"La Habilitante"

La  “Habilitante”

Hugo Chávez ha conseguido su propósito, convertirse él solito en el poder legislativo de la nación venezolana promulgando la llamada “Ley Habilitante” con la excusa de los temporales de lluvia, que le da poderes para legislar por decreto durante 18 meses.

Le han bastado solo tres meses de maniobras arteras y democráticamente inadmisibles apoyado por parte de la asamblea saliente para que el poder legislativo reconquistado por la Venezuela, en la elecciones que ya fueron trampeadas por el mismo Chávez se haya quedado en agua de borrajas. Los venezolanos fueron sorprendidos cuando el último día de este plazo, aparecieron unas 26 leyes aprobadas en Gaceta, sin que nadie conociera su contenido ni se supiera sobre discusión alguna al respecto. Esta maniobra se ha venido a conocer como el Paquetazo. Un ramillete de leyes, aprobadas con prisa durante el último trimestre, han dejado la Asamblea Nacional convertida en un florero inservible que en poco o nada incomodarán al autócrata durante, como mínimo, el próximo año y medio.

Esta ley permite, por ejemplo, que Chávez haga y deshaga a placer en temas vitales como ordenación territorial, uso de la tierra, sistema socioeconómico o los capítulos relativos a las finanzas públicas y el fisco. Esta ley le da más poder del que ha tenido nunca y convierte a Venezuela en una dictadura de facto. Para evitar las críticas por parte de los medios de comunicación independientes que aún subsisten, los diputados salientes –todos adictos al Palacio de Miraflores– han creado sendas leyes-mordaza que regulan el uso de internet y ponen a cadenas disidentes como Globovisión contra las cuerdas.

“La verdadera diferencia entre aprobar leyes en la Asamblea y aprobarlas mediante decretos legislativos y habilitantes, es que con la habilitante la población, fuerzas políticas y organizaciones sociales no conocen el proyecto y no pueden opinar sobre él, no lo pueden discutir, y así no hay discusión pública, democrática ni participación. El único propósito es impedir la participación popular, una discusión a través de los medios de comunicación que pueda generar un clima de opinión pública negativo frente a esos proyectos de ley”, explica el profesor de derecho constitucional de la Universidad del Zulia.