El momento procesal

Los analistas persisten en excusar la pasividad del Gobierno ante la situación política y financiera de Cataluña con la bobada de que todavía "no es el momento procesal" verán que tampoco lo será una vez que el presidente catalán haya convocado y hasta celebrado la ilegal consulta de marras.

Ahora la Abogacía del Estado trabaja sobre la resolución soberanista del Parlamento catalán mientras los legos en la materia disponemos de un tiempo extra para el asombro. Esta perplejidad viene provocada por la extendida opinión de que esa resolución no la puede impugnar el Gobierno por carecer de efectos jurídicos y prácticos. De ser cierto y fetén tal postulado, los Parlamentos autonómicos pueden aprobar cualquier disparate siempre que permanezca en el limbo de la mera retórica, el brindis al sol y el papel mojado: nadie podrá rechistarles.

Supongo que la excusa del PP pasará a ser la de un incumplimiento generalizado por parte de las autonomías, al que bien se podría sumar el de la propia Administración Central. A la espera de confirmarse la excusa oficial para no hacer cumplir la ley tampoco en este asunto, ya podemos analizar, sin embargo, las razones que ha dado el Gobierno del PP para seguir justificando su persistente pasividad ante el aún más grave desafío secesionista.

La excusa no es otra que el hecho de que la declaración aprobada en el Parlamento autonómico, que proclama al pueblo catalán "sujeto político y jurídico" y que reitera la determinación de convocar una consulta soberanista, carece de efectos jurídicos, por lo que no sería necesario recurrirla ante los tribunales ni proceder contra un ilícito que todavía no se ha producido, como es la convocatoria firme o celebración de esa ilegal consulta secesionista.

Yo tengo poca imaginación, pero a cualquiera se le ocurren media docena de burradas y otras tantas extravagancias. Pongamos que una Cámara autonómica aprueba una resolución declarando que, en un futuro, no descarta expulsar de su territorio a todas las personas que usan gafas; o que se interesará, más adelante, por facilitar los negocios a las mafias; o que, bien mirada, la esclavitud no estaba tan mal y quizá conviniera estudiar su implantación. Según la doctrina antedicha, al Gobierno no le quedaría otra que inhibirse en tanto esos dislates carezcan de consecuencias jurídicas.

La Constitución ofrece distintas vías para frenar tales desvaríos declarativos, que en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se traduce de esta guisa: Dentro de los dos meses siguientes a la fecha de su publicación (...) el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones normativas sin fuerza de ley y resoluciones emanadas de cualquier órgano de las Comunidades Autónomas. Mientras todo el mundo está esperando la respuesta a tamaño desafío. Sencillamente, desde el gobierno quieren creer que el problema es sólo catalán. Pero el problema está esencialmente en Madrid.