domingo, 15 de junio de 2014

El ERE de Coca Cola


La reforma laboral que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy a mediados de 2012 ha sido una de las pocas medidas económicas positivas y eficaces que ha impulsado el PP durante el presente mandato. Entre otras ventajas facilitó a las empresas desligarse de dichos convenios, permitiéndoles así una mayor flexibilidad para poder adaptarse con rapidez y eficiencia a las circunstancias cambiantes del mercado. Hasta entonces, España sufría uno de los mercados de trabajo más rígidos del mundo y, no por casualidad, presenta una de las tasas de paro más elevadas del planeta.
El origen de este drama radicaba en el mantenimiento de un régimen obsoleto y anquilosado, herencia directa del franquismo, que imponía por la fuerza a trabajadores y empresas las condiciones laborales que pactaba, exclusivamente, una privilegiada cúpula de sindicalistas (UGT y CCOO) y patronos (CEOE), y cuya plasmación de llama "convenio colectivo".
Pues bien La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha declarado nulo basándose en defectos de forma, el despido colectivo de 1.190 trabajadores que puso en marcha en enero la embotelladora única de la bebida, Coca-Cola Iberian Partners (CCIP) y que se saldó con 821 despidos y el cierre de cuatro fábricas. Justo cuando la empresa ya había había llegado a un acuerdo satisfactorio con la mayoría de estos trabajado abonando a cada uno de ellos 45 dias por año trabajado y otra serie de ventajas que superan con por mucho los despidos que se están haciendo actualmente.
Muchos de estos trabajadores ya habían iniciado una nueva vida con una jubilación anticipada que no habían soñado obtener. Esta resolución obliga a la readmisión de los despedidos, con abono de los salarios dejados de percibir. En cualquier caso, las dos partes pueden ahora negociar de nuevo y, si no se alcanza un acuerdo, los sindicatos podrán pedir a la Audiencia que ejecute la sentencia.
La resolución de la Sala explica que el origen del conflicto viene de la fusión de las ocho embotelladoras que la marca tenía en la Península Ibérica en una sola, en un proceso de integración del que resultó Coca-Cola Iberian Partners como compañía autorizada para preparar y envasar las bebidas en España y Portugal. Fruto de esa fusión, la compañía puso en marcha una serie deajustes que le permitieran un ahorro de costes, entre los que estaba reducir la plantilla a través de diferentes medidas como las prejubilaciones, las bajas incentivadas o las recolocaciones, así como los despidos forzosos en caso de que no se llegara al objetivo de la reestructuración.
Los sindicatos, especialmente CCOO se negaron a aceptar el acuerdo si ello suponía el cierre de fábricas, como efectivamente ocurrió con las de Fuenlabrada (Madrid), Palma de Mallorca, Alicante y Colloto (Asturias) y anunciaron desde el final del periodo de consultas que impugnarían el expediente. Finalmente, el juicio se celebró el pasado 3 de junio.
Ahora, esta situación en plena reestructuración va a producir un periodo de gran incertidumbre y perjuicio tanto a la empresa a la que obligaría a reabrir unos centros ya clausurado como a los trabajadores que menos los de Fuenlabrada que habían aceptado individualmente sus despidos o recolocaciones y habían muchos de ellos dado un nuevo giro a sus vidas. Esta sentencia que va a ser recurrida ya que se trataría de un pulso de los jueces de lo Social y los sindicatos UGT y CCOO que pierden protagonismo con la nueva ley dictada por el gobierno en contra de la negociación individual de cada trabajador con la empresa siempre que esto mejore las condiciones regulas en convenio. Se da la circunstancia que CCOO ha iniciado un ERE en Barcelona con sus propios trabajadores donde se les aplica solo 20 dias de indemnización cumpliendo con la última ley y en contra de lo que andan pregonando para otras empresas.
 El ERE de Canal Nou o de Telemadrid son otros ejemplos llamativos. De hecho, los expertos coinciden en que los jueces de los Social tumban una ingente cantidad de procesos bajo argumentos de todo tipo, dejando en mero papel mojado las mejoras que incluía la reforma laboral en el ámbito de los despidos colectivos, generando un halo de incertidumbre e inseguridad jurídica que se traduce, de una u otra forma, en menos inversión y puestos de trabajo.
Por ello, en España urge tanto desjudicializar el mercado laboral como despolitizar la propia Justicia. Las causas del despido, al igual que la contratación, no pueden ser objeto de judicialización más allá de la persecución de delitos claramente tipificados, tal y como sucede en muchos otros países con mercados de trabajo flexibles y tasas de paro irrisorias. Dificultar y encarecer el despido dificulta y encarece la creación de empleo.

3 comentarios:

  1. Pablo Blanco R

    Soy asesor laboral y es más fácil ganar apostando a que España va a ganar el mundial después del 5-1 de Holanda, que hacer un despido por causas objetivas y un juez de lo social te de la razón y confirme la indemnización en 20 días. Este caso pasa con iberian partners, pero en la empresa del pepe y manolo que son 2 autónomos con un trabajador con el que currar codo con codo, pasa lo mismo, solo que pepe y manolo son tan curritos como el trabajador y aún encima tienen que soportar una indemnización por dar trabajo a otra persona. Personalmente sigo asesorando a mis clientes dándoles el coste de un despido improcedente para que se hagan a la idea, y luego hacemos el despido objetivo a 20 días, de este modo si el trabajador no reclama los 20 días se consolidan, si el trabajador reclama y va a juicio la empresa ya sabe lo que le tocaba, porque en juicio pierde siempre. Me gustaría que se hiciera una estadística de cuantos despidos objetivos han sido declarados judicialmente procedentes, porque si nadie en España hace un despido objetivo, a lo mejor la norma que define lo objetivo es deficiente.

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  2. Jose Antonio Jimenez Talavera ·

    Que se sepa el ERE de coca -cola no se ajustaba a la reforma laboral ,ya que se daban 45 dias por año y 10.000 euros aparte ,la mayoria de la gente se ha apuntado de forma libre y se da opción a todo el mundo de colocarse,si una persona quiere firmar esta en su derecho igual que si no quiere hacerlo ,cuando una empresa quiere despedir va a hacerlo ,lo unico es que se acoga a la ley al hacerlo ,cosa que los sirvenguenzas de los sindicatos hacen para justificar sus despidos y luego van dando lecciones ,claro menudo chollo trabajar 13 dias al año a cambio de 110.000 euros como para no remover roma con santiago ,si se joden los ex-trabajadores pues que se jodan pero a ellos que no les toquen el chiringuito,mira que poco miran por los millones de despedidos que nos fuimos a la calle sin un duro .

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  3. Vicente Soriano ·

    ¿Quién toma las decisiones en las compañías: los jueces o los dueños? Pues los dueños pero con arreglo a la ley, que ya va bastante a favor de los dueños.

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