domingo, 19 de abril de 2015

El saqueo de Andalucia 139 - Los mineros de Chaves




La Guardia Civil constata en un reciente atestado del caso ERE que el ex presidente andaluz Manuel Chaves conoce el fraude desde al menos 2004, cuando un grupo de mineros de Huelva denunció ante él por escrito que su Gobierno estaba pagando prejubilaciones a personas que no cumplían los requisitos para ello porque «no habían visto la mina ni por dentro ni por fuera». En vez de abrir una investigación, la Junta de Andalucía encubrió el escándalo prejubilando, también de forma fraudulenta, a los propios denunciantes.

El equipo de delitos económicos y tecnológicos de la unidad orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva asegura que «el conocimiento de las irregularidades no se puede delimitar únicamente a los participantes reseñados, dado que, como acreditan diversos escritos, llegaron noticias de las mismas a la Presidencia de la Junta de Andalucía, al Parlamento andaluz, a la Consejería de Empleo y por supuesto a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social».

La Guardia Civil advierte de que, «curiosamente, todos y cada uno de los individuos que reclamaban ser perceptores de rentas de prejubilación (pese a no reunir los requisitos) y transmitían su queja a las administraciones anteriormente reseñadas [entre ellas la Presidencia de la Junta] eran incluidos posteriormente en alguna de las pólizas» pagadas con fondos públicos. El atestado ha sido remitido a la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.

Chaves culpó al Gobierno del PP

El ex presidente andaluz Manuel Chaves se defendió en su día acusando del fraude al Gobierno de José María Aznar en la legislatura 2000-2004, que cofinanció las prejubilaciones de la minería de Huelva.

Cuando EL MUNDO destapó el caso de los 'mineros de Chaves', éste instó a «acudir a Zoido», alcalde de Sevilla, asegurando que fue él, en su etapa de delegado del Gobierno en Andalucía, quien «confeccionó la lista de trabajadores que se incluía en el ERE». La Guardia Civil desmonta también esta tesis, que Chaves no ha dudado en repetir días atrás en su comparecencia como imputado ante el Tribunal Supremo. Los agentes consideran que el papel del Gobierno central fue «escrupuloso» y que, en cambio, la Junta dio las ayudas «sin control alguno y arbitrariamente».

Los mineros enviaron un fax a Chaves el 30 de diciembre de 2011 en el que, entre un largo número de irregularidades, le informaban de que había «compañeros que no han sido ni mineros y que están prejubilados». El presidente tramitó la queja ocho días después, el 7 de enero de 2004, pero no como un posible caso de fraude sino como una denuncia de «discriminación».

Así se desprende de la carta que la jefa de la oficina del presidente, Priscila de Domingo, remitió a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico en la que señalaba que, «por indicación del excelentísimo señor presidente le adjunto escrito (...) denunciando discriminación a la que han sido sometidos siete mineros. A los efectos oportunos». Esos efectos fueron las prejubilaciones de los denunciantes, que la Guardia Civil cree fraudulentas.

A este grupo se la ha denominado los 'mineros de Chaves' que, según los agentes del equipo de delitos económicos y tecnológicos de la Guardia Civil de Huelva, «pese a no cumplir los requisitos, son incluidos (...) en un suplemento en la póliza de Bolsa de Tharsis» tras quejarse ante el presidente.

Tras cursar Chaves la denuncia de los mineros como un caso de «discriminación», el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera, lo remitió al delegado de su departamento en la provincia de Huelva, Manuel Alfonso Jiménez. Meses antes, en el verano de 2003, este político ya se había reunido con los mineros, negándoles que tuvieran derecho a prejubilarse. «Se cerró a todo» se lee en la documentación en poder de este periódico sobre aquella reunión.

De hecho, cuando en febrero de 2012 recibió de nuevo la petición de los mineros, esta vez tras interceder Chaves, el delegado provincial también se negó. Ese mismo día, cesó como delegado de la Consejería de Empleo en Huelva, siendo incluido en las listas del PSOE a las elecciones autonómicas celebradas el 11 de marzo de 2004.

En el escrito remitido a Chaves, los mineros se presentaban como «socialistas y ugetistas» y señalaban que con su denuncia «no queremos dañar a nadie, sólo queremos nuestros derechos igual que los demás». Prueba del descontrol que había con los ERE, aseguraban que quien se negó a prejubilarlos no fue la Junta sino un dirigente del sindicato UGT.

El atestado policial ha analizado exclusivamente al ERE de la Faja Pirítica de Huelva, un macroproceso de prejubilaciones que acabó costando a la Junta de Andalucía al menos 138,2 millones de euros. La Junta debía haber puesto 34 millones, lo mismo que aportó el Ministerio de Trabajo, que según la Guardia Civil cumplió escrupulosamente la ley, pero la inclusión de intrusos entre los prejubilados acabó disparando la parte autonómica. Cada vez que la Junta aprobaba un nuevo desembolso hacía constar que el Ministerio pagaría el 50% «a sabiendas de su falsedad».

