El dinero del FLA sirvió para financiar el golpe de 1-O

La Policía Nacional en la puerta de la incineradora de Sant Adrià (Barcelona). JOAN SÁNCHEZ

El juez halla un desvío de tres millones para el ‘procés’ en los papeles que iban a quemar los Mossos. El dinero procede supuestamente del dinero del FLA que entregó el Estado a la Generalitat para afrontar deudas e impagos. 

El juzgado de Juan Antonio Ramírez Suñer, el de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga delitos relacionados con el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña, ha destapado apuntes contables que suman algo más de tres millones de euros procedentes del Estado y desviados al proceso separatista. El descubrimiento lo han propiciado los papeles interceptado el 26 de octubre por la Policía Nacional.(30 cajas repletas de documentos en un furgón) que querían quemar efectivos de los Mossos d’Esquadra en una incineradora en Sant Adrià de Besòs (Barcelona), en pleno fragor separatista, según fuentes de la investigación.

Todo el mundo lo sospechaba pero hasta ahora permanecía en las conjeturas. Ahora ya se puede decir. Desde la Conselleria de Economia de la Generalitat se estaban desviando grandes sumas de dinero del FLA remitidos desde el Estado Español, destinados al pago finalista a proveedores, sanidad, farmacia etc. hacia los terminales propagandísticos del "Procés" separatista. Desde el Ex-Vicepresidente Oriol Junqueras, su segundo Juvé hasta Omnium Cultural y la ANC mas los Mossos de Escuadra, todos estarían bajo la lupa de la justicia.

El furgón se dirigía el pasado 26 de octubre a la citada planta cuando fue interceptado por agentes de la Policía Nacional, que decomisaron las cajas tras un tenso diálogo con los Mossos que viajaban en el furgón que las transportaban. Los Mossos exigieron a los agentes de la Policía Nacional, que recibieron un chivatazo previo sobre esta misión, una orden judicial que, con el furgón detenido, llegó en cuestión de horas a Barcelona procedente de Madrid y firmada por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien lleva ahora la causa contra el exjefe de la policía catalana, Josep Lluis Trapero, y una de sus subordinadas.

Las primeras pesquisas apuntan a que esos más de tres millones proceden del Fondo de Liquidación Autonómica (FLA) que habilitó el Gobierno central para todas las comunidades a raíz de la crisis y para afrontar deudas e impagos de la Generalitat. Este dinero es distinto del que supuestamente han recibido asociaciones independentistas como Òmnium Cultural en subvenciones del Gobierno del expresidente Carles Puigdemont y que en este momento está investigando, en apoyo de la Guardia Civil de Cataluña, la Unidad Central Operativa, la UCO. Es un dinero de las arcas del Estado desviado a un fin ilícito, señalan fuentes de las pesquisas.

Cuando el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro decidió intervenir las cuentas de la Generalitat a mediados del pasado septiembre (de las que entonces respondía el exvicepresidente hoy preso en Estremera Oriol Junqueras), anunció, a la vez, que su departamento vigilaría especialmente el destino de las entregas de dinero estatal a la Generalitat. Según los citados medios, los papeles hallados cierran el círculo de un descuadre que también asciende a tres millones y que había sido observado por Hacienda al analizar las cuentas de la Generalitat, una vez intervenidas. Y apuntan a que ese dinero fue desviado al procés.

Estos tres millones son distintos del dinero en subvenciones que supuestamente han recibido asociaciones independentistas como Òmnium Cultural

El juez sustituto de Ramírez Suñer, quien se acaba de reincorporar al juzgado tras una baja médica, llamó hace un mes a la Abogacía del Estado para ofrecerle intervenir en el proceso en calidad de posible perjudicada, y ante la sospecha de que el dinero es del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), de la Administración General del Estado, y en este caso no específicamente de la Generalitat, lo que puede constituir otro delito de malversación de caudales públicos.

La Abogacía del Estado se ha personado ya en el Juzgado 13 y la intención es pedir al juez Ramírez Suñer que se inhiba de este aspecto en favor del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa matriz de los casi 40 procesos judiciales que hay abiertos en este momento en juzgados y tribunales de Cataluña y Madrid. Pretende que sea Llarena, el juez que tiene en prisión a Junqueras y a los Jordis, el que asuma esta nueva malversación, que es uno de los tres graves delitos, junto a rebelión y sedición, que ya indaga este magistrado del Supremo. El delito de malversación lleva aparejadas penas de hasta ocho años de cárcel.

La UCO, que rastrea por su lado presuntos desvíos de dinero público de la Generalitat con fines independentistas, ha hallado hasta ahora pagos en publicidad prosecesionista del Gobierno de Puigdemont y subvenciones millonarias durante años a asociaciones con fines separatistas. La investigación de la UCO, muy compleja, ya está dando frutos, según fuentes jurídicas. La Asociación Ómnium Cultural, presidida por Jordi Cuixart, preso en Soto del Real junto a Jordi Sánchez (expresidente de la ANC), es supuestamente la más beneficiada. También investiga la UCO si empresarios nutridos de adjudicaciones de la Generalitat han pagado a cambio de sufragar actos ilegales. Algunos tiene ya en su lupa.

