un reproche arcaico ni fútil. “Estos elementos configurados del imaginario español más retrógrado tienen más trascendencia de lo que podría parecer en la política exterior de la derecha, que siempre ha mantenido una actitud paternalista hacia América Latina”.

De la conquista de América, los asesores pasan a la crítica a los postulados y la vinculación de José María Aznar y George Bush. “Durante los gobiernos de Aznar la política exterior española estuvo apegada a las directrices de EEUU, entre cuyos ejemplos más claros destacan tanto la actitud hacia Cuba, favoreciendo su boicot en los organismos internacionales y la financiación de la disidencia en Miami o la actitud pro-golpista durante el golpe de estado en Venezuela en 2002″.

Los estrategas de CEPS no olvidan mencionar “la vinculación de algunos de sus ministros de Exteriores de entonces con poderosos grupos financieros españoles” y cómo “el Gobierno de Aznar entorpeció la labor de la justicia en la investigación de crímenes de lesa humanidad en Chile y Argentina”.

A partir de tal temor, los asesores del chavismo plantearon tres nombre de supuestos ministros de Exteriores del PP, Jorge Moragas, Javier Rupérez y Gustavo de Aristegui.

La nota insistía en que el país latinoamericano es “extraño a este violento fenómeno (el terrorismo de ETA) cuya única raíz y razón de ser se encuentra en España” y denunciaba que el pueblo y el Gobierno venezolano “son objeto día tras día de una violenta campaña de terrorismo psicológico ejercida por la muy sensacionalista prensa española”.

Consideraba el comunicado que los medios de comunicación españoles actúan como “instrumento servil de grandes grupos económicos adversos a los ideales de la Revolución Bolivariana”.