El plurilingüismo de Marzà, paralizado cautelarmente por el TSJCV

El conseller de Educación Vicent Marzà.
Vicent Marzá

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha suspendido de forma cautelar el decreto de plurilingüismo del conseller de Educación, Vicent Marzà, a partir del recurso presentado por la Diputación de Alicante contra la nueva normativa y en el que solicitaba a su vez la paralización del decreto hasta que el tribunal resuelva.

En su resolución, la Sala señala que "todo lo resuelto en este Auto se refiere única y exclusivamente a la medida cautelar, no al fondo del recurso y en absoluto se prejuzga nada de lo que pueda resolverse en su día en la sentencia que se dicte, tras los trámites correspondientes de alegaciones y prueba. Cualquier declaración que haga la Sala en este auto sólo se refiere a la medida cautelar solicitada por la Diputación Provincial de Alicante".

El auto afirma que, "de no adoptarse la solución de paralizar su ejecutividad, podrían producirse graves daños y perjuicios de reparación imposible o difícil para los intereses y derechos de la parte recurrente y el servicio público no resulta afectado". Además, "resulta evidente que de no suspenderse hasta que recaiga sentencia un gran número de alumnos podrían ver sus derechos disminuidos en relación a la acreditación de idiomas". Y agrega el auto: "Pese a lo que alega el letrado de la Generalitat, existe una diferencia entre las acreditaciones de los idiomas en los niveles básico, intermedio y avanzado".

"No se puede construir una sociedad mirando solo lo que nos separa", ha indicado César Sánchez, "sino mirando lo que nos une y lo que tenemos en común, ni atacando la realidad sociológica de esta provincia, que es castellano hablante y valenciano hablante. No se puede atacar una lengua que es hablada por más de 500 millones de personas en el mundo".

El tribunal autonómico acepta el recurso de la Diputación de Alicante contra el decreto de Educación. El Consell, al que César Sánchez propone "un pacto por la Educación", tiene 5 días para recurrir la resolución.En este sentido, ha propuesto al Gobierno valenciano "un pacto por la Educación". "En esta provincia es donde se han producido los mayores ataques y la opresión de un Consell que no habla, impone", ha recalcado.

El tribunal se pronuncia así exclusivamente sobre la solicitud de la medida cautelar de la Diputación y en ningún caso sobre el fondo del asunto. Para los magistrados, "no es frecuente que una administración tome la iniciativa en defensa de sus ciudadanos frente a lo que considera una disposición general contraria a derecho" y, por ello, la Sala "tiene en consideración esta circunstancia".

César Sánchez y Carlos Castillo

El presidente de la Diputación alicantina, el popular César Sánchez, ha manifestado que "creo honestamente que el señor Puig y la señora Oltra viven en el pasado con debates decimonónicos y que no se han dado cuenta de que la sociedad valenciana ha avanzado y mira al futuro de otra manera", ha apuntado el popular, quien ha subrayado que "no se puede cambiar un modelo de sociedad a base de decretos, imposiciones, opresión y falta de libertad en menos de dos años".

Sánchez ha pedido valorar que la Comunitat Valenciana forme parte "de un país que habla el castellano, con más de 500 millones de personas que lo hablan en el mundo, con la identidad que tenemos en nuestra tierra del valenciano y con la oportunidad que supone que el inglés sea una tercera lengua que abra oportunidades a nuestros jóvenes en un futuro cada vez más globalizado".

Los padres

Desde el Foro de padres por el derecho a elegir la lengua vehicular de sus hijos, los representantes de los centros tanto públicos como concertados que salieron a la calle el viernes pasado para reclamar precisamente que se retirara el decreto de plurilingïismo, celebran el auto del TSJ y piden al conseller un consenso real.

"Tanto el conseller Marzà como el president Puig deben aprender de esta crisis y gobernar para todos", señala Ramón López, por Covapa.

También reclaman un nuevo proceso de matriculación por entender que hay familias que habían decidido cambiar de centro por motivo el nivel de la lengua que se iba a impartir "y con este fallo cambian las reglas del juego", insiste López.

"El estatus para elegir centro ahora ya no es el mismo. Nos gustaría que ahora pusiera sobre la mesa un nuevo borrador a partir de expertos y con la participación de todos. Esto no va en contra de ninguna lengua sino por la libertad de elección", conluye este portavoz.

Comentarios

  1. Libertad Digital

    La llegada del PSPV al gobierno de la Comunidad Valenciana de la mano de Podemos y Compromis ha supuesto un doble ataque a la libertad de los padres en el ámbito educativo. Por un lado, la consejería de Educación que dirige Vicent Marzá (Compromis) ha restringido la libertad de elección de centro escolar mediante la paulatina supresión de los conciertos con las escuelas privadas y mediante la coactiva asignación de centro escolar en función de la residencia del alumnado. Por otro lado, el mal llamado "decreto del plurilingüismo" trata de imponer el valenciano mediante una artera maniobra consistente, básicamente, en vincular un mayor nivel de inglés a la elección del valenciano como lengua en la que se enseñe un mayor número de asignaturas. De esta forma, sólo los alumnos que cursen el programa mayoritariamente en valenciano obtendrán de manera automática al terminar sus estudios de Bachillerato el certificado de B1 en Inglés. Sin embargo, los alumnos formados en programas que opten por el castellano, deberán acudir a academias o centros de idiomas si quieren obtener el título de inglés correspondiente.

    Para colmo, es la dirección de cada uno de los centros escolares, sin contar apenas con el concurso de los padres, los que han recibido la potestad de elegir entre los seis niveles que la Consejería de Educación ofrece en función de la menor o mayor presencia del valenciano. De nada ha servido la multitud de manifestaciones que profesores y asociaciones de padres han realizado en Castellón, Valencia y Alicante contra esta artera maniobra de ingeniería social. Téngase en cuenta que el castellano es la lengua materna de la inmensa mayoría de los valencianos y lo es hasta tal punto que incluso en muchísimos municipios pertenecientes a la llamada "zona de predominio lingúistico valenciano" sólo un tercio de la población residente utiliza la lengua valenciana siempre o más que la castellana en el hogar.

    Con todo, la cuestión no radica en la defensa de una lengua frente a la otra, sino en la defensa de la libertad de elección de los padres y del derecho a estudiar en una lengua u otra sin ser penalizado con una menor enseñanza de una lengua tan importante como es el inglés.

    La decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de suspender cautelarmente este decretazo lingüístico, tal y como había solicitado el recurso planteado por la Diputación de Alicante, abre la puerta a la esperanza pero no olvidemos que de nada servirá que los tribunales fallen definitivamente a favor de la libertad y de los preceptos constitucionales –o a favor del recurso que también se ha planteado contra la supresión de los conciertos- si luego el Gobierno de la nación no hace cumplir la ley y las sentencias. Y si no, recuerden lo que sucede en Cataluña.

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