La "Receta Iceta" para la economía catalana

Iceta en un acto en Barcelona hace unos días (EFE)

El lider y candidato PSC, Miguel Iceta ha presentado en público su programa para las elecciones de Cataluña. En un artículo titulado "Financiación justa para la Hacienda federal" y publicado en El Mundo, el dirigente socialista catalán Miguel Iceta propone una Hacienda catalana que recaude y gestione todos los impuestos "Queremos avanzar en la construcción de una Hacienda federal, basada en compartir impuestos, asumiendo toda la responsabilidad fiscal y de gobierno que ello supone, y por tanto también la recaudación y gestión –en consorcio con la Administración central del Estado, tal como dice el Estatuto– de todos los impuestos que pagamos en Cataluña".

Miquel Iceta está convencido de que puede ser president de la Generalitat aun siendo los socialistas la tercera o cuarta fuerza más votada en las elecciones catalanas del 21D y ya empieza a poner sobre la mesa su argumentario para gobernar. El candidato del PSC, ha tomado la bandera nacionalista de la financiación autonómica y propone un sistema para Cataluña con una Agencia Tributaria propia que recaude y gestione todos los impuestos. Asume las pretensiones de los partidos separatistas e insiste en la condonación de la deuda de la Generalidad. (75.000 millones de euros.)

En su tribuna, el candidato a la presidencia de la Generalitat también pide que aumenten los porcentajes de la cesión del IVA, IRPF y los Impuestos Especiales y crear un fondo de garantías para repartir el importe de los tributos entre las Comunidades Autónomas. También afirma que todas la autonomías deben ser “gobiernos auténticos -no meras gestoras de un estado descentralizado-” y reitera su apuesta federal para España -creando una Hacienda federal- y recuerda que su propuesta se basa en la declaración del PSOE de Granada, de 2013, sobre la cuestión territorial y en el sistema tributario alemán. “Hay que recuperar la autonomía financiera y económica real” ante las imposiciones del Gobierno central en los órganos como el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sentencia.

Más cuota de IRPF, IVA y Especiales

Según el candidato socialista, la propuesta se justifica por la necesidad de recuperar el Estado del Bienestar, tres de cuyos ejes recaen en las comunidades autónomas. Cita Iceta educación, sanidad y servicios sociales como áreas de competencia autonómica que están al albur "de los avatares del sistema de financiación" de 2009 y que "ha hecho aguas durante la crisis".

Iceta también pretende aumentar los porcentajes de cesión de IRPF, IVA e Impuestos Especiales para dar "suficiencia financiera" de las comunidades. "Nuestra propuesta -escribe- se sostiene en base a dos fundamentos políticos: primero, las Comunidades Autónomas, todas, deben poder ser gobiernos auténticos -no meras gestoras de un estado descentralizado- y segundo, como socialistas defendemos un Estado federal para España y Europa, y por lo tanto defendemos la necesidad ineludible de la existencia de transferencias interterritoriales para lograr nuestros objetivos de justicia social y de cohesión interna, sin la cual los pactos y los acuerdos son difíciles de alcanzar y de cumplir".

De llevarse a la práctica la propuesta de Iceta supondría la desaparición de la Hacienda estatal en Cataluña, cuya administración dispondría de un concierto similar al de las comunidades forales y sería, por ejemplo, la encargada de investigar las finanzas de la familia Pujol. Iceta propone la creación de una Hacienda catalana que gestione todos los impuestos

A diferencia del régimen foral de Euskadi y Navarra, la cúpula de la agencia tributaria catalana sería paritaria entre Estado y Generalitat.

Iceta se adelanta de este modo a los barones socialistas en los preparativos de la negociación del nuevo sistema de financiación autonómico y asume en gran parte los criterios de los partidos separatistas. Además, insiste en la condonación de la deuda de la Generalidad: "Hay que recuperar autonomía financiera y económica real. Y ello implica afrontar el problema de la deuda autonómica en la línea de la discusión planteada por la comisión de expertos y recogiendo la reflexión del ministro Montoro sobre una quita parcial de la misma".

Pese a las voces críticas en el partido, la cúpula del PSOE avala de momento la 'receta Iceta'. "Es una propuesta razonada, razonable y que no implica ningún privilegio", ha señalado el secretario de Economía del PSOE, Manuel Escudero. En conversación con este diario, ha querido despejar cualquier sombra de discordancia entre el PSOE y el PSC. 

La idea de Iceta, publicada en elartículo en ‘El Mundo’, no solo "está contemplada en el Estatut", ha señalado el miembro de la dirección socialista, señalando que también aparece en los documentos federales del PSOE (en referencia a la Declaración de Granada del 2013). 

Eso no evita la inquietud de algunos barones. Tras los bufidos de los socialistas de Andalucía, Extremadura y Asturias, el presidente de Aragón, Javier Lambán, y portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Àngel Gabilondo, han sido los últimos en cuestionar las medidas de Iceta en materia fiscal. El exministro ha considerado que la condonación de deuda "no es el mejor de los caminos" para resolver problemas mientras que el presidente aragonés se ha negado a cualquier propuesta que pueda suponer un "trato de favor". 

Decenas de mossos d'Esquadra declaran contra sus jefes

Explican que no hicieron nada durante el referéndum

Numerosos agentes de los Mossos d'Esquadra han comparecido durante las últimas semanas ante juzgados de instrucción catalanes acusados de un delito de desobediencia y, según informa El Mundo, han señalado a los altos mandos del cuerpo como los responsables de que los agentes de la policia de la Generalitat no hicieran nada durante el referéndum del pasado 1 de octubre.

El denominador común de buena parte de estos interrogatorios está presidido por varias cuestiones que se repiten de forma constante. Los miembros de la policía autonómica catalana arguyen, en primer lugar, que se produjo un grave problema de coordinación entre todas las fuerzas policiales.

Decenas de mossos acusan directamente a los altos mandos, encabezados por el mayor Josep Lluís Trapero, de "abocarles a una situación ingobernable en unas condiciones absolutamente inimaginables". Detallan que les dejaron en los centros de votación "sin equipamiento ni relevos" y que cuando pidieron refuerzos por radio "no se les concedió apoyo por parte de ninguna unidad". "Nosotros íbamos en pareja, con uniforme y gorra, ante cientos de personas. Así, o eres Rambo o no impides el referéndum", ha relatado uno de los agentes. Añaden que "no disponian de equipamiento". "Ni furgonetas o vehículos para incautar urnas ni nada similar" ni "cajas" para guardar el material que pudiera ser intervenido.

Los agentes de la policía catalana arguyen que se produjo un grave problema de coordinación entre todas las fuerzas policiales. Algunos se preguntan por qué no se produjo una intervención "de madrugada para cerrar los colegios sin necesidad de utilizar la fuerza". "De haberse producido una actuación a las cuatro o a las cinco de la mañana, se hubiera evitado el referéndum".

Subrayan que se les "negaron refuerzos" cuando los pidieron

Una pareja de los Mossos delante de un colegio en Lérida el pasado 1-O 

Varios de los mossos han relatado que pidieron refuerzos a través de la emisora y que les contestaron "recibido", sin enviarles apoyo. "Comunicamos a la Sala Regional que no se podía acceder a los centros y que hacíamos. Nunca nadie nos dio ninguna respuesta".