Los embargos del Tribunal de Cuentas

También la Fiscalía del Tribunal de Cuentas abrirá una investigación sobre estos desvíos de dinero público una vez que se sustancie la causa penal. El Tribunal de Cuentas, cuando descubre un uso ilegal del dinero público, abre un expediente que puede concluir en una exigencia de la devolución del dinero so pena de embargar a los responsables sus propiedades, hasta conseguir la total restitución del dinero. La casa del expresidente Artur Mas en la calle Tuset de Barcelona está ahora embargada para afrontar los casi 5,3 millones que malversó la Generalitat durante su mandato con destino al referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014. Mas, y los otros siete altos cargos de su Gobierno investigados por el Tribunal de Cuentas por este asunto, sólo ha logrado reunir 2,9 millones, pagados por la ANC. La casa se le ha embargado por el dinero que falta.

La Guardia Civil investiga las rutas de de dinero negro para financiar a los golpistas

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, junto a los líderes de ANC, Agustí Alcoberro, y Òmnium, Marcel Mauri.

La Guardia Civil está investigando por otro lado y no cree que el dinero de las campañas de captación de fondos realizadas, principalmente, por ANC y Òmnium Cultural, dé para pagar los viajes de los familiares a visitar a los encarcelados, estancias como la de Carles Puigdemont en Bruselas, el pago de los gastos jurídicos de todos los imputados por el 1-O, las fianzas de Forcadell y sus compañeros, etc. La Benemérita investiga esas cantidades -justificadas teóricamente como supuestas donaciones- con la sospecha de que se puede estar introduciendo dinero negro dentro de esos circuitos. Dinero, posiblemente, desviado a cuentas corrientes durante los años previos al golpe separatista con la previsión, ya en esos periodos, de que tuviese que ser utilizado para diversos gastos ligados al proceso de ruptura con España.

Las campañas de colecta en favor de los presos y fugados han levantado las alertas de los cuerpos policiales. Y es que, según la versión de las asociaciones golpistas, sus fondos proceden de actos voluntarios como la compraventa de camisetas, la organización de eventos, o las aportaciones y donaciones privadas. Pero, incluso con todo ello, resulta complicado juntar -como aseguran fuentes cercanas a estas asociaciones- cuatro millones de euros. Y, además, incluso con cuatro millones de euros, resulta de nuevo difícil asumir todos esos gastos.

Hay que tener en cuenta que de esos fondos salió ya el pago al Tribunal de Cuentas de buena parte del dinero que tuvo que abonar Artur Mas en concepto de fianza derivada de la organización del referéndum ilegal del 9-N. El Tribunal de Cuentas exigió a Mas 5,2 millones de euros y, según las informaciones publicadas en su momento, el ex presidente reclamó ayuda de estas colectas para poder abonar 2,8 millones.

Dinero procedente de paraísos fiscales

A partir de ahí -y siempre teniendo como base esas aportaciones y donaciones teóricamente altruistas-, los separatistas habrían conseguido pagar la eterna estancia de Puigdemont en Bruselas -hotel inicial, apartamento posterior, comidas de todos los días, desplazamientos, viajes de sus familiares para verle en Nochevieja, etc.-; los gastos provocados por el resto de consejeros que se fugaron inicialmente con él a Bélgica; los desembolsos jurídicos de los dos Jordis; la ayuda a Junqueras; los desplazamientos de los familiares de los encarcelados; las fianzas de todos los imputados por golpismo -como Carme Forcadell- para que pudieran salir de la prisión preventiva; más el mantenimiento de todo el calendario de movilizaciones que han seguido realizando en Cataluña, precisamente, para poder recolectar dinero y mantener vivo el espíritu golpista. Todo un alarde de gestión y gasto difícilmente justificable ahora que, además, los envíos de subvenciones oficiales de la Generalitat se encuentran bajo control del Gobierno central debido a que sigue vigente la aplicación del 155 de la Constitución.

Por todo ello, la Guardia Civil ha decidido comprobar otras vías de posible llegada de fondos, tal y como ha reclamado judicialmente Vox. Hay que recordar que las fuerzas policiales ya abrieron hace meses una investigación para comprobar la posible existencia de rutas de dinero procedentes de cuentas en paraísos fiscales y utilizadas por las organizaciones separatistas. En concreto, en Suiza y Luxemburgo. Y, hay que recordar también, que, de hecho, ya se ha localizado una sede de ellas en el paraíso de Luxemburgo. La Asamblea Nacional Catalana (ANC) tiene una sede inscrita en el paraíso fiscal de Luxemburgo. Fue constituida como tal en este país el 15 de julio de 2014 y figura como entidad sin ánimo de lucro, condición que le permite recibir donaciones directamente desde este paraíso fiscal con una mayor dificultad para el seguimiento y control por parte de las autoridades españolas.