"La Gestapo ligüistica" de la Generalitat Valenciana -

Un nuevo chantaje del Conseller de Educació de la Generalitat Valenciana Vicent Marzá que está imponiendo el catalán en el idioma vehicular en contra los centros públicos adheridos de la linea castellana y toda las escuelas los concertada, incuidos en la zona castellano parlante, de tal manera que ya ha conseguido el cierre de varios centros privados de la región ante las condiciones draconianas para imponer una inmersión ligüistica parecida a la de Cataluña, imponiendo el catalán como lengua vehicular y en contra de la voluntad de padres y buena parte de docentes.

Las agresiones lingüísticas y culturales del profesorado militante en Escola Valenciana y otras entidades y sindicatos anidados en el sistema educativo autonómico valenciano prosiguen, y se han arreciado con el favor del actual Consell, vulnerando no sólo la normativa y las recomendaciones lingüísticas de la controvertida pero estatutaria AVL, sino los derechos lingüísticos de los estudiantes, a través de la imposición de normativa puramente catalana y de toda la carga ideológica catalanista que envuelve su utilización.

Este es un ejemplo más de cómo ese profesorado militante aliena a los escolares valencianos, con minúsculos detalles envueltos en causas más o menos nobles, que son utilizadas como subterfugio para introducir esas pequeñas perlas lingüísticas o determinadas falsas consignas de las cuales se espera que acaben calando en un colectivo, el de los escolares, menores de edad y mente perfectamente maleable, que en un futuro constituirán una nueva ola de creyentes y votantes del pancatalanismo. Esta vez, la excusa era la celebración del Día Mundial de la Infancia.

La gestión de Marzá y Trenzano al frente de educación y cultura dentro del Consell catalanista de Puig y Oltra está resultando letal para la enseñanza en múltiples aspectos, pero resulta clamoroso cómo toda la administración autonómica se ha lanzado esperpénticamente a abrazar las formas, giros, expresiones, declinaciones y flexiones verbales catalanas, renunciando a cualquiera de las formas propias valencianas, aún asumiendo la falsa unidad de lenguas. En base a ello, como ejemplos evidentes, la utilización de palabras como “avui”, “aquest” o “nen” se están imponiendo sobre las formas valencianas -y admitidas por la política AVL- “hui”, “este” o “xiquet” -chiquet en valenciano-, imprimiendo velocidad al proceso de alienación de la sociedad valenciana desde su raíz: las nuevas generaciones. Al más puro estilo de Goebbels en la Alemania nazi.

El  conseller de Ximo Puig defiende la integración de Valencia en el proceso soberanista caralán.  Ya el 11 de septiembre de 2014 Vicent Marzà concedía una entrevista en la que apoyaba que los catalanes dieran "el paso" y afirmaba que "sin Valencia no hay independencia”

El mural de Picassent es una gota dentro de un océano de fanatismo catalanista y manifiesta mala praxis docente, una muestra de algo que está ocurriendo en todos y cada uno de los centros educativos de la Comunitat Valenciana – Regne de Valéncia desde hace más de tres décadas.Marzà impondrá la enseñanza del catalán también en las zonas castellanoparlantes.

Murales en catalán para los niños de Picassent 

Un plan “calcado” del nacionalismo catalán
Para Eva Tena, “hemos estudiado el plan catalán de imponer el nacionalismo-independentista a través de la imposición del idioma, que se ha hecho durante décadas, y en la Comunidad Valenciana se están dando los pasos calcados, incluyendo el plan de evitar la reacción social acortando plazos y que los medios de comunicación se apresuren a apoyarlo, y es lo que nos tememos con la nueva Radio Televisión Valenciana”, afirma a este digital.

Según ha sabido ECA, “el tono dictatorial de la Consejería, desde hace meses, avanzando este decreto, ha provocado miedo a represalias entre el profesorado de institutos y otro personal, que no están de acuerdo con el decreto, y el silencio es muy equívoco, pues hay muchos que no están de acuerdo, y además desde la Consejería se envían comunicados sólo en valenciano cuando hasta ahora se hacían en castellano y valenciano, idiomas cooficiales en la Comunidad Valenciana”

 0

Recurso Contencioso Administrativo contra el plan Marzá

La Asociación para la Defensa del Castellano (DDC) impugnará en vía judicial el decreto del Gobierno valenciano sobre el modelo educativo plurilingüe. Beatriz Gascó de la asociación Defensa del Castellano ha acusado a la Generalitat Valenciana de “Gestapo lingüística” “El conseller Marzà certifica hoy un nuevo atropello a la libertad de las familias”, y así lo ha declarado la portavoz de Educación del GPP en Les Corts. Denuncia que con el decreto de plurilingüismo se vigilará que se hable en valenciano hasta en el patio del colegio, Hablan de hartazgo de los padres y de un plan “calcado” del nacionalismo catalán.

“Vamos a presentar recurso contencioso-administrativo contra el decreto aprobado por el Gobierno valenciano el pasado 27 de enero, porque es claramente discriminatorio hacia el castellano, y de su lectura se comprueba que la Consejería de Educación pretende ser la Gestapo lingüística, vigilando hasta en el patio del colegio que se hable el valenciano”, ha afirmado a El Confidencial Autonómico Eva Tena, miembro de la junta directiva de la Asociación para la Defensa del Castellano (DDC), que en una próxima reunión va a ultimar los detalles y la movilización contra el decreto valenciano.

Este recurso se suma a los que ya han presentado o anunciado partidos políticos, sindicatos o asociaciones, como informamos los pasados días 22 y 26 de febrero en este digital. Tras estas informaciones de ECA, son numerosos los padres, profesores y asociaciones que se han puesto en contacto con este digital, aportando información en torno a este decreto y el ambiente que se vive en diversos centros educativos.

Esta asociación está implantada en las tres provincias de la Comunidad Valenciana, sobre todo en la provincia de Alicante. Según afirma Eva Tena, “existe un enorme hartazgo de los padres a las intromisiones en el derecho a decidir la educación de nuestros hijos respetando las leyes y la Constitución, y quienes invocan el derecho a decidir con frecuencia pretenden imponernos el valenciano”.