En uno de los procedimientos judiciales en marcha, el juez instructor ha preguntado a los agentes interrogados por qué no procedieron a precintar los colegios electorales, tal y como ordenó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La contestación con la que se encontró hace unos días fue que ni tan siquiera se les proporcionó cinta aislante para evitar el acceso a los centros de votación.

En sus declaraciones acusan a los "altos mandos y comisarios" de "abocarles a una situación ingobernable" provocada por "las instrucciones recibidas por parte de los superiores jerárquicos del cuerpo". "Estamos siendo investigados por decisiones que no fueron nuestras", han recalcado.

Mas y Puigdemont inyectaron a TV3 más de 1.800 millones de euros desde 2011

A menos de un mes para las elecciones del 21-D crecen las críticas contra TV3. La televisión pública catalana, cuyos trabajadores exigieron respeto por su independencia tras la aplicación del artículo 155, ha recibido críticas desde todos los sectores durante la última semana por su parcialidad hacia el procés. Hasta que la Junta Electoral Central no prohibiera las expresiones e informaciones falsas, ha estado emitiendo como si no se hubiera producido la destitución del Govern de Carlos Puigdemont dedicando gran parte del tiempo a emitir reportajes y noticias sobre sus actividades en Bélgica en lo que dicen es el "exilio"

Xavier García Albiol volvía a poner a la televisión en la primera línea del fuego mediático el pasado fin de semana con unas duras declaraciones en las que afirmaba que "en el PP vamos a proponer cerrar TV3 y abrirla con gente normal". El candidato del PP a las elecciones catalanas del 21-D aseguró que "el canal autonómico es una máquina de hacer independentistas", criticando el excesivo apego de la cadena pública al cesado Govern de Carles Puigdemont.

Este sábado el líder de Ciudadanos Albert Rivera comentó las palabras de Albiol indicando que que está “absolutamente en contra de la línea que está siguiendo TV3. Es el NO-DO de Catalunya, una televisión que trabaja cada día por la independencia y así lo reconocen algunos miembros de esa televisión".

Raül Romeva, Gabriel Rufián y Oriol Junqueras con un micrófono de TV3.

La junta electoral advierte a TV3

En esta línea, la junta electoral provincial de Barcelona falló que TV3 infringe el principio de neutralidad informativa al utilizar las expresiones “Govern en el exilio” y “consejeros exiliados” para referirse al expresident Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros catalanes que se marcharon a Bruselas tras ser destituidos en aplicación del artículo 155. “En lo sucesivo deberán abstenerse de su utilización”, indicó el órgano que vela por la buena marcha de las elecciones catalanas del 21-D.

Las críticas también se han producido tras conocerse que un equipo de la televisión se ha trasladado a Bruselas (ya lo había hecho la radio pública Catalunya Ràdio) a hablar con el cesado Carles Puigdemont, que en un avance del encuentro reivindicaba su labor e insistía en que el era el President legítimo de la Generalitat.

Desde la aplicación del artículo 155 y de la confirmación de que los medios públicos no serían intervenidos por Moncloa, las críticas contra la postura ideológica de la cadena dirigida por Vicent Sanchis se han intensificado. No solo no se ha moderado la cercanía al independentismo, sino que se ha dado una amplia cobertura a las críticas al gobierno central favoreciendo a tertulianos cercanos al procés.

Absoluta dependencia económica

Acusaciones de cercanía ideológica que coinciden con una absoluta dependencia económica al Govern cesado. Una cercanía consignada en los presupuestos anuales de la Generalitat. Desde el año 2011, cuando Artur Mas llegó al Govern, se han destinado 1.848 millones de euros de las arcas públicas catalanas a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), que incluye TV3, Catalunya Ràdio y sus portales de internet.

De este dinero, 547 millones se han entregado entre 2016 y 2017, con el Govern del cesado Carles Puigdemont. Si tomamos como referencia los últimos ejercicios, el dinero entregado por el la Generalitat financia el 70% del presupuesto de la cadena, un 80% en el caso de las cuentas de 2016 presentadas por la televisión. La caída de la publicidad en las televisiones autonómicas ha sido compensada por el dinero público.

Estos 1.848 millones son la cifra más elevada que ha destinado una administración autonómica a sus medios de comunicación en el periodo y no está muy lejos de los 2.455 millones entregados por el gobierno central a RTVE en estas fechas.

Imagen emitida en TV3.

Una televisión deficitaria

Lo cierto es que estas cifras demuestran que TV3 no podría seguir operando sin las abultadas ayudas del Govern. En las cuentas de 2016 se reconoce una transferencia extra de 14 millones de euros para pagar los déficit acumulados en los dos últimos años que se sumaron a los 237 millones ya asignados y que demuestran que operativamente la televisión no se sostiene sin ayudas.

En las cuentas de 2016 se refleja que el CCMA ingresó solo 66,1 millones por venta de publicidad, el 20% de sus gastos totales, y consignó gastos de personal por 159 millones de euros. Para que nos hagamos una idea de lo poco rentable que es TV3, vemos que sus gastos de plantilla son superiores los de Atresmedia que registró este mismo año 131,1 millones por este concepto. La diferencia es que el editor de Antena 3 y La Sexta facturó 962 millones por publicidad.

Las subvenciones a la cadena pública catalana representan el 75% de los 2.455 millones que el Gobierno central destinó a RTVE en este mismo periodo. Es importante recalcar que TV3 tiene otra importante fuente de ingresos por publicidad, Que este último año 2016 fue de 88 millones que ha ido cayendo año a año desde 153 millones recaudados en el año 2008. RTVE tiene prohibido por ley la emisión de publicidad.

El golpe de la Guardia Civil a Marta Rovira: "Dio las órdenes directas del 1-O"

Marta RoviraTW

La 'número dos' de ERC, Marta Rovira Vergés, puede convertirse en Presidenta de la Generalitat a causa de los problemas de Oriol Junqueras ahora en la cárcel que podría auparla al estar al frente de la lista que podría ser la mas votada, a pesar de sus muchas meteduras de pata, tipo "violencia extrema con muertos en la calle" tras el 1-O, u otras lindezas derivadas de su vehemencia con la dichosa independencia.

OK Diario informa que ella está siendo investigada por ser quien ha capitalizado el referendum ilegal del 1-O. Las evidencias del papel primordial de la candidata de ERC, proceden de los pinchazos telefónicos efectuados con la correspondiente autorización judicial

Dos nombres aparecen en los documentos aportados por la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, dentro de la investigación contra el 1-O. Son los de Josep Maria Jové Lladó y el de Marta Rovira. Ambos se les relaciona directamente con los preparativos finales del referéndum ilegal. 

En cuanto al primero, se señala que de "la información obtenida resaltan la figura de Josep Maria Jové Lladó, secretario general de la Vicepresidencia Económica y de Hacienda de la Generalitat catalana", organismo comandado directamente por Oriol Junqueras, en estos momentos en la prisión de Estremera precisamente por ser figura destacada del golpe. 

