Anticorrupción pisa los talones del hermano de Ximo Puig y sus socios

Imagen del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, durante una comparecencia la semana pasada - EFE

El PP lleva el expediente de Competencia a los tribunales mientras los socialistas quitan hierro al asunto y creen que es una maniobra para desgastar al presidente

El Comité de Defensa de la Competencia ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción el expediente completo -con la parte que todavía es secreta- por el que multó con 43.000 euros a las productoras del hermano del presidente de la Generalitat, Francis Puig, y sus socios por pactar precios para ganar un concurso público de À Punt. Ese documento está ya en manos del mismo juzgado de Castellón que autorizó los registros en las empresas de los Adell Bover y las intervenciones telefónicas en las que se destapa un supuesto cártel que crea proyectos a la caza de subvenciones.

El PP ha anunciado este lunes que ampliará la denuncia en la causa abierta en el juzgado de instrucción número 4 de Valencia, que investiga el supuesto fraude en la obtención de subvenciones -alrededor de 1,2 millones de euros- para el fomento del valenciano por parte de las firmas administradas por Francis Puig y los Adell Bover.

La portavoz adjunta del PP en las Cortes Valencianas, Eva Ortiz, ha explicado que, además del informe de Competencia, aportarán contratos del Ayuntamiento de Morella desde 1991. «Son un cártel sin ningún tipo de empacho», ha asegurado. De momento, se contabilizan ayudas de «siete consellerias y dos empresas públicas con facturas falsas, audiencias falsas, nóminas triplicadas» y «amiguetes» que les pasan información.

Del mismo modo, Ortiz ha vuelto a pedir la comparecencia en el parlamento del director general de À Punt, Alfred Costa, para que explique porqué la delegada del ente en Castellón y un asesor jurídico del mismo compartieron «información privilegiada» sobre un concurso público con estas productoras, cuatro meses antes de que se publicara la licitación y «qué ha hecho la televisión pública con estos implicados».

La portavoz adjunta del PP ha detallado que si finalmente se abre otra causa en Castellón, se personarán en ella. En caso de que no fuera así, presentarán una querella con la información que tienen por unos hechos que los populares creen que pueden ser constitutivos de un delito de «tráfico de influencias, negociación prohibida de funcionarios y prevaricación».

Fue À Punt quien detectó y trasladó a Competencia que Puig y los hermanos Adell Bover habían pactado precios para ganar la gestión de algunas corresponsalías en las comarcas del norte de la Comunidad Valenciana, motivo por el que han sido sancionados con 43.000 euros. Comunicaciones del Ports, propiedad del primero, se retiró del concurso de forma voluntaria, mientras Canal Maestrat y Kriol Comunicacion, de los segundos, fueron excluidas por la propia corporación.

La portavoz adjunta del PP también ha exigido que se paralice la licitación de otro contrato similar al que las empresas sancionadas -Canal Maestrat y Kriol- se han presentado «con la picardía» de cambiar el nombre de la productora, porque «no tenemos ninguna garantía de que ese proceso sea limpio», ya que viene «viciado» por el anterior. Además, su grupo solicitará la creación de una comisión de investigación en las Cortes porque «hay una responsabilidad política» de Ximo Puig, en un asunto que ha calificado como «grave».

«Lo mejor en estos casos es dar la cara», ha apuntado Ortiz, al tiempo que ha señalado que seguirán «aguantando presiones de todo tipo» para «llegar hasta el final»

Además de Francis Puig y Enrique Adell Bover, en la causa que investiga el juzgado de instrucción número 4 de Valencia también está investigado el director general de Politíca Lingüística de la Generalitat, Rubén Trenzano, a quién la portavoz popular ha vuelto a pedir que «diga quién le dio la orden» de autorizar estas subvenciones presuntamente fraudulentas «porque no sería justo que pagara quien no tiene la responsabilidad». Al margen de ello pero también relacionado, Trenzano está a la espera de que se fije la fecha del juicio en el que está acusado de falsedad documental, al haber dejado por escrito que sí se realizó un control de estas ayudas por parte de su departamento, aunque supuestamente no fue así.

Por su parte, el síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, ha abogado por presionar para que la Admisnistración evalúe si las ayudas que otorga «han servido para algo» tras ser concedidas para evitar casos como el del hermano de Puig. Cantó ha calificado este asunto como «un grandísimo fallo de transparencia» que quiere que se investigue para dilucidar «si es cierto o no» que estas productoras tenían «acceso a información privilegiada».

La Fiscalía dispone de una serie de mensajes telefónicos entre el empresario y el hermano de presidente de la Comunidad Valencia, que publica este martes ABC y en los que el primero mostraba su preocupación porque en las elecciones autonómicas de 2019 en varias comunidades autónomas siguieran el ejemplo de Andalucía y pasaran a manos de la derecha.

En estos mensajes Francis Puig tranquilizaba a su socio restándole fiabilidad a las encuestas pero admitiendo que le preocupaba "cómo evolucione todo lo que supone Vox".

"La mierda del valenciano"

Otra conversación llamativa entre los dos socios el hermano de Ximo Puig dice "aquí estoy con la mierda del valenciano" en referencia a las ayudas que da la Generalitat para el fomento de la lengua en los medios de la región.

Se da la circunstancia de que esta trama empresarial en la que esta implicado Francis Puig ha cobrado más de 300.000 euros de la Consejería de Educación y Cultura valenciana para estas actividades de promoción de la lengua en la región, una adjudicaciones que ya están siendo investigadas en un juzgado de Valencia.

Además, en otra de las conversaciones que reproduce ABC los socios admiten que uno de los contratos por los que ya han sido multados era objeto de una "baja temeraria" —una oferta del precio ofertado por debajo de lo razonable— y aseguraban que "todo vale por justificar lo del 20%", es decir, el sobreprecio que podrían aplicar a posteriori, tal y como permite la Ley de Contratos.

Las trampas para burlar las sanciones

Por otro lado, este mismo martes El Mundo publica las trampas a las que recurrió el cártel para poder concurrir a concursos públicos, a pesar de que ya se habían denunciado las irregularidades y las empresas originales eran vetadas.

Sin embargo, los miembros del cártel investigado acudieron a otras licitaciones a través de otra compañía —Televisión de Castellón— que se presentó para prestar servicios en tres comarcas de Castellón.