Esta madre de un instituto de Requena (Valencia), con 7 hijos, pertenece al Consejo Escolar y confirma a ECA que “la Consejería de Educación tiene un plan muy diseñado, que incluye acortar los plazos sin escuchar a los padres, a diferencia de lo que hizo con la jornada continua”.

Modelo de queja para facilitar a los padres

Por su parte, la Asociación Idiomas y Educación ha colgado en su página web un modelo de queja al Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo valenciano) y al Defensor del Pueblo, para que los padres y las AMPAS puedan expresar su elección.

En tres días, tal como ha sabido ECA, esta asociación ya ha logrado el 18% (1.332 euros) de la cantidad que espera lograr por micromecenazgo para costear los gastos judiciales de impugnación del decreto educativo valenciano (7.400 euros). Las aportaciones económicas pueden hacerse a través de este link.

El buen rollito del Gobierno con Cataluña

La foto nos muestra el buen rollito que hubo ayer en Barcelona entre los representantes de la monarquia, los antimonarquicos de Esquerra y el gobierno de Rajoy. La inauguración oficial del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona nos ha dejado unas instantáneas muy diferentes al enfado oficial que siempre muestran los miembros del Govern y los habitantes de La Moncloa.

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha posado hasta abrazando a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con sus manos sobre sus hombros. La 'número dos' del Ejecutivo acompaña el momento con una amplia carcajada a punto del desmayo. El rey Felipe VI los observaba al lado también sonriendo.

Todos ellos integraban el séquito oficial que ha protagonizada la inauguración, en el que también estaban el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, y el segundo teniente de alcalde de la ciudada, Jaume Collboni.

Desde la formación del nuevo Gobierno, Sáenz de Santamaría es la encargada de pilotar la 'operación Diálogo' con la que Moncloa quiere restablecer puentes con la Generalitat. La vicepresidenta tiene despacho permanente en Barcelona y se reúne con dirigentes políticos, empresarios y representantes de la sociedad civil. Junqueras es uno de los interlocutores predilectos por parte de Madrid. 

El juicio a Homs y la "democracia" del 3%

Francesc Homs ha acudido al Tribunal Supremo para declarar sobre su papel en la organización de la consulta separatista del 9-N de 2014 cuando era el portavoz de la Generalitat en aquel momento. Nueve años de inhabilitación para cargo público, pueden dar al traste a su carrera política.

En la víspera de ser juzgado en el Tribunal Supremo , Homs habia comparecido en rueda de prensa en Barcelona para denunciar que lo que afrontará este lunes es, a su juicio, "un juicio innegablemente político". El actual portavoz del PDeCAT en el Congreso, ha amenazado este domingo que, si el proceso judicial por la consulta del 9-N acaba en condenas, será "el fin del Estado español", porque se constatará que "la democracia puede ser castigada con el Código Penal". 

Homs, que se siente "un mero soldado de una causa" y está convencido de tener una "muy sólida argumentación jurídica" frente a las "contradicciones flagrantes" de la Fiscalía, ha remarcado que ya hay una "respuesta política" al proceso separatista, que es un "no a todo" por parte del Estado y una "respuesta constitucional", según la cual el Estatut refrendado en 2006 "no cabe en la Constitución". El Supremo será el "diapasón" que marcará el tono de la respuesta penal al 9N, pero ya sea absolución o condena, el Estado lo tiene mal".

Un centenar de los padres para la independencia de la patria catalana han viajado a Madrid. Entre ellos han viajado el ex presidente de la Generalitat Artur Mas, la actual portavoz del Govern, Neus Munté; portavoces de Junts pel Sí y varios consellers han arropado al ex consejero y actual diputado del PDeCAT Francesc Homs alrededor de una urna de cartón gigante como las utilizadas en la consulta soberanista del 9-N.



Los representantes independentistas se han concentrado en la Plaza del Rey, a unos 700 metros de la sede del Supremo, donde se han hecho una foto de familia y han cantado el himno de Cataluña. Un grupo de personas se ha acercado a la protesta y ha coreado lemas en favor de España: "Viva la unidad de España. No nos engañan. Cataluña es España. No nos vais a engañar separatistas. Allí os van a absolver, pero el pueblo no os va a perdonar". 

El centenar de manifestantes ha seguido coreando a las puertas del Supremo lemas en catalán en favor de la consulta soberanista del 9-N: "No estáis solos. Votar no es delito. Votar es la solución".

¿Y lo del 3%?

Hoy, Artur Mas también ha acompañado a Francesc Homs, junto con otros dirigentes independentistas y miembros del Govern, justo cuando en los medios de comunicación aparecen informaciones que le implican directamente en el cobro del 3% a empresarios a cambio de contratos públicos. Precisamente esta semana se levantado el secreto de sumario con las acusaciones a Viloca y Osacar antiguos tesoreros del partido por los documentos intervenidos por la policía.

"No hay caso", ha repetido insistentemente tras asegurar que las donaciones "son transparentes, legales y están en la contabilidad". "No hacía falta investigar", ha asegurado. "En nuestro partido toda la responsabilidad de los ingresos y gastos se delegaba en un administrador general que podía hacer lo que quisiera", ha afirmado antes de asegurar que Viloca es una "persona intachable que nunca se pondría un euro en el bolsillo". Y ha recalcado: "Sí, pongo la mano en el fuego por él".

Mas aseguró que "es mentira" haber intercambiado contratos por donaciones. "Jamás, jamás. Sería una mentira como una catedral", ha dicho. El ex president ha reconocido haberse reunido con "cientos, miles" de empresarios, algunos de los cuales se han ofrecido a hacer donaciones y él los dirigía al responsable de esos asuntos en el partido. También ha asegurado que todas esas donaciones están en la contabilidad de Convergencia.

