ERC y Junts per Catalunya pactan proponer como "president" a Jordi Sánchez

Los grupos separatistas acuerdan crear una consejería más para facilitar el reparto de cargos y que los republicanos controlen TV3.

Los negociadores de ERC y de Junts per Catalunya han llegado a un principio de acuerdo para formar gobierno. Carles Puigdemont ha impuesto el nombre de Jordi Sánchez, el exjefe de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) como próximo candidato a la investidura. 

A cambio, ERC se quedará con la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, que controla TV3 y Catalunya Ràdio, ahora en manos convergentes, y se creará una nueva consejería, pasando a catorce, para facilitar el reparto de cargos.

El principal escollo, las prebendas de Puigdemont en Bélgica, ya habría sido superado y ERC está dispuesta a facilitar un reconocimiento "formal" del expresidente fugado así como una operativa que facilite al líder de Junts per Catalunya visibilidad en Bruselas y mando en Barcelona. Han tenido que pasar más de dos meses de arduas y farragosas negociaciones para un principio de acuerdo que las formaciones separatistas anunciarán en breve. Y casi con toda seguridad, diputados, altos cargos y dirigentes políticos celebrarán el próximo domingo un acto de exaltación de Puigdemont en Bruselas, paso previo para la investidura, que se adivina problemática, del preso Jordi Sànchez.

Con ese intento de nombrar a Sànchez, Puigdemont mantiene el pulso al Estado y fuerza a ERC a explorar una senda inédita. Según informa La Razón, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena no permitirá la excarcelación de Sánchez para que acuda a la sesión de investidura, por lo que resta saber si ERC y Junts per Catalunya se conformarán con un presidente de la Generalidad en la cárcel o recurrirán a Jordi Turull, exconsejero de Presidencia, como recambio de Sánchez, que al estar imputado por el 1-O es posible que sea inhabilitado en un plazo de tres o cuatro meses. Ya tienen también el recambio para esta posibilidad y entonces seria  Elsa Artadi la nueva presidenta.

Falta el apoyo de la CUP

La CUP se ha incorporado a la última fase de la negociación porque lo que está ahora encima de la mesa es el plan de gobierno y la hoja de ruta para los próximos años, que es algo que la formación anticapitalista sí desea acordar. Los “cuperos”, en cambio, no negocian la estructura del Govern ni las consellerías ni la fórmula para compatibilizar una presidencia “legítima” en Bruselas, para Puigdemont, con otra “efectiva” desde el Palau de la Generalitat. En esta ultima reunión ya han puesto piedras en camino a este acuerdo y pretenden someterlo antes a la aprobación de la militancia, como ya hicieron en la ocasión anterior, lo que pueden demorar la investidura al menos hasta la semana próxima.

También falta por determinar la nueva "hoja de ruta" del separatismo, los planes que tanto republicanos como el entorno de Puigdemont tienen para aplicar el "mandato" del referéndum del 1-O. ERC aboga por levantar el pie del acelerador y recuperar el control de las instituciones regionales mientras que el expresidente aboga por recrudecer el desafío.

Incapacitado por el juez

Jordi Sànchez, cuyo abogado ha anunciado que pedirá su libertad o un permiso si es candidato a president de la Generalitat, está incapacitado legalmente por el juez del Supremo Pablo Llarena para acudir al Parlament, lo que podría suponer un obstáculo para su elección.

El citado juez, que investiga el “procés” hacia la Declaración Unilateral de Independencia, determinó en un reciente auto “la incapacidad legal prolongada” de Sànchez, entre otros dirigentes soberanistas, “para cumplir el deber de asistir a los debates y las votaciones del Pleno del Parlamento de Cataluña”. Tanto Llarena como el propio Supremo -a través de la Sala que estudia los recursos contra las decisiones de este magistrado- han reconocido el derecho a la participación política de Jordi Sànchez, pero han señalado la necesidad de encontrar fórmulas para respetarlo sin dañar los objetivos de la investigación penal.

Si el juez permite la investidura de Sànchez y puede salir de Estremera para tal fin, los independentistas, en especial los junteros, habrían logrado ganar la batalla, aunque el reo tuviera que dimitir para favorecer un gobierno efectivo. Si el juez no lo permite pese a haber jurisprudencia (la justicia española dejó participar en un debate de investidura en 1987 en Euskadi Juan Carlos Yoldi, encarcelado por pertenencia a ETA), el independentismo verá avalado su argumento de que los derechos políticos de un independentista han vuelto a ver vulnerados. Otro argumento que llevar a la corte internacional de Estrasburgo cuando sea menester.