El doble fracaso de la amnistía fiscal

El Ministerio de Hacienda ha informado que sólo ha recaudado 52 millones en los dos primeros meses en los dos primeros meses de vigencia de la discutida “Amnistía fiscal”. La cifra está muy lejos de los 2.500 millones que pretende ingresar el Gobierno por este proceso que se cerrará el próximo 30 de noviembre e implica que los defraudadores han regularizado unos 500 millones de euros frente a los 25.000 que auguraba el Ejecutivo. De seguir este ritmo, los ingresos que obtendría Hacienda de este controvertido proceso superarían a duras penas los 150 millones de euros.

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), una de las organizaciones más representativas del colectivo que tiene la misión de asesorar a los contribuyentes que quieran ponerse al día con Hacienda aprovechando este proceso, advirtió hace poco más de un mes al Gobierno de que las condiciones legales de la regularización seguían sin dar a sus clientes la seguridad de que no habría futuras represalias contra ellos y expresaban, asimismo, su temor en relación a los recursos contra la amnistía planteados ante la Audiencia y el Tribunal Constitucional, ya que podrían acabar declarándola ilegal con consecuencias imprevisibles para sus clientes.

La otra parte implicada, los inspectores de Hacienda, el colectivo que debe gestionar las declaraciones de regularización de los defraudadores cuyo trabajo consiste en perseguir, entienden que los resultados recaudatorios de la amnistía fiscal demuestran que ésta fue "una mala decisión, que nunca se debería haber adoptado y que no ha merecido la pena", en palabras de Francisco de la Torre, secretario general de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, representativa de 1.400 inspectores, la práctica totalidad del colectivo. "Merecería la pena que el Gobierno la retirara".

Buscando causas, se podría achacar a la difícil situación económica de España. En un momento en el que se está produciendo una fuerte huida de capitales por las dudas sobre la situación financiera del país no parece el mejor momento para repatriar dinero.

Si añadimos a esta noticia el mal precedente que se ha sembrado ante la opinión pública. las criticas desde los países socios de la CE y las dudas sobre la seguridad jurídica de la regularización, los recursos pendientes en los tribunales de justicia mas el contexto económico de España inhiben al parecer la repatriación de capitales por parte de los evasores, llegaremos a la conclusión que el ministro Montoro, no solamente se ha equivocado al plantear una medida que va en contra la justicia tributaria, sino que a fin de año habrá aumentado el déficit con estos 2.000 millones que dejaran de recaudarse.