martes, 1 de marzo de 2016

Financiar los cursos de desobediencia



Carles Puigdemont ha empezado a gobernar y Cataluña ha empezado a andar en las distintas Areas Mientras ANC pretenden educar a los funcionarios en la desobediencia al Estado y Oriol Junqueras ya le ha pedido dinero a Montoro para cubrir la paga extra de verano los funcionarios

El martes pasado una nutrida representación de la Conselleria d’Economia de la Generalitat de Cataluña, encabezada por Pere Aragonès, secretario del departamento, se reunió con altos cargos de la secretaria de Estado de Hacienda. Es la primera reunión formal de ambas partes desde la asunción del nuevo Govern de la Generalitat presidido por Carles Puigdemont. Aún no ha habido ningún contacto formal entre los titulares de ambas carteras, el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, y el vicepresident y conseller de Economia, Oriol Junqueras.

Esta primera reunión sirvió para poner sobre la mesa las urgencias definanciación de la Generalitat y para establecer las líneas maestras de las relaciones futuras entre ambas administraciones. Para hacer frente a las urgencias de la caja, Aragonès pidió 700 millones de euros a cuenta de la liquidación del sistema de financiación autonómica del año 2014, es decir, un dinero que en realidad ya es de la Generalitat. Anticipó que para marzo la administración catalana solicitará ya los primeros 350. Y que, inmediatamente, presentarán un calendario para los otros 350 antes de finales de junio. Con este dinero, el departamento de Junqueras espera hacer frente fundamentalmente a la paga extra de los funcionarios de la Generalitat correspondiente al mes de junio. Las negociaciones sobre este punto siguen abiertas, aunque ambas partes han asegurado que sobre el primer tramo de 350 millones ya hay acuerdo. Queda analizar la segunda parte.

Mientras la la Hacienda Catalana sigue pidiendo dinero al Estado para cubrir sus compromisos la ANC está prepara a los funcionarios para desobedecer al Estado. Un informe jurídico de la organización alerta sobre el "obstruccionismo con el proceso" e insta a los funcionarios a acatar las órdenes del Parlament.

Junqueras pide a Montoro 700 millones para la paga de junio a los funcionarios

Plan para la desobediencia al Estado

Los funcionarios afiliados a la Assemblea Nacional Catalana han elaborado un documento al que ha tenido acceso Libertad Digitaltitulado "Informe jurídico sobre las posibles consecuencias en el ámbito penal de la actuación de los funcionarios durante el proceso hacia la independencia". Se trata de un texto de 29 folios en el que la sectorial de "secretarios, interventores y tesoreros de la administración local" de la organización separatista da consejos a los funcionarios sobre cómo deben comportarse durante la "desconexión".

De entrada, la ANC advierte que "la resolución del Parlament 1/XI (la proclama de Junts pel Sí y la CUP que instaba a desobedecer a la justicia y no acatar más órdenes que las de la cámara autonómica) supone elinicio del proceso para la creación de la República de Cataluña. Este es un proceso -continúa- con una duración máxima prevista de 18 meses, pero que, vista la reacción del Estado español, se debe prever más corto". El informe de la organización separatista está datado en febrero de 2016 y da por supuesto que "hasta la constitución de la República seguramente se producirán situaciones de choques de normativas y administraciones", así como que la Generalidad acelera la construcción del nuevo Estado.

También incide en que "el choque de normativas, de 'legalidades', puede generar inseguridad en los trabajadores de la Administración pública que les predispongan incluso a una actuación obstruccionista con el proceso, no por cuestión de convencimiento sino de miedo e inseguridad. Todo el mundo prevé una reacción fuerte del Estado español en todos los ámbitos".

Desconexión acelerada

Dadas las circunstancias descritas y para evitar las deserciones entre los funcionarios, los secretarios, tesoreros e interventores municipales de la ANC (los alcaldes y concejales militan en la "Assemblea de Municipis per a la Independència") se dedican a restar importancia a las posibles consecuencias de desobedecer las normas, leyes y órdenes procedentes de las instituciones del Estado: "Hay que decir de entrada que las posibles contradicciones (el choque de legalidades), caso de producirse serán por un periodo breve".

Según los redactores, "iniciado el proceso, este deberá de finalizar de forma rápida, ya que es insostenible una situación de provisionalidad y/o transitoriedad en caso de conflicto de estados (catalán y español) que se alargue mucho en el tiempo". Aún así, se admite: "A pesar de que (el conflicto) sea corto, afectará a la actuación de muchos trabajadores públicos, que tendrán un papel importante para asegurar el éxito del proceso, aunque no determinante". "La determinación -sigue el papel de la ANC-, si es necesaria vendrá del Parlamento y de todo el pueblo catalán, de su convencimiento y de su movilización".

¿Prevaricación, sedición, rebelión?

Con tan halagüeñas perspectivas, los funcionarios separatistas descartan que se les puedan aplicar supuestos como el de prevaricación. Así, escriben: "Analizados los elementos básicos del delito de prevaricación, se hace difícil pensar que ninguna actuación de un trabajador o trabajadora de ninguna administración pública catalana relacionada directa o indirectamente con el proceso puede ser incluida en ese tipo penal. Está claro que los trabajadores de la administración que actúen lo harán en ejecución de alguna norma dictada por el Parlamento de Cataluña o el Gobierno de la Generalidad".

La regla de la obediencia debida, que también es de aplicación en los casos de abandono del destino y de la omisión de perseguir delitos, apartados que afectan especialmente a los agentes de los Mossos d'Esquadra, la policía autonómica. A ellos está dirigido el siguiente párrafo: "La obediencia se entiende de mandos (sic). En consecuencia, la nueva normativa surgida del 'Parlament' o del 'Govern' será la que legitimará las actuaciones y, por tanto, acatando las órdenes de los respectivos mandos policiales no se actuaría en contra del código de conducta, dado que este no permite poner en duda la actuación de los órganos con funciones legislativas ('Parlament de Catalunya') o reglamentarios ('Govern de Catalunya'). Eso sin perjuicio de que la ley del Parlamento sí que sea contraria a la Constitución.

Pero esta es una cuestión cuyo valoración no corresponde a los agentes de policía. Probablemente ni a sus mandos, sino que corresponde directamente al legislador y al Gobierno catalán. Por tanto, ninguna actuación de ningún policía en cumplimiento de la normativa dictada por el Parlament y el Govern supondría ni un delito de desobediencia ni un incumplimiento del código de conducta".

Tampoco tendrían mayores consecuencias la rebelión, la sedición, la traición y el incumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional, según los funcionarios de la ANC, cuyo "informe jurídico" corre por los ayuntamientos, diputaciones y los departamentos de la Generalidad con el ánimo de tranquilizar al personal y prepararle para los próximos pasos del proceso separatista. 

Y mientras, Rajoy y Montoro siguen tocando el violón.

4 comentarios:

  1. Paco Guillen

    Alucinante, si no lo veo no lo creo!!

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  2. Chonvaine

    Si Junqueras no tiene pasta que se la pida a la familia Pujol-Ferrusola. Se la dejarán a un módico interés del 3%...

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  3. RAFA2

    y minetras tanto las empresas cambiando la sede social a madrid donde tributan, hay que ser memos

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  4. Manuel Molina Diaz

    Montoro ,ya no tienes autoridad Moral ni poder ,para darle 700,millones de euros a los separatistas catalanes ,o bien ,que te habrán prometido ,canallaa traidor

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