Todas las apariencias van encaminadas a pensar que el sistema de financiación a base de mordidas a las empresas que montó Jordi Pujol para financiar Convergencia y atesorar de esta manera una de las mayores fortunas mundiales, no se ha interrumpido en ningún momento y que ha sido su sucesor Artur Mas quien tomó el relevo, en el tema de la financiación de la antigua Convergencia, se sospecha que sigue aún llegando a las cuentas del creador del sistema. aunque ahora hay que pagar a muchos mas beneficiarios, 

Un expolicía condenado por asesinato, nuevo presidente del Supremo de Venezuela

La dictadura bolivariana de Venezuela ya ni siquiera se ocupa de guardar las formas. Ha nombrado  por unanimidad a Maikel Moreno, como el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela. El polémico magistrado Maikel Moreno, exoficial de la Sebin, se le acusa de estar involucrado en casos de corrupción y estuvo preso por dos asesinatos 

Hasta hace una semana, Moreno, presidente de la Sala de Casación Penal del TSJ, fue quien ratificó la condena del encarcelado Leopoldo López, exalcalde del municipio capitalino Chacao, de casi 14 años de prisión por su participación en las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro ocurridas en 2014 y en las que murieron 41 personas.

Moreno es un hombre de peso en el chavismo. Este abogado fue designado agregado comercial de Caracas en Roma, tras ser destituido como juez por desacato a una orden de la Sala Constitucional del TSJ en 2007. Ahora, el nuevo presidente del Supremo ha jurado acabar con la impunidad en Venezuela. “Yo, desde este momento, al frente del Tribunal Supremo de Justicia y conjuntamente con los compañeros magistrados, estaremos 24 horas al día trabajando para acabar con la impunidad, la corrupción en este país”, declaró.

El pasado del presidente del Supremo es el que ha provocado estruendosas críticas. Moreno, que sustituye a la abogada Gladys Rodríguez, es acusado de haber asesinado a una mujer en el Estado de Bolívar (sur de Venezuela) en 1987. En esa década trabajaba como oficial de la policía política venezolana, ahora Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y estuvo dos años en prisión por este crimen.

Tras conseguir un beneficio procesal y reincorporarse al cuerpo policial, Moreno fue relacionado con el homicidio de Rubén Gil Márquez, sucedido durante una balacera en Caracas en 1989. Esta vez no fue hallado culpable por las autoridades venezolanas, pero fue retirado de su cargo como oficial de seguridad.

Su cuestionada fama resucitó en el Gobierno de Hugo Chávez. Moreno ya había abandonado la policía política para convertirse en un abogado del Ministerio Público. En 2007, el exmagistrado chavista Luis Velásquez Alvaray, un prófugo de las autoridades venezolanas, señaló al actual presidente del Supremo por participar en una organización, denominada La banda de los enanos, que supuestamente opera en el sistema judicial de este país sudamericano y sumergida en varios casos de corrupción. Pero esta denuncia fue desestimada por la Fiscalía.

El jueves, el diputado opositor Lester Toledo, actualmente perseguido por el Gobierno venezolano, había denunciado que Moreno estaba en trámites para obtener la ciudadanía italiana. “Hemos pedido con fuerza a las autoridades (italianas) que tienen que negar la nacionalidad al magistrado Maikel Moreno, porque el primer requisito que pide cualquier país para otorgar la nacionalidad es no tener antecedente penales y este señor los tiene de sobra: juzgado por homicidio y un violador de derechos humanos”, dijo.

La designación de Moreno puede suponer una jugada extremista del chavismo en la pugna entre el Supremo y el Parlamento en Venezuela. Desde la elección de la oposición en la Asamblea Nacional, en diciembre de 2015, se han invalidados las decisiones de los diputados. Los adversarios del Gobierno temen que el nuevo presidente del TSJ pueda dar un zarpazo para fulminar al Legislativo. Según la Constitución de la República -artículo 263- para ser magistrado de la República se requiere, “Ser ciudadano de reconocida honorabilidad”. El magistrado es catalogado por la oposición como «un verdugo»

El El nuevo presidente del Supremo venezolano, Maikel José Moreno jura su cargo.

Una huelga encubierta de estibadores ya se ha iniciado en Valencia

El Gobierno dio ayer luz verde al real decreto con el que pretende establecer la libertad de contratación en el sector de la estiba, tradicionalmente monopolístico, para cumplir con lo que exige la sentencia emitida por el Tribunal Europeo de Justicia en 2014. El Consejo de Ministros aprobó la norma sin haber alcanzado un acuerdo con los estibadores, que siguen adelante con la huelga de tres semanas en días alternos que dará comienzo a partir del 6 de marzo.

Seis de cada diez contenedores de mercancía que entran en la península Ibérica lo hacen a través del Puerto de Valencia, el más importante desde el punto de vista del abastecimiento del país. Es el que suministra a Madrid, por ser el más cercano a la capital de España, y por lo tanto el más sensible. No es de extrañar, por lo tanto, que los estibadores hayan centrado sus esfuerzos en esta instalación. Estratégicamente, presionar en este punto es lo que provoca consecuencias más graves y lo que repercute en más población.

Empresas de transporte y fuentes portuarias, de hecho, han confirmado que desde el pasado jueves los retrasos y la caída de la productividad en el Puerto de Valencia se han incrementado considerablemente. Las fuentes consultadas aseguran que los estibadores de la ciudad del Turia llevan desde entonces manteniendo marchas lentas en su labor diaria, una actitud que ha provocado una reducción de la productividad en torno al 30% en la descarga y en la carga de género y que ha sido iniciativa de Coordinadora de Trabajadores del Mar, el principal sindicato del sector.

Protestas de trabajadores de la estiba. (EFE)

La Coordinadora de Trabajadores del Mar y sindicatos como UGT subrayan la dificultad de calcular un 'sueldo medio' que valga para todos

La Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco), de hecho, ha denunciado que los trabajadores están llevando a cabo "huelgas encubiertas selectivas ilegales" a través de la implantación de "bajos ritmos coordinados", "especialmente en los puertos de Valencia, Alicante y Cádiz, que generan una reducción de la productividad del 23%".

En Valencia, en concreto, estas marchas lentas están teniendo ya consecuencias sobre la operatividad y la logística. Desde que Coordinadora las puso en marcha, una docena de barcos han tenido que desviar sus rutas y amarrar en dársenas como las de Sines, Giogatauro o Barcelona, lo que ha provocado unas pérdidas aún no cuantificadas para el Puerto de Valencia. Sí han calculado ya las fuentes consultadas que la instalación ha ingresado 12.000 contenedores menos por esta contrariedad.

