El saqueo de Andalucia 163 - El caso de El Pedroso, La Guardia Civil describe el escándalo de los ERE en la Sierra Norte de Sevilla

Francisco Javier Guerrero | EFE

Un demoledor testimonio pone contra las cuerdas la versión de que eran "ignorantes" Chaves y Griñán así como el resto de los 22 acusados

Un sargento Unidad Central Operativa (UCO) encargada de la investigación ha declarado que las ayudas de los ERE “se daban por vecindad, amistad o afinidad política” y que el Gobierno de la Junta, con Chaves y Griñán a la cabeza, “conocía” el sistema de concesión ya que “lo ampararon” y lo estaban “cebando” con fondos públicos. Los gobiernos del PSOE-A de la Junta entre los años 2001 y 2010 crearon y mantuvieron un “procedimiento específico” para repartir 850 millones de forma arbitraria y sin controladministrativo usando el IFA, ente público de la gigantesca administración paralela andaluza.

Según el testigo estas ayudas del convenio marco de 2001 “eran ilegales” porque se daban “al margen” de la ley vigente añadiendo que “no hay engaño a la administración” sino una “conjunción de voluntades” o “concierto previo” entre quienes las daba y los beneficiarios y la Junta, quienes las daban, “los responsables de la Dirección General de Trabajo y de la Consejería de Empleo”.

El hermano del expresidente de la Borbolla y la hija del padrino político de Susana Díaz, José Antonio Viera, han sido nombrados en las declaraciones del último testigo de los ERE. Un nuevo testigo ha echado por tierra la versión de “ignorancia” de lo que hacían de la mayoría de los 24 ex altos cargos de la Junta acusados por la pieza política de los ERE entre los años 2001 y 2010.

De hecho el investigador de la UCO ha detallado como en solo una sesión del Consejo Rector del IFA del 30 de enero de 2004, con Viera presidiéndola, se aprobaron cinco ayudas por más de 6 millones de euros para las sociedades de los ex ediles del PSOE-A Rosendo y Sayago “vacías de contenido, que no tienen trabajadores, son meros instrumentos para captar fondos públicos”.

A su vez, ha remarcado el testigo, se dieron otros 16 millones en ayudas a empresas de la misma comarca, una de las afortunadas curiosamente donde “trabajaba la hija de Viera” perteneciente al grupo Matadero de la Sierra Norte.

Otros 8 millones, apenas aprobarse el convenio, fueron a empresas del sector del corcho del ex alcalde socialista de Cazalla de la Sierra Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta.

Toda esta millonada se dieron sin ni siquiera solicitud ni expediente administrativo ni ningún tipo de seguimiento de las mismas.

“No había absolutamente nada, el procedimiento era totalmente opaco” ha declarado el testigo resaltando que estas ayudas no se publicitaban y “al final esas ayudas se conocían bien por vecindad, por relaciones de amistad y también por afinidad política”, ya que en tan solo la Sierra Norte hay “muchísimos alcaldes socialistas” cuyas empresas se beneficiaron y “es imposible que un empresario de una almazara de Jaén pudiera conocer” su existencia.

El concejal e hijo del alcalde socialista de El Pedroso obtuvo 34 millones de euros.

Lo más impresionante de la declaración de este miércoles de un sargento de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil es su descripción de la trama de corrupción institucional vinculada a la Sierra Norte de Sevilla, una comarca que fue cebada muy especialmente en el caso de los ERE por razones que sólo se explican desde la estrategia del PSOE de Sevilla, tanto de las relaciones de poder interno como de las necesidades electorales.

El sargento declarante de la Guardia Civil, en calidad de testigo, dijo –y así lo ha recogido Europa Press–, que las ayudas que se investigan esta causa eran "opacas" y se concedían por "vecindad, amistad o afinidad política". No es un agente cualquiera, sino alguien que lleva 12 años en el Grupo de Delincuencia Económica y de lucha contra la Corrupción de la UCO. Además, ha ratificado los cinco atestados en los que ha intervenido, cuatro como instructor y uno como secretario.

El más trascendente caso en el que ha intervenido es el entramado de empresas de los exconcejales del PSOE en El Pedroso (Sevilla) José María Sayago y José Enrique Rosendo –ya fallecido–, hijo del exalcalde socialista Rafael Rosendo y la investigación sobre las ayudas concentradas en la Sierra Norte.

