lunes, 14 de enero de 2013

Tribunales de incompetencia


Los Tribunales de la Competencia por su nombre parece que son entes con mas capacidad para ejercer los derechos de los ciudadanos frente a abusos de empresas multinacionales o parecidas cundo las oficinas de consumo o las juntas arbitrales de consumo municipales o autonómicas no pudieran dar salida a sus reclamaciones, perecerían unos tribunales de mas alta instancia donde los  consumidores  estafados pudieran recurrir.

Pues no, no sirven para eso. Según dice su página web sirven para que “El beneficiario último de las políticas de defensa de la competencia ha de ser el consumidor. La eficiencia productiva que se logra en un contexto de competencia efectiva se traslada al consumidor en la forma de menores precios o de un aumento de la cantidad ofrecida de los productos, de su variedad y calidad, con el consiguiente incremento del bienestar del conjunto de la sociedad. La competencia, de hecho, permite que determinados servicios que antes eran considerados un lujo puedan ser usados por personas con menor renta gracias a que sus precios se reducen notablemente”.

Enseguida aclaran por si algún despistado se le ocurriera acudir a estos “tribunales” que: “Una vez afirmado el importante rol de la política de defensa de la competencia para los consumidores, es importante señalar, sin embargo, que la Comisión Nacional de la Competencia no tiene entre sus competencias la defensa directa de los derechos de consumidores y usuarios. La intervención de la Comisión Nacional de la Competencia sólo es posible cuando se halle amenazada la competencia en cuanto interés público.”

Existen actualmente una docena de organismos regionales con este nombre dependientes de las distintas autonomías han sido creados a raíz de una ley de 2002 dando poder a las autonomías para ejercer en esta materia en los distintos territorios a semejanza del que existe a nivel nacional. Desde entonces solo las Comunidades de Madrid y Castilla la Mancha han decidido cerrarlos ya que su efectividad es nula.

Si esta efectividad es nula la dan las cifras: En diez años los doce tribunales restantes han impuesto un total de 56 sanciones por las que solo han recaudado 5 millones de euros en concepto de multas. En cambio estos tribunales cuestan anualmente a las arcas públicas la friolera de 60 millones de euros.

Con estos presupuestos está claro que los componentes de dichos “tribunales regionales” suelen gozar de elevadas remuneraciones que solo están a disposición de quienes acrediten ser alguien afín o ex dirigente de los partidos gobernantes en la autonomía respectiva. Otro momio  a disposición de la casta política.

El Gobierno ha anunciado que está preparando un borrador de Ley  de Unidad de Mercado con el fin de suprimir toda aquella legislación contradictoria y eliminar duplicidades en esta materia. Este debería de ser el momento de eliminar y reducir a uno solo en el menor de los casos, estos caros e inútiles Tribunales regionales de la Competencia. 

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