Todavía no hay cifras oficiales de las pérdidas, pero las fuentes consultadas apuntan que se han ingresado 12.000 contenedores menos

Los ritmos lentos, además, también están provocando retrasos en la gestión de los buques que llegan a Valencia. En concreto, las mismas fuentes consultadas explican que actualmente se tarda el doble en gestionar la entrada de un barco, lo que tiene consecuencias directas también en el servicio de transporte, que es el que peor lo pasa siempre que hay una crisis de la estiba. Los camiones pasan más tiempo en el puerto, la carga no llega a su hora y esto provoca enormes tensiones.

La importancia del Puerto de Valencia como base de distribución para el resto de España es crucial. A pesar de que Algeciras es el que más contenedores recibe, la inmensa mayoría de ellos (el 90%) solo hacen escala en la instalación gaditana antes de partir para otros países, por lo que no terminan en la Península, lo que hace que este punto no sea un buen lugar para que los estibadores presionen. Al contrario que Valencia, que es el puerto más sensible desde el punto de vista del suministro.

Tres días de paros continuados en este último puerto, aseguran fuentes del sector, provocarían el desabastecimiento de las principales industrias del país que dependen del comercio internacional, como las fábricas de coches, las grandes superficies comerciales de alimentación o el sector textil.

Desde que comenzó el conflicto, explican las mismas fuentes, las empresas de estiba y desestiba han valorado la posibilidad de sancionar a los trabajadores por estas marchas lentas, pero en ningún momento lo han llevado a cabo. Los estibadores, por su parte, niegan cualquier huelga encubierta. En declaraciones a El Confidencial, el presidente del comité de empresa de la Sociedad de la Estiba del Puerto de Valencia, Óscar Martínez, miembro de Coordinadora, rechaza de plano la idea. "No sé en qué datos se basan para decir que estamos produciendo menos, pero nosotros no tenemos ningunos objetivos de productividad establecidos para calcular eso", asegura.

El sindicalista, sin embargo, sí admite un desánimo entre los estibadores a raíz de la iniciativa del Gobierno de liberalizar el sector. "Evidentemente no trabajamos con la misma motivación, pero nos estamos ajustando a los criterios de prevención y seguridad establecidos en nuestro convenio colectivo", explica Martínez, cuyas palabras van en la misma línea que las pronunciadas por el portavoz de la Coordinadora Antolín Goya, quien reconoció el "malestar importante" que existe en el sector y que los estibadores “no trabajan con las mismas ganas y alegría que en una situación normal”.

Operación Pika - El conseguidor es Viloca

Andreu Viloca 

El dia 2 de este mes se produjeron 18 detenciones por orden de Anticorrupción. Entre los detenidos por orden de Anticorrupción, el extesorero Andreu Viloca; considerado el actual presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, amigo íntimo del ex presidente Artur Mas; Francesc Sánchez, exalto cargo de CDC e importante asesor económico y jurídico de los convergentes, también muy cercano a Mas; el exdirector de infraestructuras de la Generalitat, Josep Antoni Rossell; el ex gerente del Consistorio de la ciudad Condal, Constantí Serrallonga; el exteniente del Ayuntamiento de Barcelona Antoni Vives o, el exconsejero de Copisa Xavier Tauler, también imputado en el caso Pujol. La mayor parte de los arrestados quedaron en libertad cuando finalizaron los registros.

CDC, el partido de Artur Mas, estuvo negociando donaciones a cambio de adjudicaciones en obra pública por lo menos tres días antes del registro en el despacho de su tesorero, Andreu Viloca, persona considerada por los investigadores como “mediador-conseguidor”, el pasado 28 de agosto de 2015. Así se desprende de varios informes elaborados para el juez del Vendrell, Josep Bosch, por la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción en la causa que se investiga la financiación ilegal de Convergencia a través de "sobornos" disfrazados como donaciones a cambio de amaños en adjudicaciones de obra pública.

Andreu Viloca, responsable de finanzas de Convergència Democràtica de Catalunya y administrador de la Fundació Catdem, era el "conseguidor" de las mordidas del 3 por ciento con la que distintos empresarios habrían financiado presuntamente durante lustros a la formación convergente. En esta causa, se investigan delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales, cohecho, malversación de caudales públicos, financiación ilegal de partido y prevaricación.

"Donaciones" de las constructoras

En un informe que forma parte del sumario los agentes sostienen que Viloca "acumula en su despacho de la sede de CDC multitud de documentos relacionados con licitaciones y adjudicaciones de contratos públicos. En algunos casos, incluso existen papeles que presuntamente forman parte de expedientes administrativos concretos. Aún mayor carga indiciaria reviste con respecto al hilo argumental que expone esta instrucción, el hecho de que las instituciones y organismos públicos que aparecen relacionados en los citados documentos estén controlados de una u otra forma por la federación de partidos CIU, ya sea por los vínculos políticos de los cargos electos que presiden los mismos, ya sea por los nombramientos de dirigentes realizados por el Govern de la Generalitat"

El modus operandi se repetía siempre. Esas adjudicaciones coincidían en el tiempo con reuniones que los empresarios mantenían, previa y posteriormente, con Viloca. Tras analizar la documentación incautada en su despacho en agosto de 2015, en la operación Pétrum II, los agentes del Instituto Armado la Guardia Civil lo tiene claro: la figura clave en el entramado del 3 por ciento de CIU es el tesorero de la formación Andreu Viloca.

Los investigadores del 3 por ciento en Cataluña continúan recabando documentación a través de la que acreditar los "sobornos" llevados a cabo a cambio de adjudicación de obra pública en ayuntamientos, diputaciones y organismos de la Generalitat bajo el paraguas de los distintos gobiernos de dirigentes de Convergencia Democrática de Cataluña. La operación Pika ha asestado el tercer golpe mortal a la financiación irregular de la formación política que durante décadas gobernó en dicha autonomía.En el punto de mira de estas adjudicaciones irregulares, tres organismos públicos: Infraestructuras.cat, Autoridad Portuaria de Barcelona y Barcelona Infraestructuras Municipales SA (BIMSA), esta última dependiente del Ayuntamiento de Barcelona.