La Guardia Civil añade que, dentro de esta coordinación, Jové "estaría organizando de manera directa la estructura necesaria para poder llevar a cabo el referéndum por la independencia", tal y como informa 'OKDiario'. Pero Jové en absoluto estaba sólo ni contaba con autonomía. Y era, nada menos que la actual candidata de ERC a alcanzar el muy decisivo puesto de presidenta de la Generalitat, Marta Rovira, la encargada de dirigir y controlar a Jové.

"En este proceso dinamizador, a raíz de la intervención telefónica se ha podido observar que Josep Maria Jové Llado, daría cuenta de su actividad y recibiría instrucciones de la cúpula de Esquerra Republicana de Cataluña, especialmente de Marta Rovira Vergés".

Las evidencias del papel primordial de Marta Rovira proceden efectivamente de los pinchazos telefónicos efectuados con la correspondiente autorización judicial.

Así, la Benemérita recoge que en una de las llamadas, efectuada de "madrugada" el 22 de agosto entre Jové y Francesc Sutrias -director del Patrimonio de la Secretaría de Hacienda catalana- las referencias de Jové a "Marta" como la persona que debía estar presente en una de las reuniones decisivas (al día siguiente de la llamada "se reunía la cúpula de Esquerra Republicana y Junts pel Sí con Marta Rovira) y se alude igualmente a los detalles de lo que debían hacer "después del día D". Sutrias especifica que se trata de "los mapas y todo esto", para acto seguido señalar Jové que "eso no lo hablemos por aquí".

Elecciones catalanas - Todos contra Ciudadanos

CS capitaliza el voto contra el separatismo y se coloca a un punto de ERC. El separatismo perdería la mayoría absoluta y Podemos, que se dejaría tres escaños, tendría la llave del Govern.

Esquerra Republicana de Cataluña ganará las próximas elecciones autonómicas con un 26,5 por ciento de los votos, seguida muy de cerca por Ciudadanos que obtendría un 25,3 por ciento, según una encuesta de intención de voto de Metroscopia para el diario El País.

El Partido Socialista de Cataluña (PSC) quedaría como tercera fuerza con un 14,9 por ciento de votos, mientras que la cuarta formación política en intención de voto será Junts per Catalunya (JxCAT), la formación que lidera el presidente de la Generalitat cesado Carles Puigdemont, con un 13,6 por ciento. Catalunya en Comú-Podem obtendría el 6,7 por ciento, la CUP el 5,9 y el Partido Popular (PP) conseguiría el 5,8.

Estos resultados otorgarían en número de escaños 39 a ERC, 35 a Ciudadanos, 21 a JxCat, 19 al PSC, 8 a CeC-Podem, 7 a la CUP y 6 al PP.

Las formaciones independentistas (ERC, JxCat y CUP) obtendrían el 47,7 por ciento de votos (67 escaños) y las constitucionalistas (Ciudadanos, PSC y PP) el 39,1 (60 escaños). En las elecciones de 2015 los primeros (Junts pel Sí y la CUP) obtuvieron 72 escaños y las tres formaciones constitucionalistas mencionadas 52.

El líder político mejor valorado según la encuesta es Oriol Junqueras con un 46 por ciento de aprobación, seguido de Carles Puigdemont, con un 43, Marta Rovira (42), Miquel Iceta (36), Xavier Domènech (36), Inés Arrimadas (29), Xavier García Albiol (19) y Carles Riera (14).

El sondeo fue elaborado entre el 20 y el 22 de noviembre último en base a una muestra de 1.800 entrevistas a ciudadanos residentes en Cataluña.

Todos contra Arrimadas:

Ciudadanos se ha convertido en el ‘pimpampum’ de la precampaña electoral catalana. Inés Arrimadas crece en las encuestas

Pedro Sánchez nos ha hecho un gran favor”, dicen en el equipo de campaña de Ciudadanos. El secretario general del PSOE ninguneó a su candidato, Miquel Iceta, y se lanzó a la yugular de Inés Arrimadas, la cabeza de cartel del partido naranja. “No apoyaremos ni a independentistas ni a opciones de la derecha. Ciudadanos es la media naranja del PP”. Cuando hasta el jefe nacional del PSOE “se obsesiona con nosotros es que empiezan a cundir los nervios”, añaden estas fuentes. 

El PSC pugna por arrebatarle a la formación de Rivera su papel de líder de la oposición en Cataluña. Un empeño complicado, de acuerdo con lo que apuntan los sondeos. Arrimadas se ha convertido en el eje de la singular precampaña, al igual que su partido se ha erigido en el protagonista del tablero nacional.

“Vuélvete a Cádiz”. La primera en bajar al lodo fue Nuria de Gispert, en su día presidenta del Parlament y militante de Unió, democristiana y moderada, según el común de los analistas. Un excelente empujón del secesionismo cerril y xenófobo para arrancar la campaña. También publicó luego el nombre de la escuela donde Rivera lleva a su hija de 6 años. 

En castellano en el Parlament

Arrimadas, 37 años, nacida en Jerez, licenciada en Derecho, llegó a Cataluña hace no muchos años. Una carrera vertiginosa. Rivera le dejó su sitio cuando se trasladó a Madrid. Arrimadas se consagró con sus intervenciones valientes en el Parlament. Siempre en castellano, sin los complejos del PP. En las autonómicas de 2015, celebrado ya el referéndum de cartón de Artur Mas, Ciudadanos se convirtió en la segunda fuerza política en la comunidad. 

Los socialistas ya no disimulan su preocupación. Lanzan más ataques a la formación naranja que a los propios independentistas. En el PP se guardan más las formas, aunque su planteamiento es casi idéntico al de Sánchez. Cualquier cosa menos hacer presidenta a Arrimadas. Incluso Marta Rovira, de ERC, una formación que apenas le ha dedicado en el pasado medio minuto a Rivera, se sumó al carro de los ataques: “Nuestra única coincidencia con el PSC es que no haremos presidenta a Arrimadas”. Sólo falta Puigdemont, sumido en las brumas de Bruselas y preocupado en destrozar a Junqueras, su gran rival para liderar el espacio independentista.

La estrategia de Rivera en estas últimas semanas ha puesto en un severo compromiso a los constitucionalistas. Su partido ha liderado algunas de las iniciativas más aplaudidas por un amplio sector del centroderecha nacional. Denuncia del adoctrinamiento en las aulas catalanas, equiparación de salarios de Policía Nacional y Guardias Civil con los Mossos. Radical rechazo al Cupo vasco y todos sus privilegios. Materias muy queridas por el votante del PP y hasta del PSOE. 

“La intervención de Maroto en el Congreso haciendo de obsequioso monaguillo del PNV fue patética”, comenta una alta fuente de Ciudadanos. “Hace dos años, podría entenderse, pero después del golpe de Estado en Cataluña, inundar de millones a los nacionalistas produce urticaria en media España. Y en la otra media, dolor de estómago”.

La paternidad del 155

Rivera también se convirtió en el principal impulsor de un 155 implacable contra los secesionistas. Tras los titubeos iniciales del partido naranja -a primeros de septiembre se mostraban muy reticentes con esta medida- se convirtió en su principal valedor tras escuchar el discurso del Rey del 3 de octubre. Incluso le ha arrebatado esta bandera a Mariano Rajoy. De ahí que el presidente del Gobierno recuerde ahora con insistencia que ha sido él quien puso en marcha este mecanismo con el que se ha devuelto la normalidad a Cataluña.

