sábado, 6 de febrero de 2016

Al "caloret" de Rita Barberá


50 concejales y asesores del PP del Ayuntamiento de Valencia que presidía Rita Barberá están siendo investigados por la justicia y tendrán que declarar como investigados ante el juzgado de instrucción número 18 de Valencia, que investiga el presunto cobro de comisiones y una supuesta financiación ilegal del PP.

Nueve de los diez actuales concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Entre ellos se encuentran el portavoz del PP del Ayuntamiento de Valencia hasta la semana pasada, Alfonso Novo, que declarará este miércoles, y los ediles Beatriz Simón, Vicente Igual, María Angels Ramón-Llin, Cristóbal Grau, Félix Crespo, Lourdes Bernal, María Jesús Puchalt y Alberto Mendoza. La ex alcaldesa Rita Barberá no ha sido citada hasta el momento por su calidad de aforada. Todos ellos habrían hecho una aportación de 1.000 para la financiación del partido en las últimas elecciones que posteriormente era devuelta por el partido en billetes de 500 euros lo que levantó las sospechas de la Guardia Civil.

Resulta que un enfrentamiento entre la ex alcaldesa y el ex viecealcalde según publica El Mundo por forzar la dimisión de Alfonso Grau desde marzo de 2015 por su procesamiento en el Caso Noos y no incluir en las listas municipales a su mujer provocaron que como acto de venganza el ex vicealcalde vaciara parte de los fondos opacos que los populares habían reservado para financiar la última campaña electoral de Rita Barberá.

El extravío de los billetes proveniente de comisiones de empresas concesionarias se guardaba fuera de las cuentas del partido y no podía denunciarse porque los fondos se acumularon de forma irregular y fue entonces cuando la secretaria del PP local,Mari Carmen García Fuster, presuntaa cajera de la red, recurrió a asesores y trabajadores para que donaran al partido 1.000 euros que más tarde les devolverían con dos billetes de 500 euros en metálico, según admitieron a este periódico fuentes del grupo municipal.

Una red de corrupción

El juzgado de Instrucción 18 de Valencia, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigan una red de corrupción, organizada y jerarquizada, que habría revestido de legalidad multitud de contratos públicos para amañarlos a cambio de jugosas comisiones -entre un 2% y un 3%-. La trama se habría apoyado en una red de empresas nacionales e internacionales para devolver al circuito legal el dinero presuntamente malversado.

Una de las investigaciones derivadas de la Operación Taula, el caso que ha hecho saltar por los aires al Partido Popular de la Comunidad Valenciana, trata de descifrar el sistema de blanqueo que utilizaron los concejales del PP en Valencia investigados -término que sustituye al de imputado- para sacar de la caja 'B' el dinero que se necesitaba para organizar actos de partido con Rita Barberá.

Según admiten fuentes cercanas al entorno de Barberá y Alfonso Grau, hay dos hechos que motivan la distancia de ambos. Lo primero que molestó a Grau fue que su mujer; Maria Jose Alcon -la ex concejal de Cultura a la que el yonki del dinero, Marcos Benavent, también grabó contando billetes procedentes de supuestas comisiones-, ocupara el décimosexto puesto de la lista que lideraba Barberá. La previsión del PP era obtener, como máximo, 13 concejales y a Grau, quien ya había dimitido por los contratos de Valencia Turismo con Iñaki Urdangarin, le molestó que su mujer no figurara en puestos de salida.

El segundo motivo de distanciamiento llega cuando el partido fuerza la dimisión de Alcón. Según fuentes de la formación, Grau quería que Alcón siguiese como candidata pese a que las grabaciones que le delataban. No aceptó que se cayera de la lista y Grau se llevó parte de los fondos reservados para convertir de nuevo a Barberá en alcaldesa de Valencia.

Fue entonces cuando el nerviosismo se impuso entre los concejales del PP más cercanos a la ex alcaldesa. Se quedaron sin dinero blanqueado, limpio. Se aceleraron los encuentros. Según estas fuentes, García Fuster fue cuando comunicó a los empleados del grupo que tenían que ingresar en una cuenta corriente 1000 euros que más tarde serían devueltos. La cajera de la trama repartió un papel en el que figuraba el número de cuenta al que tenían que ingresar el dinero.

Al parecer, las personas más próximas a la ex alcaldesa temían que se extendiera la petición, como así ocurrió. La Guardia Civil investiga si la hermana de Barberá, Asunción Barberá, ex jefa de la Alcaldía con su hermana Rita, comunicó a los miembros del grupo municipal que se habían «pasado» al pedir una donación de 1.000 euros con retorno en 'B' a medio centenar de personas. Asunción Barberá y Mari Carmen García Fuster son, quizás, las personas con las que más confía la senadora.

Grau niega que se llevara los fondos

Grau ha negadao que él se llevara parte de esos fondos opacos. «Lo que me faltaba por oír. Desconozco que hubiera habido una caja 'B', es un infundio como la copa de un pino. Jamás he tenido noticia de semejante cosa, espero que sea la última vez que me pregunta usted por este tema. Buenas noches».

La mujer de Alfonso Grau es una de las piezas destacadas del puzzle que conforman las trampas de Taula. Alcón estaba casada con Vicente Burgos, ex gerente de la Fundación Jaume II El Just y uno de los detenidos en la operación policial. Burgos fichó al 'yonki del dinero', Marcos Benavent, para trabajar en este organismo público y de ahí la trama salto al Ayuntamiento de Valencia.

En una de las conversaciones, que Benavent ya ha ratificado en el juzgado, la actual mujer de Grau reconoce que la contructora valenciana Cleop, , presidida por Carlos Turró, otro de los detenidos, se quedaría con el proyecto de reforma de las Torres de Quart, que superó el millón y medio de euros, porque «había además con ellos un compromiso desde arriba». El lavado de cara del monumento habría servido para que la red se repartiera hasta 20.000 euros en comisiones ilegales. Una parte del dinero, 5.000 euros, se reservó para donaciones al PP, según se dice en las cintas. Alfonso Rus era el presidente provincial y Francisco Camps el líder regional.

El juez retomará las declaraciones por el presunto delito de blanqueo del PP de Valencia la próxima semana. Tendrán que pasar por el juzgado los actuales concejales del PP Vicente Igual, Beatriz Simón, Lourdes Bernal, Cristóbal Grau, Alberto Gómez Mendoza, Félix Crespo, María Angels Ramón-Llin y María Jesús Puchalt. Mientras, los seis ex concejales citados a declarar son: Silvestre Senent, Ana Albert, Vicente José Aleixandre, Francisco Lledó, Juan Vicente Jurado e Irene Beneyto. También tendrán que declarar la próxima semana los asesores que colaboraron con el presunto lavado. Son todos los cargos de confianza que declararon menos los cuatro trabajadores que no sucumbieron a la petición de los investigados: «Era blanqueo claramente», dijo tras declarar como testigo ante la Guardia Civil una de las asesoras.

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