Entre las adjudicaciones de obra pública investigadas se encuentra en Gerona las obras del Mirador de las Aguas, la construcción del carril bici, las obras de reurbanización de la calle Luca y la calle Mare de Déu del Carmel de dicha ciudad o la estación de Sabadell.

Por su parte, en Barcelona se investiga también el caso de la plaza de las Glorias, el de la avenida del Paralel o el caso del Consorcio de Educación de Barcelona, relacionado con las obras de mantenimiento de los edificios públicos escolares en la ciudad condal. Además, se sospecha que fueron adjudicadas de forma irregular la ampliación del Puerto de Barcelona y la construcción del llamado Dique del Este del espacio portuario, de ahí, que se haya detenido a Cambra. En el caso concreto de las obras del túnel de la Plaza de las Glorias de la capital barcelonesa, los trabajos se los adjudicó una UTE formada por las empresas Comsa, Ragasa y Copisa, todas ellas ya bajo sospecha del pago de 'mordidas'.

La construcción del carril bici de Gerona, la ampliación del Puerto de Barcelona o las obras del túnel de la Plaza de las Glorias han puesto en el disparadero a excargos de CDC y distintos empresarios catalanes. Anticorrupción habla de "sobornos" a constructores a cambio de amaños en adjudicación de hasta diez obras públicas. El modus operandi se repetía siempre. Esas adjudicaciones coincidían en el tiempo con reuniones que los empresarios mantenían, previa y posteriormente, con Viloca. El extesorero lo manejaba todo. Entre los principales imputados, dos hombres de confianza de Artur Mas.

Operación de la Guardia Civil contra el 3 por ciento. EFE

El fiscal de Murcia se queja ahora de coacciones

El todavía fiscal superior de la región de Murcia, Manuel López Bernal, cuya destitución se acordó este miércoles por la noche, ha denunciado este jueves primero en la SER y posteriormente en la Sexta, intimidaciones a los fiscales anticorrupción. "Lo que no puede ser es que los perseguidos seamos los fiscales que luchan contra la corrupción por delante de los corruptos", ha censurado.quien hasta ahora ha estado llevando la acusación sobre el caso Auditorio contra el presidente de la Comunidad de Murcia Pedro Antonio Sánchez ha denunciado coacciones por hacer su trabajo. ha explicado ante los medios de comunicación que las intimidaciones a los fiscales anticorrupción no son exclusivas de Murcia y ha dicho que hay "cierta desprotección" en general.

López Bernal, en declaraciones a la cadena SER, ha asegurado que, pese a haberse denunciado estas actitudes y puesto en conocimiento de las instancias oportunas, no se investigan. "La situación es grave. Esto tiene que cambiar", ha dicho el fiscal, quien ha advertido de que si estas cosas siguen pasando y las investigaciones no prosperan, "en pocos años nos podemos encontrar con que nadie quiera luchar contra la corrupción".

Cuando se ha insistido en que tipo de presiones había recibido, López Bernal ha concretado que, en su caso, se le han presentado querellas, rechazadas de plano por el Tribunal Supremo, por cortar unos pinos hace 32 años con el único fin de desprestigiarle.

Algunos partidos se han descolgado para atribuir al fiscal general del Estado intencionalidad política interpretando que la sustitución de Bernal solo se debe a que perseguía al presidente de esa autonomía, que además es del PP. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha respondido este jueves al fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, tras conocerse que será relevado en su cargo, que si sufrió intimidaciones y desprotección en el ejercicio de su trabajo contra los El Ministro de Justicia Rafael Catalá ha manifestado que si se veia presionado en los casos de corrupción que investigaba debería haberlo puesto en conocimiento de la Fiscalia General del Estado, para que velara por la protección de sus derechos.

Así se ha expresado el ministro antes de participar en un desayuno sobre el cumplimiento normativo en las empresas celebrado en el Club Financiero Génova, al fiscal superior de Murcia que fue quien solicitó la imputación del presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez, en el caso Auditorio. «Si ha tenido problema para el ejercicio de sus responsabilidades lo podrá poner en conocimiento de la Fiscalía General o lo debería quizá haber puesto para ser tutelado en sus derechos», ha indicado.

Hace unos dias ya había explicado la persecución sufrida por Sánchez, del PP, por parte del fiscal superior y su esposa letrada del PSOE, que en los ultimos años habia tenido que afrontar dieciséis denuncias por diversas causas todas archivadas, estando citado como investigado el próximo dia 6 de marzo por irregularidades en un Auditorio que se construyó en puerto Lumbreras, que puede provocarle la dimisión del cargo 

Mi impresión es que existen otros motivos mucho mas profundos y aún ocultos entre fiscal y presidente, aparte de los políticos, que ahora por su destitución han conseguido elevar el tono con la denuncia inconcreta sobre unas presiones a los fiscales, que será contestada por el ministro la semana próxima ante el Congreso de los Diputados a petición del PSOE. 

La "machirula" pide la libertad de la "pototera" argentina

Montero, con una camiseta de la activista argentina al saludar a Macri

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha acudido este miércoles a la Cámara Baja ataviada con una camiseta en la que se puede leer 'Libertad Milagro', en reivindicación de la excarcelación de la activista indígena Milagro Sala que está presa en Argentina.

Montero ha estado presente con la prenda reivindicativa durante el besamanos oficial ofrecido a Macri en el Congreso. Con esta protesta la formación morada se ha mostrado muy crítica al considerar que el presidente argentino es "responsable de vulneraciones de los Derechos Humanos".

Podemos ha criticado con dureza al Partido Popular por reclamar con insistencia la liberación del líder opositor venezolano, Leopoldo López, al tiempo que calla sobre la encarcelación de Milagros Salas por ser Macri aliado y amigo.

Milagro Sala, de 52 años cumple un año en prisión y, a medida que se llevan a cabo las primeras audiencias ante la justicia, su encierro se está convirtiendo en un dolor de cabeza para el presidente argentino, Mauricio Macri.

Detención arbitraria

El pasado mes de octubre, el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre detención arbitraria calificó el arresto de la activista precisamente en esta categoría y que viola los estándares del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Argentina forma parte.