Los agentes indican en el atestado que estas ilegalidades se cometían a instancias de los sindicatos «o bien a través de presiones políticas» elevando la responsabilidad por encima de los directores generales Javier Guerrero y Juan Márquez, a los que considera mera «correa de transmisión».

El papel de los sindicatos CCOO y UGT es determinante, a juicio de los agentes, que encuentran indicios de un presunto delito de malversación de fondos contra el actual secretario general de CCOO de Andalucía, Francisco Carbonero, y de su homólogo en UGT hasta 2013, Manuel Pastrana. CCOO de Andalucía negó ayer que existan irregularidades en los ERE atribuibles a la estructura del sindicato.

Además, la Guardia Civil observa indicios de prevaricación y malversación por parte del ex consejero de Empleo y hoy diputado en el Congreso, José Antonio Viera, por lo que es posible que el documento acabe siendo remitido a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, competente en el caso de los aforados.

La Guardia Civil concluye que 334 de los 1.169 beneficiarios de ayudas vinculadas al ERE de la Faja Pirítica de Huelva eran intrusos, toda vez que no reunían los requisitos para ello. O nunca habían trabajado en la mina, o no tenían la edad mínima para poder prejubilarse, o ya estaban recolocados cuando recibieron los fondos públicos.

1,54 millones en comisiones a UGT y CCOO

La Guardia Civil sostiene que los sindicatos UGT y CCOO percibieron en total más de 1,54 millones de euros en comisiones por su asesoramiento en el expediente de la Faja Pirítica de Huelva.

En concreto, UGT ingresó 1,22 millones a través de Atlantis Asesores SA, ASP y Temiqui SA y Comisiones Obreras otros 319.330,77 euros por medio de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A.

En el informe enviado a la juez Alaya, los investigadores consideran que esos fondos se ocultaron «en una facturación falsa», toda vez que fue la oficina habilitada por la mediadora Uniter en Valverde del Camino la que «realmente gestionó administrativamente las pólizas desde el año 2004».

Los agentes han analizado uno por uno los casos de las 1.169 personas que recibió algún tipo de ayuda en relación con la Faja Pirítica de Huelva -formada por Minas de Río Tinto, Minas de Almagrera, Navan Resources, Filon Sur, Nueva Tharsis, Bolsa de Tharsis, Insersa y Minas de la Herrería- a partir del acuerdo marco que en septiembre de 2002 suscribieron las administraciones estatal (PP) y autonómica (PSOE) para paliar el grave impacto en la zona de la crisis de la minería.

Mientras que la Guardia Civil considera que la actuación del Gobierno central fue escrupulosa, cumpliendo la ley y los plazos de pago del dinero comprometido, la Junta creó «un atajo» que le permitió conceder ayudas a colectivos «sin que todos sus integrantes cumplieran las condiciones para recibir las mismas». Ello, razonan los agentes, les permitió comprar “el favor popular” para asegurarse la «paz social» en la comarca.

En el informe, los investigadores policiales constatan la existencia de «innumerables irregularidades» y llegan a la conclusión de que casi un tercio de los prejubilados de la Faja Pirítica de Huelva no debió beneficiarse de esas ayudas. La Guardia Civil utiliza el término «intruso» para referirse a todos esos beneficiarios en situación irregular.

Sin pisar la mina

Algunos de los prejubilados no habían trabajado nunca en la mina y fueron incluidos como falsos trabajadores. Es el caso de Agustín Moreno Reviriego, ex alcalde socialista de la pedanía jerezana de Torrecera ya imputado por la juez Mercedes Alaya, Más de un centenar serían intrusos -según la Guardia Civil- por tener menos de 55 años de edad bonificada a 31 de diciembre de 2003, el año en que se firmaron las pólizas.

En sus resoluciones de ayudas extraordinarias a los mineros de Huelva, el Ministerio de Trabajo fundamentaba la competencia para la concesión para aquellos trabajadores «con 55 años o más» que habían sufrido un ERE en las citadas minas. La Junta impuso su propio criterio y rebajó a 50 años la edad para poder acogerse a las medidas sociales, según ha constatado la Guardia Civil.

José Antonio Viera, tras salir de declarar en el Tribunal Supremo.
En este punto, los investigadores llaman la atención sobre el destacado papel que habrían desempeñado UGT y CCOO. «Los sindicatos obtuvieron una posición de poder que les permitió no sólo determinar quién entraba en los listados o no, sino articular una serie de falsedades (en las edades químicas) con el fin de obtener un mayor número de beneficiaros de los que realmente cumplían los requisitos. Además, adaptaban las peticiones en función de la Administración, lo que hizo que a la Junta de Andalucía le remitía un listado de trabajadores mayores de 50 años y, en cambio, sabedores de que la Administración estatal iba a ser escrupulosa con la legislación, mandaron un listado de ex trabajadores mayores de 55 años», concluye.