Arrimadas sigue la estela de Rivera, y la aprovecha al máximo. El PP y el PSC carecen de la capacidad de maniobra que tienen los naranjas. El Cupo Vasco ha sido un severo tropezón para las dos fuerzas mayoritarias en un momento de enorme sensibilidad en el país contra los privilegios de los nacionalistas. “La injusticia del cuponazo”, denunció el presidente de Ciudadanos en su potente discurso en el Congreso de esta semana. Arrimadas exprime al máximo el mensaje antinacionalista que, en su día, propició la creación de Ciudadanos. García Albiol, candidato del PP catalán, no puede llegar tan lejos. Miquel Iceta ni lo ocurre. El PSC pretende llegar a la presidencia de la Generalitat mediante un acuerdo con ERC y los comunes, según la versión más manoseada. Esa fórmula Borgen, que se antoja imposible.

Arrimadas pretende reforzar su apoyos electorales el 21-D para que, en el caso de que la fortuna actúe en su favor, pueda candidatearse como presidenta. Algo inaccesible, pero nadie tira la toalla. Todo está demasiado abierto. Se piensa en apoyos y coaliciones tras el escrutinio. Y ahí entra en juego los malabarismo ideológico del PSC.

Rivera, en paralelo, aprovecha la campaña catalana para reforzar su implantación en el resto de España. Algunas encuestas colocan a Ciudadanos casi mano a mano con el PSOE. De ahí, los nervios de Pedro Sánchez, a quien el debate territorial le crea enormes problemas con sus barones y con sus organizaciones regionales. “Tras el golpe del separatismo catalán, ya no valen medias tintas. La gente no lo soporta”, insiste esta fuente de Ciudadanos. Todos contra Arrimadas es la mejor noticia que puede recibir Rivera en estos días.

Un panorama desolador

Estamos a dos semanas de las elecciones catalanas y nada indica que sus resultados no van ser muy distintos a los que hace dos años nos han llevado a la grave situación de división e inseguridad. La única novedad es que esta campaña se va a realizar sin debates No se van a dirimir los problemas sociales y económicos, sin programas sin proyectos solo con la secesión en la mente de los candidatos y desde fuera de Cataluña, sea en la cárcel de Extremera o por tierras belgas. 

De momento se han conformado las listas electorales donde van a concurrir los mismos actores que conformaron la repetición del disparate de 2015, eso si con ERC de Junqueras y seis de sus candidatos en la cárcel y otro, Junts per Cataluña de Puigdemont cada vez mas enloquecido junto a otra media docena de ex consejeros prófugos de la justicia, y nadie perteneciente a su partido.

No se van a producir debates cara a cara Con las instituciones que siguen dominadas por los golpistas con jefes de policia y funcionarios claramente independentistas boicoteando las ordenes y destruyendo pruebas a toda mecha y con TV3 decantada claramente por la secesión machacando a todas horas con noticias falsas a la población que enfrente tiene un Poder Ejecutivo que no ejecuta nada del art. 155, dejando que sean los jueces a paso de caracol sean quienes imputen y encarcelen a los delincuentes que han desgobernado y desgobiernan aun la tierra quemada que se ha convertido la región., resistiéndose a realizar la limpieza obligatoria que necesita Cataluña para salir del charco en que está metida. 

Encima el Gobierno, presumiendo con su portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo que ha instado a “pasar página” tras la convocatoria de elecciones del próximo 21 de diciembre en Cataluña porque después de ese día debe “cerrarse la puerta” a la inestabilidad y la inseguridad en la Comunidad.

“Tenemos todos que pasar página”, ha afirmado Méndez de Vigo en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en la que ha recordado que el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su visita esta semana a Cataluña ha pedido a los empresarios que se queden en la comunidad y ha instado a no boicotear los productos catalanes.

Ha desgranado el descenso de las cifras de negocio y de comercio y servicios en Cataluña y ha considerado que el 21 de diciembre hay que “cerrar la puerta a la inestabilidad y la inseguridad” y “abrir la puerta también a que Cataluña siga con el resto de españa en los datos positivos”, algo imposible de realizar en estas circunstancias El panorama es desolador-

Colau explica que casi la violan

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha revelado en un acto en homenaje a las víctimas de la violencia de género que en dos ocasiones estuvo a punto de ser violada cuando era más joven.

Colau ha explicado una de las veces fue de las primeras que salía de noche, y un hombre la esperó cerca de la portaría de su casa. “Se reía de mí, me desafiaba, y era de gran envergadura. Pasé mucho miedo", ha añadido, para explicar que la aparición de un chico en patinete por la calle le sirvió para pedir ayuda y ahuyentar al posible agresor.

La segunda ocasión que ha narrado se produjo cuando varios hombres salieron de detrás de unos vehículos también por la noche cuando caminaba sola por la calle, y se dirigieron hacia ella. "Apareció milagrosamente un coche de policía" y los hombres se fueron corriendo, ha relatado. 

"Estoy segura de que me habrían violado aquella noche", ha añadido, para luego apuntar que los agentes, cuando hablaron con ella, la riñeron por ir vestida como iba a aquellas horas y sola por la calle.

Sin comentarios

Enoticias

Lamela abre la puerta a investigar a jueces y economistas por las leyes del 'procés'

El pleno del Parlament que aprobó la Ley de Transitoriedad. (EFE)

Santiago Vidal y Carles Viver cooperaron en la redacción de las normas en un primer nivel, y el Govern consultó también a catedráticos de la Universidad de Barcelona y la Pompeu Fabra

Una organización criminal con colaboradores. Así de clara ha sido la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en su informe al Supremo sobre el estado de la causa en la que investiga al Govern catalán depuesto por delitos de rebelión y sedición, y en el que apunta que se debe investigar al conjunto de personas que pertenecían o cooperaban con "la trama" que describe en la elaboración de las leyes que sirvieron de sustento al referéndum del 1-O y debían servir de base a la república independiente.

La magistrada no ofrece identidades en su escrito, pero los datos recabados por el Juzgado 13 de Barcelona, que lleva meses buceando en las entrañas de la creación de las estructuras de la Cataluña independiente, arrojan indicios de la cooperación en estas y en otras normas de profesores, economistas y jueces que ayudaron en distintos niveles a montar los andamios legales de la secesión.

Extracto de documento del ordenador de Santiago Vidal con modificaciones de la ley de transitoriedad. 

En un primer nivel se encuentran el juez Santiago Vidal, encargado de redactar la Constitución catalana y que, según los documentos incautados en los registros de su despacho, también contribuyó en las dos leyes reseñadas. Las conclusiones extraídas por la Guardia Civil en sus informes aseguran que participó "de forma directa" en la creación, desarrollo y puesta en marcha tanto de estas como de la nueva Agencia Tributaria catalana.

Los datos del sumario también apuntan a Carles Viver Pi-Sunyer, antiguo magistrado del Tribunal Constitucional y que fue designado en 2013 para presidir el Comisionado para la Transición Nacional de Cataluña. Conversaciones intervenidas desvelan que era consciente de los riesgos de su papel de asesor y comentó por teléfono que le tenían "en el disparadero" y le habían avisado de que tenía "una querella encima".