Sala, líder de la organización Tupac Amaru, una organización social con más de 70.000 afiliados, y diputada del Parlamento del MERCOSUR (Parlasur), fue detenida en Jujuy por los delitos de "instigación a cometer ilícitos y tumulto" durante unas protestas por el recorte de subsidios ante la Casa de Gobierno.

Su detención, que tuvo lugar el pasado 16 de enero, ha provocado un clima de tensión en Argentina ante el temor de que el presidente, Mauricio Macri, reprima y criminalice la protesta social, algo que incluso Amnistía Internacional ha criticado.

La detención fue promovida por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien ha vinculado a la detenida con el narcotráfico y negado que Salas se trate de una presa política, alegando "las causas de la detención son hechos y delitos comunes".

La presidencia del Parlasur ha asegurado que la detención de Sala es una obstrucción que impide que ésta cumpla su función como parlamentaria, por la que fue elegida en diciembre de 2015. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, también pidió a Macri su liberación.

En un informe, la CIDH reiteró que la presunción de inocencia es la "base" para la regla de que toda persona sea juzgada en libertad y que la "prisión preventiva es excepcional, sólo puede extenderse por un período razonable y no puede ser usada como una medida punitiva"

Pero, ¿quién es Milagro Sala?

Milagro Sala era la máxima dirigente de una organización supuestamente asistencial, Tupac Amaru, que bajo el amparo y con el dinero que el kirchnerismo le entregaba a espuertas construyó en la provincia de Jujuy lo que muchos han definido como un "Estado dentro del Estado" en el que la intimidación y la violencia eran moneda común, tal y como han llegado a relatar exmiembros de la organización en el Congreso argentino.

La verdadera cara de Milagro Sala, la "presa política" argentina defendida por Podemos

Violenta, mafiosa y corrupta, la activista kirchnerista defendida por Podemos ya fue condenada y está acusada de otra fenomenal colección de delitos.

"Milagro, personalmente, le partió a culatazos el cráneo en tres partes y le rompió la nariz. Con quince patoteros (matones) le terminaron de dar una paliza. Las paredes quedaron bañadas en sangre", así narraba en ABC un testigo la forma de actuar de Milagro Sala, la activista indígena argentina que ha sido condenada a prisión y a la que desde Podemos defienden como una "presa política".

La han defendido tanto Irene Montero, que llevaba en la sesión de este miércoles en el Congreso una camiseta pidiendo su libertad, como Íñigo Errejón, que ha hablado de ella en una pregunta al ministro de Exteriores en la sesión de control; como todo el partido que ha aprovechado la visita de Macri para montar un numerito en contra del presidente de Argentina.

Una mujer cuenta, por ejemplo, que los esbirros de Sala "descuartizaron y degollaron" a su pareja de perros dejándolos con un cartel que decía "esto te va a pasar a vos si seguís jodiendo". Su pecado era denunciar en los medios de comunicación las presiones a las que se la sometía desde la asociación. Otra explica entre lágrimas que, cuando vuelva a Jujuy, "no sé que va a pasar conmigo", lo que nos da una idea del ambiente de miedo en el que se vive en la provincia; "espero que se quede siempre en la cárcel", concluye esa misma mujer.

Por supuesto, una vez que tuvo problemas legales, Sala y sus partidarios no han dudado en atacar incluso a los fiscales que están estudiando su caso, uno de los cuales, el fiscal general de Jujuy, Sergio Enrique Lello Sánchez, ha sido amenazado de muerte.

"¿Dónde querés que te dejemos el cadáver de tu amigo?" fue lo que tuvo que escuchar su mujer por teléfono en una conversación que no ha sido la única señal de amenaza percibida por el fiscal: "No es la primera vez que recibo una amenaza por teléfono. También me han seguido con vehículos. Hay gente que merodea la fiscalía general. Ya eso lo vengo notando hace dos o tres meses", declaró.

"Derecho a tirar piedras, a quemar gomas"

Sala y los suyos no limitaron el uso de la violencia y la intimidación a tratar de amedrentar a personas sino que también han cargado contra las instituciones y lo han hecho en público: en diciembre de 2015 y al mando de una manifestación intentó tomar la Legislatura de Jujuy, equivalente al parlamento regional.

Años antes, en 2007 y en otra manifestación en la que la propia Milagro reclamaba el "derecho a quemar gomas, derecho a tirar piedras, derecho a garrote" se incendiaba la Casa de Gobierno de la provincia.

Corrupción

Las acusaciones, no obstante, no son sólo de violencia sino también de corrupción: el actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, llegó al cargo en diciembre de 2015 y es el primero no peronista en décadas y tiene claro que lo que montó la activista era una inmensa red de corrupción: "Milagro Sala se robó todo, muchachos", decía en una entrevista recogida por Clarín.

Un dato revelado por medios argentinos nos da una idea de lo que ha ocurrido con parte del dinero que, según muchos, la organización de Sala ha desviado en beneficio propio: uno de sus catorce hijos se compró siete coches en cinco años.

De hecho, hace sólo una semana se dictó la apertura de juicio oral contra Sala, acusada de "fraude a la administración pública, asociación ilícita y extorsión", en un juicio en el que ya hay casi una docena de imputados y en el que se la acusa de haber desviado 60 millones de pesos, de los cuales 29 habían sido cobrados por las cooperativas de Tupac Amaru para construir una serie de viviendas que no se han ejecutado.

Por último, hay que señalar que aunque se acusa a Macri de mantener en la cárcel a Sala sin estar condenada, lo cierto es que ya ha recibido una condena en una de las muchas causas que tiene abiertas: tres años de prisión por un delito de daños.

Cataluña - Maniobras temerosas en la obscuridad

Imagen de archivo de la reunión en Moncloa de Rajoy y Puigdemont en abril de 2016

En contra de lo que han venido desmintiendo, la Vanguardia publica hoy que Mariano Rajoy y Carles Puigdemont ya se han reunido. Fue el pasado 11 de enero. En la Moncloa. Los dos presidentes almorzaron juntos y mantuvieron una conversación cordial, pero sin que hubiera acercamiento alguno sobre cómo resolver el fondo del conflicto político en Catalunya. 

