La hoja de ruta… de la querella

El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce ha remitido hoy a la Fiscalía Superior de Cataluña, la querella contra el presidente catalán, Artur Mas, y dos de sus consejeras Juana Ortega e Irene Rigau, por la supuesta comisión de delitos por la organización y posterior celebración del simulacro de consulta del 9N. Después de cuatro horas de reunión los fiscales de sala habían expresado a Torres-Dulce su "práctica unanimidad" en la decisión de llevar a Mas a los tribunales, un aval para que el fiscal general del Estado reitere su orden al fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, para que en los próximos días formule la querella ante el el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que debe ser el que decida en última instancia si hay suficiente base para abrir un procedimiento penal.

En la reunión de la Junta de fiscales, varios miembros de la cúpula fiscal presentaron sus dudas si había indicios contra Ortega y Rigau, aunque finalmente el equipo de Torres-Dulce ha decidido mantener la querella contra los tres dirigentes de la Generalitat. Para la Fiscalía, Mas, Ortega y Rigau “han dispuesto de fondos públicos en cuantía aún indeterminada para consumar la desobediencia a la suspensión, facilitando la logística y todos los medios materiales necesarios para la realización de la consulta, por lo que ha destinado a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones”. Asimismo, entiende que las actuaciones analizadas lesionan claramente el “bien jurídico” protegido por el delito de prevaricación, que no es sino el “recto y normal funcionamiento de la Administración Pública con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución”.

A esta querella pueden estar incluidas las presiones ejercidas desde la Conselleria de Educación hacia los directores de los institutos de secundaria y el procedimiento ejercido para que las llaves de los centros fueran entregadas a los voluntarios del ANC, que fueron quienes realizaron físicamente la apertura de los centros, ante la reticencia de los directores. Las tensiones hechas públicas entre la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Superior de Cataluña serán vistas con recelo por los magistrados que deben decidir si imputan a Mas y finalmente le sientan en el banquillo de los acusados. 

Que la Fiscalía presente una querella o no ya es secundario, porque el TSJC tiene encima de la mesa doce denuncias contra Mas. La actuación del Ministerio Público, de haber sido unánime y sólida, podría haber aportado más consistencia para que los magistrados dieran un paso al frente y abrieran un proceso judicial por la consulta catalana del 9-N.