Los agentes destacan respecto a él que es "uno de los más evidentes ideólogos del proceso hacia la independencia" y contribuyó gracias a sus conocimientos y experiencia en la redacción de la Ley de Transitoriedad, además de contribuir a la puesta en marcha de las estructuras del Estado catalán. Tanto Vidal como Viver están imputados en el procedimiento que dirige el juez José Antonio Sunyer.

Otros expertos también colaboraron presuntamente en la elaboración. En su ordenador, la Guardia Civil encontró un informe con sugerencias para la Ley de Transitoriedad Jurídica que incluye correcciones al texto señaladas en rojo del exmagistrado y profesor asociado de Derecho Civil de la URV Fruitós Richarte y otros. En las conclusiones de ese borrador corregido del texto que aprobó el Parlament y fue declarado inconstitucional por el TC, este agradece su colaboración a los compañeros del grupo Constituïm, compuesto por 17 personas, entre ellas miembros de la ANC, y el grupo de juristas, economistas y profesionales de constitució.cat.

Entre la información que manejan los investigadores a la que ha tenido acceso El Confidencial, se encuentran varios correos incautados en los que se evidencia la contribución de varios profesores universitarios a un nivel inferior. La directora de Análisis Económico de la Generalitat, Natalia Mas, y Elsa Artadi, ahora encargada de la campaña electoral de Puigdemont y Junts pel Catalunya, reclamaron su ayuda para contestar a las preguntas de una de las aliadas internacionales del 'procés', Ana Stanic, abogada eslovena residente en Londres, desde donde dirige la firma internacional E&A Law Limited.

Universidad de Barcelona y la Pompeu Fabra

Los 'emails' incautados demuestran que cargos del Govern recurrían a docentes de la Universidad de Barcelona y la Pompeu Fabra como asesores y pedían su "cooperación urgente" para contestar a las preguntas de la letrada experta en derechos fundamentales sobre los Mossos d' Esquadra, los incumplimientos presupuestarios del Gobierno central o el tratamiento fiscal a Cataluña. Entre ellos, la catedrática de la Universidad de Barcelona y experta en Economía Política Nuria Bosch; el exdiputado del PSC y catedrático de Economía Germà Bel, y el catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), Oriol Amat.

Stanic empleó previsiblemente la información suministrada para su estudio titulado ‘Catalunya, voluntad popular y Estado’. En la presentación de este informe, en el que colaboraron otros juristas internacionales, enfatizó que "la represión" contra el referéndum socavaba "la posición española" y dijo que es obligación del Estado negociar tras el resultado.

En los registros se localizaron correos electrónicos que salpican a otras personas, como el director del Programa para la Organización y Modernización del Sistema Tributario de la Generalitat, Jordi Boixareu, que intervino en la redacción de leyes menores como la destinada a adaptar las funciones de la Dirección General de Tráfico a la república. En los correos realiza comentarios sobre los artículos sobre el fichero de vehículos y el padrón.

También aparece el profesor de Ciencias Políticas de la UPF Jaume López, que colaboró con el juez Vidal en la elaboración de datos sobre el proceso constituyente que debía iniciarse tras el 1-O que quedaron volcados en un documento, también incautado, con el título 'De la consulta a la Constitución: el periodo constituyente'.

El Confidencial

Ciudadanos y el "cuponazo" vasco

Por segunda vez en la misma semana, Albert Rivera ha sido el objeto de duras y unánimes críticas del resto del arco parlamentario, en esta ocasión por su defensa de una enmienda a la totalidad de la ley del cupo vasco, que Ciudadanos considera un "amaño político" que permite subvencionar a la segunda comunidad más rica de España.

En el debate, desde el PP a Podemos, pasando por el PSOE, los nacionalistas vascos y canarios y los separatistas catalanes, el líder naranja ha tenido que escuchar desde su escaño una serie de epítetos tras su intervención: hipócrita, cínico, irresponsable, populista, mentiroso, manipulador, fariseo…Al parecer Rivera despìerta envidias al elenco, dada su aumento de expectativas electorales tanto en Cataluña como el resto de España.

"Populista", también ha sido la palabra utilizada por el PP para atacar a Rivera. Lo ha hecho su portavoz en este debate, Javier Maroto, quien se ha referido con saña a la marginalidad política de Ciudadanos en el País Vasco: "Duró un cuarto de hora en el País Vasco, no sacaron ni un diputado". "Da bandazos en la política y cuando uno hace el discurso mirando al sol para ver cómo calienta mejor cada día, eso tiene un nombre, y se llama oportunismo". "Usted toca de oído en materia de política vasca", ha acusado Maroto a Rivera.

Mikel Buesa explica que es el "cupo vasco"

El cupo es la cantidad que el País Vasco abona anualmente al Estado para financiar las competencias que éste ejerce y que no han sido transferidas a la región. Su metodología de cálculo está fijada en la Ley del Concierto Económico, donde se establece que al coste de dichas competencias atribuible al País Vasco hay que restarle ciertas cantidades por los impuestos que, aunque recaudados por el Estado, corresponden a las Diputaciones Forales –el principal es el IVA–, así como la parte proporcional del déficit público estatal. Todo ello se concreta en cifras, cada cinco años, en la Ley del Cupo.

El problema fundamental que reflejan esos cálculos no viene del método, sino del hecho de que su configuración ha sido siempre el resultado de un tejemaneje político, de un tira y afloja, de un intercambio de prebendas por votos cuando el apoyo del PNV ha sido decisivo para el Gobierno de España. Por ello, desde hace muchos años me he referido siempre a este asunto como si fuera un pufo, pues las leyes del cupo han falseado sistemáticamente las cifras y han convertido las correspondientes mentiras en una verdad legal. Por ejemplo, en la de 2007 –la última aprobada– las competencias estatales se valoraron en la mitad de su coste, la compensación por IVA se multiplicó por cuatro y la cifra del déficit fue un puro invento, pues en aquella época el déficit del Estado había desaparecido. Como resultado, el País Vasco se ahorró unos 4.500 millones de euros al año.

Desde 2007 hasta 2016, el País Vasco ha pagado un promedio de 972,2 millones de euros anuales en concepto de cupo, según nos muestra la contabilidad presupuestaria del Estado (véase el gráfico). Ahora, después del acuerdo PNV-PP, a esa cifra se le va a aplicar una rebaja de 140 millones que, aunque se descuenten en posteriores ejercicios, a efectos contables reducen el cupo de la década pasada a un nivel sólo un poco superior al alcanzado por la aportación de Navarra. Si tenemos en cuenta que esta última comunidad tiene una población y un PIB que no llegan al 30% de los del País Vasco, nos encontramos con la paradoja de que, en la última década, mientras que cada uno de los navarros ha contribuido a los gastos del Estado con 824 euros al año, cada uno de los vascos sólo habrá pagado 384 euros.

