Tormenta en la fiscalía anticorrupción

El fiscal jefe anticorrupción Manuel Moix

La presunta falsa denuncia de Rafael Pallardó por recibir coacciones de los fiscales anticorrupción José Grinda, Fernando Bermejo y Juan José Rosa, asumida sin mas mínima comprobación por parte de su jefe Moix y la destitución fulminante de los denunciados sin preguntarles por el asunto, ha sido el detonante para que todo el cuerpo de fiscales se haya amotinado frente al fiscal jefe, Manuel Moix y hayan tenido que recurrir en amparo al Fiscal General del Estado. 

Someramente, Pallardó sostiene que en una reunión mantenida con los fiscales Fernando Bermejo, José Grinda y Juan José Rosa, el 12 de marzo de 2015, en Barcelona, éstos le coaccionaron para declarar que Jordi Pujol y su mujer, Marta Ferrusola, habían movido dinero en Andorra, a través del BPA, cuando esos datos eran del todo falsos. En ese momento, Bermejo era fiscal de Anticorrupción en Cataluña e investigaba a los Pujol. Y los otros dos fiscales eran quienes tenían a Pallardó investigado en la Audiencia Nacional por el caso Emperador, por blanquear dinero a la mafia china.

Fuentes de la Fiscalía corroboran que en esas fechas los fiscales señalados no se encontraban en Barcelona por lo que difiilmente podría haberse realizado esta reunióm. Exceptuando Bermejo que entonces estaba destinado en Barcelona, Grinda y Rosa en aquellas fechas no se habían trasladado a Barcelona, tal y como lo demuestran las comisiones de servicio que deben realizar en cada uno de sus desplazamientos, con el conocimiento del fiscal jefe.

La petición supone dos cosas inusuales: dar crédito sin más a la denuncia de un imputado y tramitarla sin haber oído previamente la versión de la otra parte, según la cual fue el propio denunciante quien les pidió dinero a cambio de una declaración inculpatoria. Los fiscales bajo sospecha han conseguido que todos sus compañeros de la fiscalía Anticorrupción firmen el documento en el que solicitan amparo ante el Consejo Fiscal que se celebrará el miércoles y el jueves. Es la primera vez que sucede algo así.

El denunciante Rafael Pallardó es un viejo conocido de la justicia, investigado por blanquear dinero de la mafia china de Gao Ping. Pallardó qie trabajaba para la Banca Privada de Andorra y hace dos años pidió que la Policía le protegiera porque estaba siendo amenazado por los chinos o por el sector bancario andorrano. Dos años después, cambia de estrategia y decide denunciar a los fiscales de Anticorrupción que le investigan para, según fuentes fiscales, favorecer a la familia Cierco, dueños del BPA, a la que señaló dos años antes.

Este presunto error del jefe, que debia ser resuelto con mas explicaciones, menos publicidad y mas mano izquierda, que su carencia ha sido el detonante para que los partidos de la oposición armen un verdadero barullo en el Congreso por  la segunda batalla consecutiva que libra el fiscal jefe Anticorrupción contra los fiscales de su departamento. La primera tuvo lugar tras la negativa de los fiscales de la operación Lezo a acatar la orden jerárquica de limitar los registros en el Canal de Isabel II a documentos posteriores a 2001. 

Cuando los discrepantes invocaron el artículo 27 del estatuto de la carrera fiscal, todos los medios dimos a entender, porque así lo habían vendido las fuentes interesadas, que la orden de Moix pretendía proteger a Ignacio González. Pero no era verdad, Moix jamás trató de dificultar los registros que pudieran aportar pruebas incriminatorias contra el ex presidente de la Comunidad de Madrid. 

Asi han acabado los socialistas los antisistema y especialmente los nacionalistas catalanes que ya tenían a estos fiscales soplándoles las orejas por el caso 3%, pidiendo la dimisión del Fiscal Jefe de anticorrupción, el Fiscal Anticorrupción o el ministro de justicia. La escaramuza no revestiría mayor importancia si no fuera porque, esta vez, ni Catalá ni Maza que no han tenido la habilidad de explicar lo realmente ocurrido, son los verdaderos trofeos de la cacería. Por elevación piden la dimisión del propio Mariano Rajoy.

Los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo a la entrada de un registro en el 'caso 3%'. Efe