La herencia envenenada de Quim Torra: 138 millones en sueldos "de confianza" en juego

El expresidente de la Generalitat Quim Torra. (EFE)

En total, la Generalitat tiene 341 cargos políticos (aquí están comprendidos también los consejeros), que cuestan cada año un total de 23,6 millones de euros

Los partidos independentistas se juegan mucho en el reparto de cargos en el Govern de Cataluña. Decía Giulio Andreotti que “no desgasta el poder, lo que desgasta es no tenerlo”. Los independentistas no están dispuestos a no tenerlo. Y pugnan no ya por el propio control del poder político, sino por tres poderosas razones.

La primera de ellas es por mantener un nicho de oferta laboral para los afiliados del partido. Es decir, la posibilidad de contratar a los afines, convirtiendo a la Administración en una especie de oficina de empleo que premia la lealtad y asegura la supervivencia. La segunda es que los fichajes cotizan un porcentaje de su salario al partido que los coloca, lo que representa un ingreso extra para las formaciones. Y la tercera es la posibilidad de manejar el grifo de dinero, tanto de subvenciones como de adjudicaciones, por lo que puede manejar discrecionalmente el erario público a conveniencia.

El pastel de la Administración catalana es lo suficientemente goloso como para que la lucha por la supervivencia y el poder sea a cara de perro. En total, la Generalitat tiene 341 cargos políticos (aquí están comprendidos también los consejeros), que cuestan cada año un total de 23,6 millones de euros. Son lo que se llaman cargos de confianza y en ellos se encuentran tanto cargos estructurales como simples asesores. En cada legislatura, estos cargos cambian de titular porque el consejero tiene la potestad de nombrar a dedo a quien quiera, sin necesidad de justificación alguna. Por ley, los cargos nombrados de esta manera cesan al mismo tiempo que la persona que los nombró, salvo que la que tome su lugar los ratifique en su puesto.

Lluís Puig 

Entre esos cargos de confianza o eventuales se encuentran, por ejemplo, el fugado Lluís Puig, exconsejero de Cultura y residente en Waterloo, que recibe del erario público catalán 91.242 euros anuales como director del programa de desarrollo de proyectos culturales en el ámbito internacional. La recién regresada Meritxell Serret (fue elegida diputada el pasado 14-F en las filas de ERC) figura en el listado de 2020 todavía como delegada del Govern ante la UE, con un salario de 87.456 euros.

Cargos ex profeso

El ‘expresident’ Quim Torra también creó un organismo bajo el nombre de Comisionado de la Presidencia para el Despliegue del Autogobierno, al frente del cual se puso a Pau Villoria. Salario: 117.452 euros, más que cualquier consejero. Y eso que en el Diario Oficial de la Generalitat su cargo no aparece como comisionado, sino como “viceconsejero de la Presidencia”. Villoria fue el encargado de elaborar un informe sobre los destrozos de la aplicación del artículo 155 en las instituciones catalanas. Torra también premió a Joan Ramon Casals, exalcalde de Molins de Rei, para el que creó el puesto de jefe de la Oficina del President. Tras la inhabilitación de Quim Torra, Casals cesó como director de la Oficina y fue recolocado como director general de Coordinación Interdepartamental. Y Jordi Moreso, que era coordinador de esa oficina, fue recolocado como cargo eventual en el gabinete de la consejera de Presidencia. Otro bocado de 87.456 euros a los fondos públicos. Y Manuel Manonelles, exembajador de la Generalitat en Suiza, por ejemplo, fue incorporado a Presidencia como asesor de Torra con un salario de 79.917 euros anuales.

Pau Villoria. (EFE)

En Vicepresidencia, desapareció la Oficina para la Mejora del Autogobierno (duplicada de la de Presidencia), pero Pere Aragonès (que tiene en su área a 47 cargos de confianza, los mismos que en 2018) fichó a Adam Majó (91.242 euros de salario), como director de una nueva Oficina de Derechos Civiles y Políticos. Y, para no ser menos, también se montó una Oficina del Vicepresidente con Bernat Costas (87.456 euros) a su frente. El coordinador de la oficina es Raül Murcia (79.917 euros), más conocido como ‘Muto’, investigado en el sumario del 1-O y uno de los hombres clave en la organización el referéndum del 1 de octubre.

Desde los sectores independentistas se subraya que al hablar de cargos de confianza hay que distinguir entre los altos cargos que ocupan puestos estructurales y los eventuales o asesores. Sin embargo, todos tienen en común una cosa: son nombrados a dedo por el político de turno y, a efectos administrativos, cumplen la misma función.

A ellos hay que añadir 162 altos cargos de organismos de la Generalitat, ya sean empresas públicas, consorcios o institutos. Estos directivos suponen un gasto de casi 11,1 millones de euros anuales. En Cataluña, Salud es la que más altos directivos acumula, puesto que tiene 44 altos cargos con salarios más que generosos que cuestan 2.764.748 euros anuales a las arcas públicas. Territorio, con 34 organismos, tiene un gasto en sueldos de altos directivos de 1.8671.012 euros, mientras que Presidencia acumula 19 organismos, los salarios de cuyos presidentes o directores generales cuestan a los bolsillos de los ciudadanos 1.812.289 euros.