Para el futuro, se nos anuncia un cupo de 956 millones que, seguramente, experimentará ulteriores rebajas, pues ya se las arreglarán los nacionalistas –y los foralistas del PP y el PSOE– para encontrar la manera de escaquear unos cuantos euros con sus argumentos falaces y su contabilidad creativa. Es el precio que se paga, en forma de privilegio financiero para los vascos, a cambio de la contribución del PNV a la estabilidad política –y a su propio bolsillo–. Por ello, nos dice la contabilidad territorial en su último informe que el Gobierno vasco cuenta para sus gastos con 1.680 euros por habitante más que el resto de las CCAA. Multipliquen ustedes por la población beneficiada y se encontrarán con la bonita cifra de 3.639 millones, que, por cierto, ponemos los demás españoles para tener contentos con su superior sanidad, sus mejores escuelas, sus destacadas carreteras comarcales y sus variopintos perifollos ornamentales a nuestros compatriotas del norte.

Ciudadanos no es oportunista cuando pide que la aplicación del 155 en Cataluña sea algo más que una broma, la vuelta a la anormal normalidad anterior al 1-O; ni cuando denuncia el abominable adoctrinamiento nacionalista que sufren los escolares no sólo en Cataluña, también en otras regiones, como Baleares o la Comunidad Valenciana. Y, desde luego, no lo es por denunciar los injustísimos privilegios fiscales de que gozan los vascos y los navarros, tremendamente perjudiciales para el resto de los españoles.

Que un partido acuse a otro por defender los principios y políticas que ya no quiere o no es capaz de defender no sólo es lamentable, sino una pésima estrategia electoral que antes o después pasará a aquél una amarga factura en las urnas. 

Parece mentira que unos partidos que ahora abogan por modificar una Constitución que consideran antigua después de cuarenta años de vigencia, se oponen con fiereza a que los Vascos y navarros vean igualados sus derechos y obligaciones al resto de los españoles. Si no fuera por las ocasiones que se ha utilizado el mentado cupo, que no es mas que una concesión franquista perpetuada por parte de los gobiernos de turno para obtener unos votos para formar gobierno o aprobar unos presupuestos.¿No les suena?.

Lo mas raro es lo de Podemos. Los morados respaldarán el cupo a pesar de sus críticas a la negociación entre PNV y PP. "Nunca más algo fundamental como la financiación de los distintos territorios debería ser objeto de negociaciones entre dos partidos", ha afirmado Nagua Alba desde la tribuna. 

Ver para creer

Cinco aviones para rendir pleitesía a Puigdemont

ANC y Òmnium contratan cinco vuelos a Bruselas para la “masiva” manifestación del 7 de diciembre

Las entidades soberanistas pretenden que la marcha del próximo 7 de diciembre sea la "más masiva" que se ha vivido en la capital belga. Una buena excusa para mucho de hacer turismo subvencionado en el puente de la Constitución.

La ANC y Òmnium Cultural han contratado hasta ahora un total de cinco vuelos chárter a Bruselas para la manifestación que organizarán en la capital belga el 7 de diciembre con la que quieren que Europa “despierte” ante el conflicto político catalán.

En rueda de prensa, los vicepresidentes de la ANC y de Òmnium, Agustí Alcoberro y Marcel Mauri, respectivamente, han explicado que el lema de la marcha será ‘Europe, Wake Up! Help Catalonia’ (Europa, ¡Despierta!. Ayuda a Cataluña), y que prevén que la manifestación sea “masiva”.

Alcoberro ha explicado que tres vuelos chárter saldrán desde Barcelona, uno desde el Aeropuerto de Alguaire (Lleida) y otro desde el de Girona, y ha añadido que las asambleas territoriales de Òmnium ya han encargado autobuses desde 70 puntos de Cataluña.

El vicepresidente de Òmnium ha asegurado también que hace días que los vuelos a Bruselas y los hoteles están “colapsados” para esas fechas, y que saben de gente que irá a la manifestación que ha tenido que reservar sus hoteles a 40 o 50 kilómetros de la capital belga.

“Iremos a mostrar que lo que pasa en Cataluña no es un asunto interno, es un asunto que desde el 1-O afecta e indigna a muchos ciudadanos”, ha afirmado Mauri, que ha añadido que también pretenden explicar “que la democracia está en peligro” en España y en Europa.

Alcoberro ha explicado que aún están negociando el recorrido de la marcha con las autoridades de Bruselas, pero que, en todo caso, transcurrirá por el centro de la ciudad y terminará con un acto con actuaciones de ‘castellers’, intervenciones de políticos internacionales y la clausura con las intervenciones de los responsables de las entidades soberanistas.

Al preguntársele si acudirán a la marcha los exconsellers que no están en prisión, Mauri ha explicado que están acabando de cerrar la participación de las fuerzas políticas en la manifestación y que todavía no han podido hablar con el presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, que está precisamente en Bruselas.

“La manifestación busca remarcar la profunda convicción europea del pueblo catalán y esa profunda confianza en los valores europeos y exigir a las instituciones que colaboren en la búsqueda de una solución al conflicto”, ha indicado Alcoberro, que ha especificado que esperan que las instituciones europeas tomen una posición clara “ante una situación anormal”.

La ANC pretende que la manifestación del día 7 sea “la mayor” que ha vivido Bruselas en los últimos años y Alcoberro ha sostenido que esperan que superen por mucho la cifra de 10.000 asistentes. Los resultados cara a la campaña electoral están por ver. Resulta que los belgas no podrán votar el 21 de diciembre.

200 alcaldes viajaron hace pocos dias a rendir pleitesía a Puigdemont.

¿Quién paga las facturas de Puigdemont y su séquito, de turismo en Bruselas?

Crecen las sospechas sobre el origen del dinero belga de Puigdemont

Puigdemont, este miércoles, "cazado" por Der Standaard haciendo turismo en Gante.

El expresident renuncia a la pensión de 112.000 euros para no acatar el 155. Anuncia que sí percibira su sueldo de diputado tras el 21-D.Si este martes el exvicepresidente rechazó acatar al artículo 155 para salir de prisión, 24 horas después, el exinquilino de la Generalitat renunció a su pensión como expresident, en una escenificación similar. Pero, ¿quién está pagando su exilio de turista y los gastos de su comitiva?

Desde que se fugó a Bélgica en un vuelo desde Marsella, mucho se ha hablado de los posibles patrocinadores de Puigdemont en su cómodo exilio de turista. El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y gracias al 155, sigue rastreando todas y cada una de las partidas de la Generalitat por si se hubiera producido el desvío a cuentas ocultas de fondos públicos. En este mismo ámbito, el Gobierno investiga la factura del viaje de los 200 alcaldes independentistas a Bruselas.

Renuncia a su pensión

Y es que con apenas dos años en el cargo, Puigdemont tenía derecho a percibir una pensión de 112.000 euros, siempre y cuando acatara el 155 y aceptara que ha sido cesado. Los expresidents de la Generalitat tienen derecho al 80% del sueldo durante la mitad del tiempo que han ocupado el cargo y durante un mínimo de 4 años.

Es decir, que el sucesor de Artur Mas, que lideró el Govern durante 21 meses, podría haber recibido la pensión de expresident durante los próximos 4 años. Posteriormente, a partir de los 65 años, los expresidentes tienen derecho a cobrar una pensión vitalicia equivalente al 60% del sueldo.

Sin embargo, en las últimas horas, el cabeza de lista de Junts per Catalunya ha renunciado a esa pensión. Si ha anunciado que percibirá su sueldo de diputado, tras las elecciones del 21-D. Nada lo impide hasta que sea inhabilitado si es finalmente condenado por alguno de los delitos que se le imputan: rebelión, sedición y malversación.

