Entes públicos



El Partido Popular después de ocho meses en el poder aún no ha conseguido facilitar a la UE la cifra real de la deuda pública. Si bien conocen la situación de las cuentas del estado central, aún no se ha conseguido saber la totalidad de lo que adeudan las Comunidades Autónomas, mucho menos los ayuntamientos pero lo verdaderamente ruinoso son las deudas de todo el entramado que se ha creado en torno a las distintas administraciones públicas: un entramado formado por organismos autónomos, fundaciones, consorcios, empresas públicas, instituciones sin ánimo de lucro... Sin obligación de incorporar sus presupuestos a los de la administración que pertenecen y muchas de ellas ajenas a cualquier tipo de fiscalización.

En ese entramado es donde los partidos "aparcan" a decenas de miles de personas no elegidas por nadie. Y es por los agujeros de ese entramado por donde se escapa el dinero público a raudales, en actividades la mayor parte de las veces inútiles. Todas ellas con un montón de gente cuya únicos méritos son la recomendación del partido correspondiente a vece sin formación específica ni catalogación disfrazada gerentes, técnicos o de asesores de todo tipo. Para colmo, muchas de las entidades que forman ese entramado solapan las funciones de las administraciones que representa y multiplican la burocracia a la que se somete a ciudadanos y empresas y hacen aumentar las trabas administrativas que afectan a la economía verdaderamente productiva.

Expongamos los números. España tiene, en estos momentos:
  • o   17 comunidades autónomas
  • o   2 ciudades autónomas
  • o   52 diputaciones, consejos y cabildos insulares
  • o   8.117 ayuntamientos
  • o   1.012 mancomunidades
  • o   80 agrupaciones de municipios
  • o   81 entes comarcales
  • o   3 áreas metropolitanas
  • o   3.726 entidades locales menores

Los organismos autónomos, que pueden ser de varios tipos, se rigen por el Derecho administrativo y pueden realizar actividades de fomento, de prestación o de gestión de servicios.

Quizá sea precisamente esa opacidad la que ha hecho que las fundaciones participadas por la administración se multipliquen en nuestro país como setas. En concreto, el número de fundaciones dependientes de las administraciones autonómicas, o participadas por ellas, ha pasado de 357 en abril de 2003, a 498 en enero de 2007 y a 561 en julio de 2011. Dependen de un órgano de la administración, como por ejemplo un ministerio o consejería.

Las entidades públicas empresariales y entes públicos se diferencian de los organismos autónomos en que se rigen, en general, por el Derecho privado. Pueden depender de un ministerio o consejería o también de un organismo autónomo.

Las agencias se crearon, por su parte, para disponer de entidades de Derecho público sometidas a menos restricciones administrativas que los organismos autónomos.

En lo que respecta a empresas, el cuadro muestra como "Sociedades mercantiles" a aquellas en las que las administraciones cuentan con mayoría de capital o con mayoría del consejo, mientras que "Sociedades participadas" son aquellas en que las administraciones tienen una participación minoritaria.

Como puede verse, de las distintas administraciones dependen varios miles de entidades regidas por distintas normativas y con diferentes grados de autonomía. Eso hace que las trabas burocráticas para la contratación de personal y para el gasto sean muy variables entre unas entidades y otras, y muy diferentes de las que existen en la Administración Pública.

De mayor a menor grado de control, la clasificación de entidades sería la siguiente:

  • ·         Organismos autónomos, regidos por el Derecho público
  • ·         Agencias, regidas por el Derecho público, pero con más autonomía
  • ·         Entes públicos, regidos principalmente por el Derecho privado
  •        Sociedades mercantiles, regidas por el Derecho privado, con obligación de presentar (y en algunos casos auditar) sus cuentas
  • ·         Fundaciones, con menos obligaciones a la hora de presentar o auditar sus cuentas

Puesto que muchas de esas entidades no están sujetas a los mismos mecanismos de control y fiscalización que las administraciones públicas, no es de extrañar que las administraciones recurran a ellas para, precisamente, eludir esos controles y esa fiscalización.

El caso más sangrante es de las fundaciones, sobre quienes el Consejo General de Colegios de Economistas publicaba un informe, el pasado mes de marzo, en el que advertía de la falta de datos y de la opacidad de las fundaciones. Ese informe reclamaba también un cambio legislativo para que las fundaciones se sometan a los mismos controles que las sociedades mercantiles.