500 cargos políticos de confianza

PRESIDENCIA AUMENTÓ SUS ASESORES UN 20%

En resumen, hay más de 500 cargos políticos, algunos con salarios de infarto, que no están dispuestos a desprenderse de la bicoca que representa un salario público. En lenguaje económico, si contamos los sueldos de los cargos de confianza dentro de las consejerías más los de los altos directivos de empresas públicas, el gasto total en personal de confianza se eleva a 34,7 millones de euros por ejercicio. En una legislatura, pues, se van en salarios para cargos de confianza nombrados a dedo un total de 138,8 millones de euros, un bocado lo suficientemente jugoso como para que todos intenten no dejar el pastel.

En este enorme negocio, Presidencia es el departamento con más peso dentro de la Generalitat, en el que hay un buen puñado de altos cargos posconvergentes que llevan una década amarrados al sillón. Algunos tienen cargos pendientes con la justicia, ya que fueron detenidos en el marco de las investigaciones sobre la preparación del referéndum, pero jamás fueron cuestionados por ningún responsable político del Govern. En la actualidad, están a la espera de conocer las peticiones de penas de Fiscalía y de las acusaciones populares en sus respectivos sumarios.

Cuando Quim Torra llegó a Presidencia del Gobierno se rodeó de una corte de cargos de confianza: a los fichajes que ya había, añadió algunos de su cosecha personal hasta totalizar 55 altos cargos, algunos de ellos con salarios de vértigo. Cuando dejó su sillón, inhabilitado en el 2020, el número de asesores de Torra había ascendido a 65, lo que significa prácticamente un aumento del 20%. Y la masa salarial, que en el 2018 era de 4.330.211 euros anuales pasó a ser de 4.812.289 euros. Un salto cuantitativo importante.

En cuanto a los cargos nombrados para los organismos dependientes del departamento de Presidencia, la progresión fue aún más drástica: en el 2018, según el listado de la Generalitat, había 10 altos cargos ocupando las cúpulas de los grandes negociados. Por ejemplo, de la Corporación catalana de Medios Audiovisuales (109.080 euros anuales) o del Centro de Estudios de Opinión, el CIS catalán (82.209 euros), el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CAR) de Sant Cugat (82.209 euros), el Consell Català de l’Esport (82.209 euros), la Fundación La Marató de TV3 (84.714 euros) o el Institut Català de les Dones (ICD) (85.769 euros).

En el 2020, el listado de altos cargos de organismos llegaba a los 19. La razón no es que se creasen nuevas empresas, sino que se añadieron, lógicamente, al listado los altos cargos que dependen de la CCMA y que antes no se recogían, entre ellos los del director de TV3, Vicent Sanchís (116.038 euros); de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo (116.038), o el director de Estrategia y Recursos Humanos de TV3, Andreu Joan Martínez (116.038 euros), que antes había sido director general de la Policía. En estos dos años, el salario del director de La Marató, Lluís Bernabé, ascendió a 90.118 euros y el de la presidenta de la CCMA, Núria Llorach, a 116.844 euros. El cómputo de directivos de empresas públicas de Presidencia fue de 1.812.257 euros en 2020, cuando en el 2018 solo se contabilizaban, según los listados oficiales de la Generalitat, 838.110 euros. Esa diferencia, no obstante, es ficticia, al no estar computados los mandos de los medios de comunicación públicos en la relación de 2018.

En total, pues, el gasto de Presidencia en dos años pasó de 5.168.411 euros (la suma de los altos cargos de Presidencia más los altos cargos que figuraban en el listado de personal directivo de entidades del sector público en 2018) a 6.674.257 euros. Entre esos cargos figuran no solo directores generales, secretarios o directivos para los que se creó un cargo ex profeso, sino asesores, secretarias y “adjuntos”, cargos ideados para justificar el fichaje de amigos o compromisos de partido.

Con decenas de puestos de trabajo en juego y un monto considerable de millones de euros, cobra más sentido la negociación a cara de perro por controlar los resortes de la Administración. Y con la Presidencia a punto de caer en manos de ERC, los cambios internos dentro de la Administración catalana pueden ser muy significativos. “No se trata solo de tener a gente colocada, que también, sino de lo que los partidos pueden dejar de ingresar en concepto de aportaciones de los altos cargos, puesto que normalmente todos los que tienen puesto en la Administración, especialmente si es un puesto de confianza, suelen aportar, como mínimo, el 3% de su salario al partido”, reconoce a El Confidencial una fuente independentista. En algunos sectores, el porcentaje de aportación se sitúa entre el 5 y el 10%. Todo un chorro de dinero extra para los partidos.

El Confidencial