Puigdemont reiteró su voluntad de convocar un referéndum y Rajoy le replicó su negativa a permitirlo. El president insistió en que podían negociarse las condiciones de la consulta (fecha, pregunta...), sin éxito. Lo mismo que ambos han mantenido en público y en privado multitud de veces.

El almuerzo tuvo lugar a instancias de Rajoy. El presidente había recuperado la conferencia de presidentes autonómicos, que se reuniría el 17 de enero. Quería convencer a Puigdemont para que asistiera a ese foro. Le parecía un primer paso para reconducir las relaciones y responder a algunas reclamaciones catalanas, como la financiación, la dependencia o la pobreza energética. Así se lo planteó a su interlocutor durante el encuentro.

Puigdemont había anunciado en público que no asistiría a la conferencia de presidentes. Para el Govern, era volver a diluir Catalunya en el café para todos. Sin embargo, le hizo una contrapropuesta. Acudiría a ese foro si se le permitía intervenir para explicar su posición sobre el conflicto catalán. Para convencerle, le aseguró que no convertiría su discurso en un alegato exclusivo sobre el referéndum. Pero Rajoy no lo consideró oportuno.

El almuerzo, en efecto, no desbloqueó el conflicto. No existe ninguna negociación entre los dos gobiernos, aunque en la Moncloa están dispuestos a hablar de la lista de 45 reclamaciones que elaboró la Generalitat, pero no del punto 46, el del referéndum. Así pues, no es que últimamente no exista diálogo entre los gobiernos central y catalán, sino que toda aproximación se bloquea cuando el Govern pone sobre la mesa el referéndum. En eso, las posiciones están a años luz.

Rajoy, al igual que sus antecesores, pretende comprender Cataluña a través de los nacionalistas, lo que lleva aparejado la adquisición de apriorismos tales como la supuesta existencia de un conflicto de fondo basado en un teórico desequilibrio fiscal y un no menos teórico hecho diferencial. Con ese fardo en la mesa, el español es un idioma extranjero y Cataluña una nación sojuzgada, oprimida y menospreciada por la grosera, zafia y churretosa España. Enric Millo se jacta de que la operación Diálogo no se limita a la Generalidad, que hay interlocución directa con alcaldes, entidades sociales, intelectuales y empresarios. 

Ocurre que esos saludables y bienintencionados encuentros parten de la premisa de que el proceso separatista es la reacción a un cúmulo de injusticias y desafueros del Estado contra el concepto Cataluña en vez de un ataque del nacionalismo a la convivencia ciudadana para tapar la corrupción, endosar el mal gobierno y los recortes a Madrit y salvar los muebles del conglomerado caciquil del pujolismo. El malentendido es tan crucial como recurrente. Por lo demás, Junqueras está en contacto permanente con Montoro y Soraya Sáenz de Santamaría se empecina en confundirse con el ambiente.

Artur Mas, por su cuenta, a una "tercera via"

El manual de supervivencia del expresidente estrena un nuevo capítulo que agranda las grietas dentro de la nueva Convergència por el doble discurso que representa. El líder de PDECat quiere convertirse en el hombre puente entre el autonomismo actual y el independentismo que él mismo abrazó por tacticismo. La semana pasada viajó a Madrid y se reunió con exdirigentes del PSOE y del PP, a quienes expuso su plan: utilizar una oferta del Gobierno español como excusa para dejar en punto muerto el proceso secesionista.

Un plan que él pilotaría y que, según dijo, cuenta con el visto bueno de Carles Puigdemont. El supuesto aval del presidente catalán sorprendió a sus interlocutores, convencidos de que el sucesor de Mas no va a dar marcha atrás en su propuesta de referéndum, previsto para septiembre. Efectivamente, “Puigdemont firmará lo que sea y arrastrará con él a Junqueras porque no le da miedo que le inhabiliten, no aspira a seguir en ningún cargo público, sino a volver a Girona”, explican fuentes conocedoras de la evolución del procés.

Así, mientras en Cataluña se muestra firme con el proceso secesionista, Artur Mas busca recuperar protagonismo en Madrid mediante una propuesta de tercera vía que está dispuesto a liderar. La táctica no agrada a la nueva CDC, pero le proporciona mucha cuota mediática. Hoy volverá a tenerla, pues tiene previsto pronunciar en San Sebastián una conferencia titulada El derecho a decidir. El proceso en Cataluña junto al exlendakari Juan José Ibarretxe. El acto contará con la elocuente ausencia del Gobierno vasco, pues como se sabe, el PNV está actualmente en un registro muy diferente al independentismo catalán. La gran incógnita es si Mas volverá a cambiar de discurso o si se mantendrá en el discurso de la tercera vía. Pero lo que está claro es que el líder convergente no quiere acabar como Ibarretxe.

El miedo de los secesionistas a los tribunales y el miedo al ridículo del gobierno central, parece que empieza a hacer mella en el seno de la nueva Convergencia, pero los dos bandos siguen atascados en una negociación imposible, que el tiempo solo consigue desgastar y poner en ridículo los esfuerzos inútiles de la vicepresidenta.

El proyecto para la escisión de España de Pedro Sánchez

El PSOE camina hacia una escisión

Pedro Sánchez que sigue queriendo ser presidente, como sea,... con quien pueda,... de lo que sea,... de lo que quede... reapareció anoche en Madrid con un proyecto político bajo el brazo irreconciliable con el que ahora defienden la gestora y Susana Díaz.

Pedro Sánchez ha presentado este lunes su proyecto político, que supone la consumación de una radicalización que encuentra simpatías múltiples en la militancia del PSOE. Sus dos ejes son el reconocimiento de Cataluña como nación y el acercamiento a Podemos. Son las dos líneas maestras de un documento político que Sánchez ha dado a conocer en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con una asistencia de público absolutamente masiva, y con el que pretende recuperar el poder en su partido.

En el documento de 33 páginas que contiene la base programática con la que el ala izquierda del PSOE defenderá su espacio en las primarias y en el congreso posterior, se apuesta por la unidad de acción con UGT y Comisiones, por una reforma constitucional del principio de estabilidad presupuestaria que garantice también la paz social, por una política de inversión expansiva y por una mutualización de la deuda a escala europea. 