En la época de bonanza económica se pusieron en marcha con dinero público “grandes iniciativas” (en forma de proyectos estratégicos, entes del futuro, planes estrella, etc) que posteriormente no se han podido rentabilizar y su mero mantenimiento pesa como una losa en las arcas públicas. En época de vacas flacas parece que una posible salida puede ser (mal) venderlos a la iniciativa privada para que los mantenga de alguna forma, sino será necesaria la desaparición de muchos de ellos.

http://www.libertaddigital.com/documentos/fundaciones-en-las-que-tienen-participacion-el-estado-41912702.html
http://www.libertaddigital.com/documentos/fundaciones-en-las-que-tienen-participacion-las-comunidades-autonomas-41912701.html
http://www.libertaddigital.com/documentos/fundaciones-que-tienen-participacion-las-entidades-locales-41912700.html

Comentarios

  1. Junguer

    Las fundaciones no solo son un buen método de colocar a amigos y familiares muy bien pagados, sino que, de paso, son un instrumento para no pagar impuestos y también imparten doctrina.

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  2. Vollmond

    Muy interesante. Aunque creo que es más exacto hablar de Partitocracia SA que de Estado SA. Aquí mucha gente culpa al 'Estado' de cosas que son Oligarquía partitocrática pura y dura. El Estado en España es, en realidad, una víctima más de esa castuza desaforada y corrupta que lo ha parasitado, lo ha centrifugado y lo ha llenado de cánceres.

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  3. vederes

    Documentado informe de la patética y vergonzosa realidad política de España.
    Al leerlo cualquiera se preguntaría que quiso decir recientemente Merkel que una mayor integración bancaria y fiscal europea sería suficiente para salvar la disciplina monetaria y reflotar el Euro.
    ¿Cómo harán los países transparentes como Alemania ,Austria si se integran (enredan aun mas) en esta enmarañada “trama” española, para intentar poner freno a esta orgia de la casta política autoctona.
    Como podrá Bruselas controlar el gasto de 8134 ayuntamientos, autonomías y demás yerbas, que se rigen por el derecho privado y que a su vez tienen 5460 “privados negocios personales” a los que regulan por el derecho privado con sus jueces y fiscales “amigos”.
    Pobre Euro, pobre Europa, patético futuro nos espera .

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  4. alpairo

    La finalidad de las empresas públicas es doble: en primer lugar, para colocar a los paniaguados del partido; esos que, si tuvieran que ganarse las habichuelas trabajando, a lo más que llegarían sería a ejercer de gorrillas en algún arrabal de su pueblo. Y, lo más importante, para que el paniaguado mayor otorgue los contratos de la empresa a quien fdetermine el partido: generalmente, a una empresa cuya mayoría social está en manos de la mujer, los hijos o los allegados del corrupto de turno.

    Con razón, en Asturias se refieren a esas empresas públicas como chiringuitos.

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  5. Alberto Recoder

    Buen trabajo. Cuando los hombres de negro lleguen y vean todo este pastel, mucho me temo que huirán despavoridos y nos echarán de la UE (o se irán ellos)

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  6. quasimodo

    El crecimiento desordenado de este conglomerado de organismos autónomos, agencias, empresas públicas y privadas, fundaciones y demás instituciones sin ánimo de lucro está produciendo en la economía española el mismo efecto que el cáncer en la persona.

    Hay que aplicar, pues los mismos medios: atajar su crecimiento, prohibiendo las que sean menester y limitando por Ley el número y naturaleza de cada uno de estos tipos de entidades que intervienen en la economía nacional.

    En una economía de mercado, la actividad económica ha de reservarse, con exclusividad, a la iniciativa privada, con prohibición de participar en las mismas a las Administraciones Públicas, que gestionarán los servicios públicos, cuya gestión no haya podido ser adjudicada a empresas privadas.

    Eso, al tiempo que se reduce drásticamente el número de municipios, hasta hacerlos coincidir con el de Partidos Judiciales. Si la Administración de Justicia se puede organizar con 485 partidos judiciales, no hay razón para que la Administración Local del estado no pueda articularse en torno a esos mismos 485 núcleos.

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  7. Lucero

    Eliminando las empresas públicas innecesarias y disminuyendo el personal de muchas otras, el ahorro sería inmenso.
    El dinero ahorrado habría que emplearlo, claro está, en crear empresas productivas y en favorecer la competitividad de las ya existentes (dándoles créditos baratos, bajándoles los impuestos, abriéndoles mercados de exportación, etc,...).
    El número de nuevos puestos de trabajo creados en estas empresas productivas acabaría superando al de empleos perdidos en las empresas públicas.

    Todo eso parece de cajón y uno se pregunta por qué los dirigentes políticos no están por la labor.
    Solo se me ocurre lo que ya se ha repetido aquí muchas veces: que los políticos forman una casta política, inmoral, que no busca el interés general de los españoles sino el de sus compinches, familiares y amiguetes. Pero eso solo les funcionará a corto plazo pues están matando la gallina de los huevos de oro.

    Rajoy ¡dimisión!

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  8. Miguel Fernández

    Un artículo muy completo. Creo que la mayoría de los españoles pensamos que no se ha tocado, ni se tocará, nada de lo que significa el poder y el negocio de la clase política. Como es así, cualquier "recorte" de los que me afectaron y me afectarán, no lo considero como una parte del esfuerzo común para salvar a la nación, sino como un robo.

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