Su estado financiero:14.000 euros en cuentas; 126.286, en deudas

Mientras, de forma paralela, crece en Cataluña la polémica sobre la fuente de financiación de la estancia y las actividades de Puigdemont en Bruselas, y la del entorno que le acompaña.

Según las última declaraciones de bienes que el expresidente ofreció al órgano de transparencia de la Generalitat, este posee propiedades inmobiliarias por valor de 280.000 euros. Se trata de una vivienda que tiene al 50% y que compró en el año 2003. Según el Registro de la Propiedad, se trata de una vivienda unifamiliar que ocupa 291 metros cuadrados en una urbanización de Sant Julià de Ramis (Gerona) y se levanta sobre una parcela de 1.009 metros cuadrados, tal como reveló en julio el diario El Mundo.

En el citado registro, figura además a nombre de Carles Puigdemont Casamajó una segunda finca en Gerona . Asimismo, el candidato prófugo afirmaba tener únicamente 14.000 euros en sus cuentas, depósitos o similares, y reflejaba deudas por valor de 126.286 euros.

Puigdemont cazado por RNE en una cafetería de Bruselas cuando Junqueras y los exconsellers declaraban en la Audiencia Nacional. Junto a él, su amigo y empresario Josep María Matamala. ¿Su mecenas?

El misterioso "hombre del pelo blanco"

Pero quién más dudas ha concitado desde la fuga de Puigdemont, es el empresario y amigo personal del expresident, Josep María Matalama, de quien algunos medios dicen que esta sufragando parte de los gastos de los prófugos de exGovern. Matalama se ha convertido en inseparable de Puigdemont y con él lo pilló Radio Nacional en una cafetería de Bruselas mientras su exconsellers declaraban en la Audiencia Nacional.

Matamala, que fue concejal en el Ayuntamiento de Gerona, sigue maniendo una rentable relación con el consistorio, del que Puigdemont fue alcalde ante de su salto al Parlament. Según revelo ABC el pasado día 11, Matamala organiza cuatro ferias en Gerona a través de su empresa, Incatis, de la que precisamente Puigdemont fue consejero delegado antes de su entrada en política.

Mientras el expresidente, Artur Mas, y sus exconsellers inhabilitados por el Supremo por la consulta del 9-N han tenido que embargar algunas de sus propiedades para hacer frente a los más de 5 millones de fianza que les impuso el Tribunal de Cuentas, y la Audiencia Nacional estrecha el cerco a las fianzas de la ANC y Ómnium, la financiación actual de Puigdemont sigue siendo uno de los grandes enigmas de la precampaña. Fuentes próximas al PDeCAT reconocen que las cuentas de la formación son "de todo menos boyantes" y su financiación con las entidades bancarias tras el 1-O, muy limitada.

Otras fuentes sitúan otra fuente de financiación en los presupuestos de los eurodiputados del PDeCAT y ERC, aunque parte de ellos están sometidos a un riguroso proceso de fiscalización. Ramón Tremosa y Josep María Terricabras no se han separado de Puigdemont en sus actos en la capital comunitaria. no hay que olvidar que cada eurodiputado cuenta con 23.000 euros mensuales para pagar a los asistentes que le acompañan, a los que contrata directamente.  También podría haber recibido apoyo financiero del partido flamenco N-VA de Bélgica, históricamente hermanado con la antigua Convergencia.

Tal vez los partidos constitucionalistas, el PP catalán, y de C's pongan el foco en la campaña sobre este nuevo agujero negro del procés. ¿Quién paga la factura del cómodo exilio de turista del candidato prófugo?

La Cataluña del Art. 155: sabotajes a los jueces, ataques al patrimonio, intimidaciones...

La Fiscal Jefe de Barcelona, Ana Magaldi.

La mafia independentista está atacando a todo tren. Unos desconocidos han entrado este fin de semana en la segunda residencia que la fiscal jefe de Barcelona, Anna Maria Magaldi, tiene en un pueblo del Pirineo y le han cortado la calefacción y desconectado la antena de televisión, tras forzar el trastero donde se encuentra la caldera de la vivienda.

Los intrusos se limitaron a causar daños en el sistema de calefacción, el riego por aspersión y los cables de la televisión, sin llevarse nada del domicilio, por lo que se investiga si el allanamiento de la segunda residencia de Magaldi pueda estar vinculado al papel de la Fiscalía en el proceso independentista, añaden las mismas fuentes. Precisamente, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este miércoles en el pleno del Congreso que desconocidos han hecho pintadas, atentados contra el patrimonio y hastacortes de suministro eléctrico en domicilios de jueces y fiscales en Cataluña, los últimos este fin de semana.

En la denuncia que presentó en la comisaría de la policía catalana, la fiscal detalló los daños causados en el cuarto de servicios de su propiedad, que está separado de la vivienda, por los desconocidos que allanaron su casa, quienes no hicieron ninguna pintada ni dejaron nota alguna que permitiera identificarlos o averiguar su motivación. De confirmarse que la entrada en la casa responde a motivos políticos, los intrusos podrían ser acusados de un delito de incitación al odio

Agentes de la policía científica de los Mossos d'Esquadra inspeccionaron ayer el trastero donde entraron los intrusos y estuvieron recogiendo huellas y otros indicios que les permitan identificarlos. De confirmarse que la entrada en la casa de Magaldi responde a motivos políticos, los intrusos podrían ser acusados de un delito de incitación al odio, entre otros ilícitos penales.

La fiscal Ana María Malgadi cuenta con escolta policial desde hace semanas,coincidiendo con las actuaciones del ministerio público contra el proceso soberanista, entre ellas las querellas que han comportado el ingreso en prisión de los miembros del Govern cesado y de los líderes de las entidades soberanistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

La fiscal --que hace unos meses fue acosada por radicales independentistas durante el juicio por el 9N-- ha presentado una denuncia por la entrada en su domicilio, que está siendo investigada por los Mossos d'Esquadra.

Ataques generalizados a jueces y fiscales

El ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Los intrusos se limitaron a causar daños en el sistema de calefacción, el riego por aspersión y los cables de la televisión, sin llevarse nada del domicilio, por lo que se investiga si el allanamiento de la segunda residencia de Magaldi puede estar vinculado al papel de la Fiscalía en el proceso independentista.

Precisamente, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado hoy en el pleno del Congreso que desconocidos han hecho pintadas, atentados contra el patrimonio y hasta cortes de suministro eléctrico en domicilios de jueces y fiscales en Cataluña, los últimos este fin de semana.

Al hilo de la amenaza de violencia extrema en Cataluña que aducen los líderes separatistas para haberse ido de fin de semana tras proclamar la república, conviene recordar que era Carles Puigdemont quien pedía a los ciudadanos que se encarasen con los alcaldes que no cedieran colegios para el referéndum del 1-O. Había que pararlos por la calle, mirarles a los ojos, recordarles quién les pagaba el sueldo y preguntarles si de verdad no iban a dejar votar al pueblo. Decenas de ediles socialistas fueron señalados e insultados, igual que sus familias. En pequeñas y medianas localidades, los separatistas se manifestaban a las puertas de las casas de aquellos desdichados alcaldes. La mayoría no resistió la presión y colaboraron en la celebración del referéndum ilegal.

