Irene Montero la lía con el ministerio de Interior y los sindicatos policiales piden su dimisión

Irene Montero, ministra de Igualdad. | EFE

La última campaña de su Ministerio acusa a los agentes de racismo y xenofobia. Interior a salido a defender a policías y guardias civiles

La última campaña del Ministerio de Igualdad vuelve a ser un problema más allá de los propios despachos del departamento dirigido por Irene Montero. Y lo es no sólo porque ha encendido los ánimos de los efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado, sino también porque ha provocado que el Ministerio del Interior tenga que salir en defensa de los agentes, abriendo una brecha más entre los socialistas y podemitas que forman parte del Consejo de Ministros.

Dentro de los carteles de esa última campaña, cuyo objetivo se supone que es el de animar a denunciar a aquellas personas que se ven discriminadas en el día a día, hay uno en el que aparece un chico joven de raza negra junto al comentario "me han identificado por mi color de piel u otros rasgos físicos sin una razón objetiva", acusando por tanto a las fuerzas policiales españolas de realizar identificaciones por motivos racistas o xenófobos.

La polémica ha obligado incluso a pronunciarse al Ministerio del Interior, que no ha dudado en salir en defensa de sus agentes. "Las FCSE son los garantes de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, incluidos los extranjeros. Policía y Guardia Civil están en la vanguardia de la lucha contra cualquier tipo de discriminación, ya sea por motivos racistas, de creencias, orientación sexual u otros", ha asegurado el departamento de Fernando Grande Marlaska.

Como no podía ser otra parte, este hecho ha molestado profundamente a los agentes tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, cuyos sindicatos y asociaciones profesionales no han tardado en censurar públicamente la campaña del equipo de Irene Montero. Es más, alguno de ellos, como Jupol, el mayor sindicato de la Policía Nacional, y Jucil, su asociación hermana en la Guardia Civil, han exigido la dimisión de la ministra de Igualdad.

"Esta campaña institucional pone en entredicho la profesionalidad de 150.000 profesionales y, por este motivo, pedimos el cese inmediato de la ministra de Igualdad, Irene Montero, por ser la responsable de un nuevo ataque a los garantes del Estado de Derecho", piden ambos en un comunicado conjunto en el que recuerdan que la ministra podemita ha convertido a Policía y Guardia Civil en "una constante y reiterada diana".

"La ministra debería saber que somos nosotros quienes atendemos a los ciudadanos cuando denuncian una situación por discriminación racial o étnica y que siempre se procede a la identificación de un ciudadano por razones objetivas, enmarcadas en los procedimientos establecidos a través del ministerio del Interior y nunca por motivaciones subjetivas, como se pretende reflejar en este cartel", añade José María García, secretario general de JUPOL.

El Unión Federal de Policía (UFP) ha remitido en las últimas horas una carta a la ministra de Igualdad en la que trasmite la gravedad de que una persona en su puesto demuestre "la ignorancia o desconocimiento que tiene de la ley" de la que hace gala ella y le pregunta si "vamos a tener los policías, antes de identificar a un ciudadano en el ejercicio de nuestras funciones, que consultar con ese Ministerio si podemos hacerlo o no".

El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Carlos Morales, ha lamentado en los micrófonos de esRadio que algunos ministerios se están acostumbrando a deteriorar la imagen a algunas instituciones del Estado y ha asegurado que las Fuerzas de Seguridad "hacen más en un día por las mujeres maltratadas, a través del servicio de atención a la familia, con sus grandes profesionales en estas brigadas, que el ministerio de Igualdad en un año".

La Unión de Guardias Civiles (UnionGC) también ha mostrado su rechazo a la campaña y ha recordado a Montero que "para luchar contra toda clase de discriminación; tanto los organismos públicos que ella misma representa, como el Poder Judicial, articulan una serie de herramientas, de las cuales las FFCCS -entre ellas, la Guardia Civil que representamos- son garantes y no verdugos".