Los agentes también han identificado 22 casos en dos pólizas de prejubilados -concretamente 19 en la de Minas de Río Tinto y tres en la de Almagrera- de personas que tenían más de 65 años de edad bonificada a 31 de diciembre de 2003. Otro grupo de intrusos está formado por perceptores de ayudas cuyos nombres no figuraban en el ERE ni en los listados de la Delegación de la Consejería de Trabajo en Huelva. En muchos casos, la inclusión se producía después de que UGT lo solicitara al director general de Trabajo.

Asimismo, los investigadores describen otro colectivo al que no le correspondería las ayudas por estar ya sus integrantes recolocados o no encontrarse en situación de desempleo cuando recibieron las ayudas.Entre los trabajadores que fueron prejubilados, a pesar de que cuando se aprobaron los ERE de la minería de Huelva fueron recolocados en empresas agrícolas y en la sociedad pública Egmasa, están los mineros que en 2004 denunciaron por escrito ante Manuel Chaves la existencia de fraude en un ERE financiado por la Junta. Los acuerdos firmados por la crisis de la Faja Pirítica impedían prejubilar a quienes se beneficiaran de ayudas para la reinserción laboral.


Por todo ello, la Guardia Civil señala la responsabilidad de José Antonio Viera, consejero de Empleo cuando se firmó el acuerdo marco; de los ex directores generales de la Junta Javier Guerrero y Juan Márquez, y a de varios dirigentes sindicales, como Manuel Pastrana (ex líder de UGT-A) y Francisco Carbonero (CCOO).

9 comentarios:

  1. Eladio Mesa Gallardo

    Por fin. Este coriano postiso y casta pa dentro

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  2. winnipeg

    Jejeje, y la Sra. Díaz sin enterarse: Vamos hombre¡¡. Ahora, después del reparto de portavoces que se han currado, dejando al PP en la mas absoluta minoría, solo falta que estos partidos políticos...Podemos, ciudadanos e I Unida le hagan el juego mas todavía; los esperaremos en las urnas el 24 el mayo para decirles lo que es democracia a nivel nacional y no la esgrimida en feudos.

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  3. ANO_nymous

    Pronto sera la feria de Abril y con unos rebujitos y una tapita de calamares las penas son menos. ¡ALEGRÍA! ¡ALEGRÍA!

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  4. Juan Gutierrez Garcia juanguga

    Pues nada contra estos ni una pancarta, al contrario presumiento en sus pueblos de lo que han trincao. El malo es Rato que lo que ha hecho es lo yo y todos haríamos, tratar de ni pagar los impuestos por "su" dinero.

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  5. Julio Perez Garcia

    XAVIER, tendrán mineros pero están muy panchos, el trió, Chaves, Griñan, y Zarrias, ¿pero pasa algo en Andalucía, pues estos pájaros siguen en sus puestos cobrando de nuestros impuestos, aquí en ESPAÑA el único que a cometido algo es Rato, y se lo llevan como un delincuente, ¿y que pasa con este trio y con la familia Pujol? ni detenidos y riéndose de los ESPAÑOLES, ¿ quien tiene la culpa de esto, la policía, los jueces, o el PP? que nos den una explicación lo queremos saber y tenemos derecho.

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  6. Salvador Montijano

    Éste es un ejemplo del por qué en las elecciones autonómicas andaluzas, ganan y vuelven a ganar los sociolistos. Todo esos beneficiados que no tenían por qué serlo, al no reunir las condiciones, ¿a quién creen vdes. que van a votar?. Por supuesto los que si tienen derecho también votan a los mismos. Son, sin duda alguna, votos comprados y bien pagados y ésto, viene repitiéndose durante los más de treinta años que los sociolistos están gobernando en la Junta de Andalucía, Por lo tanto. no nos extrañemos de los resultados electorales y, de que la próxima vez vuelvan a salir los mismos. Lo que no sé decir es, cómo se arregla ésto.

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  7. Rigo Artiles

    Cada día, la Junta de Andalucía viola los derechos fundamentales a mí y a mis cinco (5) hijas, al prohibir las comunicaciones entre nosotros desde hace más de un año y sin haber cometido delito. Esta violación es efectiva entre mis hijas y yo y entre ellas mismas.

    El artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la que España es signataria, establece que:

    "Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques".

    Este artículo se lo pasan por el forro las siguientes instituciones españolas:

    - Servicios Sociales de Utrera
    - Equipo de Tratamiento Familiar de Utrera
    - Equipo 5 de Protección de Menores de Sevilla
    - Fundación Márgenes y Vínculos
    - Policía de Menores (APROME) de la Junta de Andalucía
    - Defensor del Pueblo Andaluz
    - Juzgado de Familia No 6 de Sevilla
    - "Equipo Psicosocial" de dicho Juzgado

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  8. Charly Cooper

    Una vergüenza que no estén en prisión provisional y con embargos preventivos.

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  9. Antonio Martinez de Saavedra

    Van 139 entregas del saqueo de Andalucía. Interesante blog.
    ¿Lo leen jueces, fiscales, abogados y demás?
    ¿Por qué los saqueadores siguen en la calle ¡y en las Cortes! en vez de hacer compañía a Rato, Pujol, Bárcenas, etc. ?

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