¿El derecho a decidir? No. Es el derecho de infringir la ley de Artur Mas

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido a trámite las 6 querellas y las 13 denuncias contra Mas, Ortega y Rigau por organizar el 9N. El TSJC ha acumulado en una sola "todas las denuncias y querellas vinculadas a los hechos relativos a la presunta desobediencia de la resolución del Tribunal Constitucional del 4 de noviembre de 2014, así como a todos los hechos que, de manera directa o indirecta, estén relacionados". Según la Fiscalía Superior de Cataluña, el presidente de la Generalidad y a las dos consejeras podrían haber incurrido en cuatro delitos: desobediencia, prevaricación, usurpación de atribuciones judiciales y malversación de caudales públicos.

Entre las querellas presentadas contra Mas, Ortega y Rigau destaca la de la Fiscalia Superior de Cataluña que se formalizó el pasado 21 de noviembre. En ella se les acusaba de haberse "negado abiertamente a dar el debido cumplimiento a una resolución emanada del máximo intérprete de la Constitución". El escrito -firmado por el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada- atribuía a Mas, Ortega y Rigau cuatro delitos: desobediencia, prevaricación, usurpación de atribuciones judiciales y malversación de caudales públicos.

La Justicia es lenta, pausada y morosa hasta el punto de que cinco horas de reunión entre seis magistrados sólo han dado de sí una nota de un folio en catalán, sin traducción al español, como es costumbre y "ley de hecho" en la región. La conclusión es que pasadas las fiestas navideñas, el 8 de enero, se comunicará a Artur Mas, a Joana Ortega, a la sazón vicepresidenta de la Generalidad, y a Irene Rigau, consejera de Enseñanza, su condición de querellados por un supuesto, presunto y teórico delito de desobediencia cometido al organizar, celebrar y festejar una votación ilegal. Están que tiemblan mientras compran el pollo y el champán.

Aunque ahora esta noticia se pretende transformar desde la Generalitat de cara a la galería es como que la justicia impide con este acto “el derecho a decidir” de los catalanes, asi que la ANC ha decidido que sus militantes se personen por el tribunal para autoinculparse para lo que ya están formando largas colas cuando en realidad lo que se va a dirimir es el derecho que tiene de Artur Mas y sus consejeros para desobedecer al requerimiento del Tribunal Constitucional y plantear desde la  Generalitat un acto para el que no estaba capacitado.