Una sentencia que hace crecer la inseguridad tributaria
La sentencia conocida el pasado jueves dictamina que es la entidad, y no el cliente, quien tiene que abonar el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, desatando con ello una avalancha de reclamaciones cuyo impacto, todavía impreciso, asciende a varios miles de millones de euros. De hecho, el coste estimado para la banca bien podría superar al de la anulación de las cláusulas suelo. El nuevo golpe judicial que ha asestado el Tribunal Supremo a los bancos ha causado un grave terremoto en el sector financiero. No es para menos. La Sala, bajo la ponencia del magistrado Jesús Cudero, resolvió un recurso de un particular -Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid- y estableció que debe ser el banco el que tiene pagar el impuesto porque es el único interesado en la elevación a escritura pública porque sólo con este documento la entidad bancaria puede ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva de la hipoteca. Esta sentencia hizo saltar todas las alar...