A interrogatorio del fiscal, el agente ha concretado que la "opacidad" de las ayudas se manifestaba en que "no había solicitud formal de ayuda, ni memoria, ni certificado de obra, ni proyecto, no hay ningún tipo de documentación", sólo el convenio particular firmado la Dirección de General de Trabajo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posteriormente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) en 2001.

En esos convenios particulares, destaca Europa Press, "sólo se hacía referencia a planes de viabilidad, a yacimientos mineros que no existían o a un número de trabajadores en plantilla que no había". Además, ha añadido que tampoco había seguimiento de las ayudas. En las resoluciones de la Dirección General de Trabajo para la concesión de las ayudas sólo se encontraba el nombre de la empresa y que se concedía una ayuda con cargo a la 31, "poco más".

Eso sí, se pagaban religiosamente mediante el IFA-IDEA, vía las ya famosas transferencias de financiación, fondos que se cargaban al programa presupuestario 31L, conocido por el procesado Francisco Javier Guerrero que, por cierto, fue asimismo alcalde de El Pedroso, como "fondo de reptiles".

El escandaloso uso del dinero público en la Sierra Norte

Gracias a la juez Núñez Bolaños, el caso de la Sierra Norte y especialmente el caso Rosendo-Sayago, los concejales beneficiados con 34 millones de euros en ayudas a empresas constituidas por ellos mismos desde la empresa pública de desarrollo municipal, es ya una pieza separada del meollo político de los ERE, pero su relación con el juicio que se celebra en la Audiencia de Sevilla es evidente.

Es más, gracias a la juez y al criterio de la propia Audiencia, ni José Antonio Viera, ni Antonio Fernandez ni Francisco Javier Guerrero, podrán ser acusados de nada en esta pieza separada por interpretarse que el actual juicio sobre el procedimiento empleado para la concesión de ayudas engloba al caso concreto de la Sierra Norte y que no pueden ser juzgados dos veces por los mismos hechos.

El testimonio del sargento concretó ayer que, en el caso de la Sierra Norte, "hay muchos alcaldes del PSOE beneficiarios de ayudas concretas", ha asegurado, añadiendo que "un empresario de una almazara en Jaén no podía conocerlas". Esto es, que los andaluces, empresarios y trabajadores, fueron discriminados por razones políticas. Unos podían acceder a las ayudas y otros no, por razones de proximidad o afinidad política.

El sargento de la UCO citó el caso de Ángel Rodríguez de la Borbolla, quien fuera el alcalde socialista de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla. Sólo "días después" de suscribirse el convenio marco de 2001, se firmaron dos convenios particulares para conceder ayudas a empresas de Ángel Rodríguez de la Borbolla, quien llegó a recibir ocho millones en ayudas, algunas de ellas para fusiones de empresas que "nunca se llevaron a cabo".

Desde enero de 2003 y abril de 2004 hubo un "aumento exponencial" en la firma de convenios particulares para conceder ayudas a empresas en esta comarca, coincidiendo con el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, entonces amigo de José Caballos, hombre clave del PSOE de Sevilla en la Sierra Norte, en la Presidencia del IFA. De los 60 convenios investigados y estudiados por este agente, 43 se firmaron en este periodo.

Por poner un ejemplo, en una sola sesión del Consejo Rector del IFA de 30 de enero de 2004 -siendo Viera presidente de este, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, vicepresidente y el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, vocal-, se dieron 16 millones de euros en ayudas a empresas de la Sierra Norte. Ese mismo día, las empresas de Rosendo y Sayago recibieron seis millones en ayudas troceadas en cinco convenios particulares por valor de 1.200.000 euros, cantidad límite por las que podía aprobarlas el Consejo Rector y no tenían que ser elevadas al Consejo de Gobierno.

El Sargento aclaró que algunas empresas de Rosendo y Sayago estaban "vacías de contenido", pues no tenían trabajadores. Eran "meros instrumentos para captar fondos públicos", ha resaltado, al hilo de lo que se va conociendo ya en Andalucía como "pescadores de subvenciones".

Chaves, Guerrero y Griñán sentados ante el tribunal que juzga los ERE