Una vez consumada la farsa electoral, nada pacíficos energúmenos se plantaban ante las pensiones en las que se alojaban policías nacionales y guardias civiles. Otros alcaldes, los separatistas, dictaban edictos en los que se exigía a los hosteleros que echaran a los agentes. La presión resultó tan eficaz que no pocos propietarios de establecimientos cancelaron los contratos con el Ministerio del Interior. Un diputado de la cuerda nacionalista, Germà Bel, alegó que los hoteles estaban en su derecho de no admitir animales.

Hijos de policías nacionales y guardias civiles fueron acosados en colegios e institutos por sus propios profesores. Apuntados y criminalizados por la brutalidad policial que encarnó la célebre Marta de los dedos rotos, magreada por un policía que se reía, ella que sólo quería votar. Por aquellas no tan lejanas fechas, hace tres o cuatro semanas, los periodistas que cubrían las manifestaciones separatistas eran acosados al grito de "¡Prensa española, manipuladora!". TV3 y demás medios del régimen nacionalista reproducían en bucle las imágenes de las cargas policiales del 1-O. Aún lo hacen. Raro es el telenotícies en el que no cae a cuenta emitir una sucesión de porrazos de aquella jornada para ratificar el cariz totalitario del Estado malayo.

Por aquellos días del mes pasado, agentes de los Mossos se enfrentaban a la Guardia Civil y la Policía Nacional, incumplían los mandatos judiciales y colaboraban directamente con el golpe de Estado. En la última huelga de país, este noviembre, muchos de ellos velaron por la eficacia de los cortes de carreteras y vías férreas. Antes del 1-O, la hemeroteca está plagada de declaraciones desafiantes y poco veladas amenazas del que fuera consejero de Interior, Joaquim Forn, quien dijo que "si había buena voluntad" no habría enfrentamientos entre mossos y policías. Después de esa fecha y hasta la declaración de independencia, el 27 de octubre, menudean las advertencias de Junqueras, Puigdemont, Rovira, Llach y demás sobre la fuerza y voluntad del pueblo alzado en república catalana.

Puigdemont tendrá que acatar el 155 si quiere cobrar los 112.000 euros de pensión

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. EFE

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dictado una instrucción por la cual pide que se le informe en el plazo de diez días hábiles si el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha solicitado acogerse al Estatuto de expresidentes de la Generalitat y cobrar así la pensión que le correspondería, que estaría en torno a los 112.000 euros. El expresidente catalán debe comunicar en un plazo de 10 días hábiles si se acoge al Estatuto de expresidentes de la Generalitat, lo que equivaldría a acatar de manera implícita la aplicación del 155

Dicha solicitud equivaldría a acatar de manera implícita la aplicación del artículo 155 de la Constitución que, entre otras medidas, incluye su propio cese, así como el del resto del Gobierno catalán. Si Puigdemont se acogiera al Estatuto de expresidentes estaría reconociendo que no es el "presidente legítimo" de la Generalitat como se ha definido a sí mismo y admitiría que su estatus ha pasado a ser el de expresidente.

La citada instrucción, recogida por Europa Press, fue dictada el pasado 16 de noviembre por Cristóbal Montoro, en calidad de titular del departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña. En ella se recogen medidas en materia de función pública que tiene que llevar a cabo la Secretaría de Administración y Función Pública del Departamento de Gobernación, Administración Pública y Vivienda al amparo del Real Decreto 944/2017, de 27 de octubre, es decir, del decreto por el que se aplica el artículo 155 de la Constitución.

Y entre las cuestiones que solicita Montoro a dicha Secretaría de la Generalitat está la petición de que remita a la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública del Ministerio, en el plazo de 10 días hábiles, las "solicitudes recibidas al amparo de la Ley 6/2003, de 22 de abril, del Estatuto de los expresidentes de la Generalitat", así como su "estado de tramitación".

Montoro será quien decida si autoriza el pago o no de la citada pensión

La Ley del Estatuto de los expresidentes, que impulsó en su día el expresidente Jordi Pujol, prevé que Carles Puigdemont pueda cobrar una asignación correspondiente al 80% del salario que estaba cobrando como presidente. Pero no lo recibe de forma automática, sino que tiene que solicitarlo por los cauces oficiales que le ha indicado ahora Cristóbal Montoro, que será quien decida si autoriza el pago o no de la citada pensión.

El primer artículo de la normativa catalana en materia de exmandatarios señala que los expresidentes de la Generalitat "disfrutan, a partir de su cese, del reconocimiento, atención y apoyo debidos, de acuerdo con las funciones y responsabilidades ejercidas". Esta norma fue modificada en junio de 2015 con el objetivo de que el Parlamento catalán pudiera revocarderechos si han dejado de ser "honorables", a raíz de los casos de presunta corrupción que afectaron a Pujol.

Además, esa misma norma contempla que las personas que han ejercido el cargo de presidente la Generalitat "tienen derecho a percibir, por un período equivalente a la mitad del tiempo que han permanecido en el cargo y, como mínimo, por una Legislatura, una asignación mensual equivalente al 80 por ciento de la retribución mensual que corresponde al ejercicio del cargo" de presidente del Gobierno catalán.

En el caso de Puigdemont, su sueldo público como presidente de la Generalitat ascendía a unos 140.000 euros brutos, por lo que en caso de que solicitarlo y ser aceptado podría tener derecho a percibir una asignación aproximada de 112.000 euros anuales, algo más de 9.000 euros brutos al mes.

Según la misma norma catalana, esa asignación es incompatible con el desempeño de un cargo público, con un trabajo o actividad en el ámbito público o privado y con la participación en consejos de administración de empresas públicas o privadas.

En cuanto a prerrogativas como despacho o coche oficial, la ley catalana indica que "corresponde al Gobierno regular el régimen estatutario de los expresidentes de la Generalidad, determinar los medios personales y materiales que deben ponerse a su disposición, establecer el régimen de precedencias que correspondan en los actos públicos a que asistan y adoptar los servicios de seguridad que se consideren necesarios". Sin embargo, en la situación actual y dado que las riendas de la Generalitat las lleva ahora Mariano Rajoy, será al Gobierno del PP a quien corresponda decidir sobre todos estos extremos, incluida la decisión sobre la asignación dineraria.

Información sobre altos cargos

En esa misma instrucción, Montoro pide a la Secretaría de Administración y Función Pública de la Generalitat que le entregue también y en ese mismo plazo de 10 días hábiles, la relación del personal directivo o con la condición de alto cargo que ha perdido la citada condición en virtud de la aplicación del artículo 155, del Real Decreto posterior y de la Orden por la que se dispone el cese de Josep Lluis Trapero como Mayor de la Escala Superior de los Mossos d'Esquadra.

En dicha información se deberá certificar si tienen la condición de empleados públicos de la Generalitat o de su sector público y, en ese caso, si tienen o no derecho a reserva de plaza, así como la identificación de la misma. En el caso de que éstos soliciten su reincorporación al servicio activo, el ministro también quiere que se le informe con diez días de antelación, antes de adoptarse los actos y acuerdos necesarios al respecto.