Puigdemont, Junqueras y otros golpistas, al borde la inhabilitación

Oriol Junqueras y Carles Puigdemont en el Parlament en una imagen de archivo / EFE

El Tribunal Supremo ha confirmado el procesamiento por rebelión del expresidente catalán Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y otros investigados. Ello implica que los líderes del procés quedarán suspendidos para el ejercicio de cargo público. 

Esta decisión comportaría a una situación de minoría del independentismo en el Parlament, en el caso mantenerlos como diputados a los inhabilitados y no correr las listas.

La Sala de Apelaciones del alto tribunal considera "suficientemente razonable" sostiene que existió un "levantamiento" con un uso "torticero" del poder para conseguir la independencia de Catalunya "al margen de la ley". La Sala cree que los indicios disponibles en este momento procesal permiten considerar que la calificación de un delito de rebelión es "suficientemente razonable" para no descartarla absolutamente.

La sala penal del tribunal ha confirmado el procesamiento por rebelión de 15 de los 22 investigados en la causa, entre los que también se encuentra el exvicepresidente Oriol Junqueras, tras rechazar los recursos de apelación presentados por los procesados, que impugnaron la resolución.

Los procesados

Pablo Llarena, tiene vía libre para llevar a cabo la suspensión de los cargos públicos que ostenten los acusados a través del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En concreto, los procesados por rebelión son: Puigdemont, Junqueras, Jordi Turull, los exconsellers Joaquim Forn, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Toni Comín y Dolors Bassa; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el expresidente de la ANC Jordi Sànchez; el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

En su auto, la Sala reitera la constatación de actos de violencia encaminados a la celebración del referéndum, al menos durante el asedio a la Consejería de Economía el 20 de septiembre y el 1 de octubre.

Rebelión sin armas

Con esto, el Supremo deja claro que existe una "rebelión sin armas" pues, aunque este tipo penal evoque a la existencia de pronunciamientos militares a través del uso de armas, no es necesario el empleo de éstas para conseguirlo, sino simplemente que haya violencia.

Para los jueces, los actos de violencia fueron alentados, "directa o indirectamente" por algunos de los procesados, que planearon la movilización popular y el enfrentamiento con los agentes como la forma de obligar al Estado a que aceptase la declaración unilateral de independencia (DUI).

Sobre la malversación que también imputa a muchos de los investigados el instructor de la causa Pablo Llarena, el tribunal de apelación dice que hubo "un sistema de engaño" que ocultaba el destino de las cantidades a otros fines relacionados con el referéndum ilegal del 1-O.

De esta forma, prosiguen los jueces, niegan la autoridad del Estado "constituyéndose en un poder político absolutamente autónomo, utilizando de forma torticera un poder que les fue conferido por otras y muy diferentes modalidades".

Banalizaron lo ocurrido

Por otro lado, el Supremo asegura que no se persigue a quienes defienden un proyecto político, sino a quienes "para conseguir sus objetivos han acudido a actos de violencia que, aunque realizados por terceros, habían sido incitados directa o indirectamente y asumidos por ellos".

Y añade que al señalar que actuaron en defensa de un proyecto político, los recurrentes insisten en "una cierta banalización de lo ocurrido" cuando los hechos son de "inusitada gravedad, por lo que no resulta extraño ni desproporcionado que las consecuencias (...) también alcancen un grado superior de importancia".

Además, frente al argumento de que únicamente pretendían ejercer el derecho a voto, la Sala señala que éste no se puede ejercer en cualquier momento, de cualquier manera o sobre cualquier aspecto.

En relación a la desobediencia en la que incurrieron 12 procesados, recuerda que "al menos desde noviembre de 2015, las resoluciones del Tribunal Constitucional (...). fueron sistemáticamente ignoradas y por ello incumplidas" y que no se trató de una "ocasión aislada".

La reacción de Torra: Volver al 1-O 

Quim Torra en la oficina comercial de la Generalidad de Cataluña en Washington.

Ofertón de Torra a Sánchez: otro 1-O, pero acordado con el Estado. El presidente de la Generalidad avanza las reivindicaciones de su "cumbre" de dia 9 de julio con el presidente del Gobierno: república o república.

El nacionalismo catalán no está dispuesto a dar ni un solo paso atrás. El referéndum ilegal del 1 de octubre del año pasado es la línea roja en la carpeta de la Generalidad. O el nuevo Gobierno acepta los resultados de esa "consulta" o no habrá negociación posible con el Estado. El presidente de la Generalidad, Quim Torra, se ha largado a los Estados Unidos para inaugurar una "semana catalana" en Washington y sentar las bases de su "cumbre" con Sánchez.

El separatismo parte de la base del 1-O, referéndum ilegal cuyos resultados considera válidos y concluyentes. La república catalana existe y de lo que se trata es de hacerla efectiva. En el cuadro de los nuevos dirigentes separatistas, el tema de los presos y fugados es secundario. Va de suyo en la reivindicación principal, la independencia sin atajos.

Torra considera que el debate con Sánchez es la independencia, no más competencias, transferencias y recursos.Ni siquiera una reforma de la Constitución le satisface.  El separatismo ve con buenos ojos las maniobras de su aliado Pablo Iglesias, pero no le vale una reformulación republicana y más federal del Estado. Como hiciera Puigdemont tras tomar el "legado" de Mas, Torra está dispuesto a dar un paso más. Considera que su oferta es un cañón: "Si vamos a ese referéndum vinculante y efectivo, pues puede pasar de todo, podríamos ganar los independentistas o los que consideran que es mejor seguir en España", ha declarado.

El separatismo no da más de sí. El objetivo es la república y la oferta de diálogo de Sánchez, una estación en la que testar si el Estado se aviene a facilitar la desconexión con un referéndum al modo escocés o quebequés. La aceptación del Gobierno a esa fórmula "sería una solución muy aceptable", ha manifestado Torra. El derecho de autodeterminación es la nueva pantalla del separatismo. Si no es reconocido por el Gobierno de Sánchez, "seguiremos adelante", promete Torra. La implantación paulatina de la república no es incompatible con negociar ese referéndum pactado, añade el president.