El programa recupera también algunos de los postulados que defendió Sánchez cuando era secretario general: derogación de la reforma laboral del PP, salario mínimo de 1.000 euros mensuales, consolidación de una banca pública y el establecimiento de una renta mínima para todos los ciudadanos. El documento presenta como agotados los logros conseguidos por los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero e incorpora una enmienda a la totalidad a todas las políticas del PP.

Pedro Sánchez y sus teloneros – la magistrada en excedencia Margarita Robles, el exalcalde donostierra Odón Elorza, la exministra Cristina Narbona, el economista Manuel Escudero y el sociólogo José Félix Tezanos – someterán al escrutinio de la militancia un proyecto que pretende aglutinar a “todas las fuerzas progresistas” para desbancar al PP del Gobierno. Ese es su gran objetivo, desde el convencimiento de que la “gran coalición con la derecha” ni ha sido útil en Europa ni es posible en España. El “no es no” volvió anoche a corearse en el acto organizado por el sanchismo con la militancia como una especie de proyectil dirigido no tanto a Mariano Rajoy como a quienes desde el Partido Socialista han hecho todo lo posible para favorecer su continuidad en La Moncloa.

El exlíder socialista reconoció que no es el mismo desde que Susana Díaz le desalojó por la fuerza de la secretaría general, hace ahora casi cinco meses. Todavía no ha podido deshacerse de la rabia que acumula desde entonces y ayer demostró que va a poner toda la carne en el asador para ejecutar su venganza de la mano de un proyecto político a todas luces irreconciliable con el que en estos momentos defiende la gestora, la misma que prepara el camino a la presidenta andaluza hacia el sillón de Ferraz.

http://www.eldiario.es/politica/Postcapitalismo-militancia-izquierda-Pedro-Sanchez_0_614539290.html

La agenda secreta de Soraya

La 'operación diálogo' encubierta: la agenda secreta de Soraya en Barcelona

Las revelaciones sobre la 'agenda secreta' de la vicepresidenta del Gobierno por parte del delegado del Gobierno en Cataluña Enric Milló que habló de 'contactos discretos a todos los niveles' para buscar un camino de salida. han provocado una airada reacción en el PP catalán. La tormenta estalla en vísperas de una nueva visita a Barcelona de Soraya Sáenz de Santamaría a Barcelona. Este lunes asiste a dos actos sociales, uno en el Liceo, con la Reina doña Sofía y otro, en una entrega de premios de 'El Periódico'. 

Ha sido el PP catalán, desplazado y casi ignorado desde el arranque de la denominada 'operación diálogo', quien ha mostrado su enorme malestar con las declaraciones de Millo. "Nuestras propuestas nunca son secretas", dijo Albiol, quien no disimuló su escasa simpatía hacia la estrategia que desarrolla la vicepresidenta en Cataluña desde hace unos meses. Albiol, desmintió tajantemente este lunes tal posibilidad: "El Gobierno ni ha mantenido ni mantiene reuniones secretas". Asimismo la Generalitat por boca de Carles Puigdemont desmitió tales entrevistas. El Gobierno de Madrid guarda silencio. El PSOE, por boca del presidente de la Gestora, Javier Fernández, reconoció no saber nada.

Los medios de comunicación vuelven a hablar de "ofertas de negociación" del Gobierno de Mariano Rajoy al Gobierno de la Generalitat. En síntesis, se trataría de abordar la resolución de las 45 reivindicaciones contenidas en el documento que en abril del año pasado entregó Puigdemont a Rajoy. La única condición, según las informaciones, sentarse a hablar y olvidar el referéndum. En la misma línea negociadora, el delegado del Gobierno en Cataluña, 

¿Cabe imaginar una respuesta positiva por parte de la Generalitat? No. Cualquier negociación de este tipo sólo sería posible si no existiera la pugna entre ERC y los exconvergentes por la hegemonía nacionalista. A las puertas de unas elecciones autonómicas en las que Junqueras y, probablemente, Mas se juegan la presidencia de la Generalitat, un acuerdo en el seno de Junts pel Sí es imposible.

¿Si no ha de servir para un pacto explícito y formal con la Generalitat, para qué serviría, o qué objetivos tendría la propuesta de Rajoy? Caben tres interpretaciones:

La primera un acuerdo "secreto" o simplemente implícito para que se convoque el referéndum pero que la Generalitat se avenga a acatar las ordenes del TC en el último segundo, antes de la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno central. Con ello se evitaría el cacareado choque de trenes. Se basa en la creencia de que el nacionalismo no arriesgará la Generalitat en mano por la independencia volando.

La segunda interpretación, muy improbable pero no imposible, consistiría en que ERC o el PDECat aceptaran el reto y se convocasen elecciones, sin convocatoria de referéndum. El partido que optara por esta solución basaría su programa electoral en lo que la mayoría de secesionistas aceptan en privado: que no hay mandato democrático ni condiciones objetivas para celebrar un referéndum unilateral, y de lo que se trata es de seguir ampliando la "mayoría secesionista" y, mientras tanto, fortalecer la Generalitat con más competencias, recursos e inversiones. Asumir este riesgo puede ser una opción para Mas de recuperar el voto moderado y tener opciones frente a Junqueras. Opciones muy escasas --no le doy más de un 2%-- pero no es una opción imposible en función de las encuestas.

La tercera es que, de no darse ninguno de los escenarios anteriores, el Gobierno de Mariano Rajoy tenga un argumento político para poder decir que la aplicación del artículo 155 de la Constitución se ha tenido que ejercer por la falta de voluntad negociadora de la Generalitat y poder así defenderse de las acusaciones de inmovilismo.

En los próximos meses sabremos cuál es la respuesta correcta. En todo caso, el día en que los gobiernos central y autonómico de turno se ocupen de los problemas de los catalanes habrá que añadir algunos aspectos que nunca se plantean. Básicamente, que el Estado de derecho se aplique en Cataluña y se ponga punto final a los déficits de calidad democrática de nuestras instituciones, convertidas por el nacionalismo en instrumentos de agitación y propaganda del secesionismo.