El juzgado investiga si Ada Colau alentó la 'okupación' con subvenciones a una entidad que orienta sobre entradas a viviendas

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en una imagen reciente

La querella contra la alcaldesa de Barcelona considera que se han concedido ayudas a varias entidades "a sabiendas de su injusticia" y "en detrimento de otras"

El Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona investiga si las ayudas que entregó el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, que lidera Ada Colau, a varias entidades afines a su formación política, Barcelona en Comú, entre 2014 y 2021, se usaron para fomentar la 'okupación' de viviendas. Colau debe declarar como imputada a principios de marzo para explicar el destino de este dinero público entregado a entidades como Observatorio DESC (Derechos Económicos Sociales y Culturales), en el que trabajó la alcaldesa, Ingenieros Sin Fronteras, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o Alianza contra la Pobreza Energética, entre otras.

La querella presentada por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática hace un mes considera que se pudieron malversar unos 80 millones de euros en estas ayudas y que en algunas asociaciones suponía pagar la estructura organizativa, los sueldos de los trabajadores y "presuntamente generar una contratación continuada" entre 2014 y 2022. Los querellantes dudan del "interés público" de las ayudas y afean algunos acuerdos firmados por el Consistorio por ejemplo con DESC que entrega dinero para actividades relacionadas con la vulneración de derechos humanos en Jerusalén o proyectos de cooperación en Perú o Mozambique.

Además, bajo la lupa del juzgado está un convenio entre el Consistorio y DESC para combatir la desigualdad que impide el acceso a la vivienda en el que se alude al "empoderamiento de las personas afectadas por ocupación en precario, orientación básica e información sobre procedimientos judiciales". Para los querellantes el acuerdo insta a sospechar de que "el Ayuntamiento de Barcelona emplea el erario público en asesorar" a autores de ocupaciones de viviendas y recuerda que la Fiscalía insta a combatir penalmente esta práctica. En este sentido incorporan una circular de la Fiscalía General del Estado que remarca que "un porcentaje no despreciable de los casos" de 'okupaciones' "se llevan a cabo en el ámbito de lo que denominamos delincuencia organizada".

"No parece, por tanto, un fin acorde con el interés público, a los efectos de la concesión de una subvención, el 'empoderamiento de las personas afectadas por ocupación en precario, orientación básica e información sobre procedimientos judiciales', cuando explícitamente se está refiriendo al asesoramiento organizado y pagado con fondos públicos de lo que otra institución del Estado, como es la Fiscalía, trata de atajar con intensidad y considera que puede llegar a ser delincuencia organizada", señala la querella.

Por eso insta al juzgado a investigar si estos pagos públicos "se han concedido a sabiendas de su injusticia para favorecer a unas determinadas entidades en detrimento de otras vulnerándose además los principios básicos del procedimiento administrativo al tener el convenio carácter de habitualidad y recurrencia, no constar memoria justificativa de la excepcionalidad de la subvención, haber concedido ayudas y subvenciones de forma directa por órgano manifiestamente incompetente" y, presuntamente, "ni existir control sobre los condicionantes de cumplimiento, ni de la finalidad y acreditación" del dinero.

BARCELONA, CAPITAL 'OKUPA'

Según datos del Ministerio del Interior correspondientes al año pasado, Cataluña sigue a la cabeza de las comunidades autónomas con 5.689 'okupaciones', el 42% del total, un dato que cuadruplica al de la Comunidad de Madrid (1.282 casos) y casi triplica el de Andalucía (1.994 casos). Se trata de un fenómeno que se ha disparado en el último año a partir de las órdenes de Fiscalía para perseguir estos delitos, ya que en Cataluña han subido un 9%, y dentro de la comunidad, Barcelona registra 4.229 ocupaciones entre enero y septiembre de 2021, lo que supone el 74% del conjunto de provincias catalanas.

El convenio acordado con DESC, llamado 'Derecho a la vivienda: empoderamiento colectivo y asesoramiento jurídico-social', es uno de los acuerdos presuntamente irregulares para los querellantes ya que "no se aprecia inversión en vivienda social, ni en alquiler subvencionado, ni en protección propiamente dicha de colectivos desfavorecidos" así como medidas concretas o "medios económicos o un presupuesto de actuación" para esta finalidad de orientar en el acceso a la vivienda. Así, sospechan que el dinero público por este proyecto sirven para "pagar el sueldo" de los empleados de la asociación.

La mayoría de convenios entre el Ayuntamiento de Barcelona y las entidades, como DESC, se firmaron en época del anterior alcalde Xavier Tras. En 2015 se entregó 120.000 euros a esta entidad mientras que a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se hizo en 2014 un acuerdo bianual de 240.000 euros iniciado que Colau renovó en tres ocasiones, dos por 324.600 euros y una por 420.286 euros. Para los querellantes no concurre la "excepcionalidad" argumentada por el Consistorio para ampliar los acuerdos pese a que la Fiscalía, a raíz de otra denuncia de Abogados Catalanes por la Constitución, señaló que las subvenciones podían contener irregularidades administrativas pero en ningún caso suponer delitos del Código Penal.

CONCEJALES BAJO SOSPECHA

La querella también reclama que se impute a concejales del actual mandato, como Eloi Badia o Laura Pérez, y del anterior como Gala Pin o Laia Ortiz, así como a representantes de algunas entidades como DESC. En este sentido, señalan que Colau "ha reconocido que distintos miembros del gobierno municipal habían participado en entidades subvencionadas o mantenido relaciones retribuidas con éstas con anterioridad al ejercicio público de sus cargos" y detallan que en los informes municipales y de Intervención "no se refiere irregularidad en este sentido".

Sin embargo, los querellantes destacan que los concejales denunciados no se han inhibido en la concesión de las ayudas y adjudicaciones a las entidades, por lo que creen que podría contravenir el Código Ético de Barcelona de 2017. "Conforme al mismo, deben respetarse estas normas, que han estado ausente de la conducta de la citada alcaldesa y depurar responsabilidades respecto del resto de concejales, en cuanto a su designación, participación en órganos de decisión de las subvenciones que habrán de beneficiar a las entidades para las que habían trabajado hasta el momento inmediatamente anterior a su incorporación al Consistorio, contratos, convenios, informes y estudios y que tendrían que haberse inhibido o abstenido en la toma de decisiones", destaca la querella.

Así, señalan que desde la entrada al gobierno municipal en 2015 hasta 2017 los representantes municipales deberían haberse abstenido en todas las decisiones respecto a las ayudas a estas entidades. También reclaman conocer la "fecha real en la que la actual alcaldesa dejó de formar parte" de DESC.