La prórroga del estado de alarma...¿es imprescindible que sea el gobierno quien lo solicite?

Agentes de la Policía Local y Nacional en Salamanca.

¿Que impide prorrogar el actual estado de alarma? Comprendo las voces que se alzan contra medidas limitativas de derechos, como comprendo las que piden medidas aún más severas y rigurosas, Distintas comunidades de distintos partidos y por distintas razones exigen que no se levante dicho estado hasta que no se haya superado claramente la pandemia.

Parece claro en el día de hoy que las cosas no van bien o, al menos, no lo suficientemente bien como para entender que desde el 9 de mayo no vayan a ser necesarias todas o algunas de las medidas que hoy todavía rigen y que, según hasta ahora se ha apreciado, solo han podido ser adoptadas en el marco del estado de alarma que permite la restricción de derechos fundamentales, en los términos del artículo 55 de la Constitución y de la ley orgánica 4/1981.

En una muy debatida y discutible solicitud del Gobierno al Congreso de los Diputados, este autorizó la prórroga del estado de alarma decretado el 25 de octubre de 2020 hasta las 00:00 horas del próximo 9 de mayo. Una muy larga duración, si la comparamos con la del primer estado de alarma vinculado a la COVID-19, pero que, en ese momento, pudo haberse considerado, por un lado, necesario y, al mismo tiempo, suficiente para la adopción y/o el mantenimiento de determinadas medidas de lucha contra esta epidemia.

Sánchez no quiere prórroga

Pedro Sánchez.  "La alternativa al estado de alarma es el plan de vacunación". Es el argumento que ha repetido una y otra vez el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la tribuna del Congreso para justificar su "intención" de levantar la medida excepcional el 9 de mayo. Es el único escenario en el que trabaja Moncloa que considera que las comunidades autónomas tienen las suficientes herramientas jurídicas para hacer frente al virus a partir de ahora. Las restricciones que impongan tendrán el control de los Tribunales Superiores de Justicia.

Sánchez no ha ofrecido ningún plan opcional a los diferentes grupos parlamentarios que han cuestionado esa decisión. Uno tras otro se lo han pedido. Desde la oposición hasta los socios del Ejecutivo ( Bildu, PNV, Más País y Compromís) le han reclamado, sin suerte, un plan B que ampare jurídicamente las decisiones que tengan que tomar los presidentes autonómicos. 

Incluso Ximo Puig en la Comunidad Valenciana mantiene el criterio de mantenerla aislada peritrimetralmente  por mas tiempo para llegar el verano en las mejores condiciones para el turismo, algo que solo se  puede hacerse con un estado de alarma que ampare dicha decisión. 

Aparte del gobierno de Pedro Sánchez, solo dos partidos, desde las antípodas ideológicas, han abogado poner fin al estado de alarma, Vox y la CUP. 

El estado de alarma ha protagonizado un Pleno donde Sánchez ha presentado una vez más el Plan de Recuperación y donde Pablo Casado ha subido el tono de su discurso acusando al presidente de "chulería". De fondo, las elecciones autonómicas de Madrid que también se han colado en el hemiciclo.

El Gobierno parece fiarlo todo a los acuerdos que puedan adoptarse en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Algo que resulta altamente preocupante. Tomemos como ejemplo la reciente decisión de este órgano en relación con el uso de las mascarillas. Resulta que el 30 de marzo pasado se publicó en el BOE la ley 2/2021, de 29 de marzo, en la que, resumidamente, se prevé la obligatoriedad del uso de las mascarillas para las personas mayores de seis años en, entre otros, las vías públicas y espacios al aire libre, salvo determinadas excepciones como enfermedad, práctica de deporte individual o fuerza mayor o incompatibilidad con la actividad realizada, y ello en redacción dada por una enmienda introducida pocas semanas antes por el grupo parlamentario socialista.

No parece en absoluto razonable que, pese al tiempo transcurrido desde marzo de 2020, y pese a lo comprometido por el Gobierno, no se haya impulsado un proceso legislativo que hubiera permitido, en el ámbito estatal, aprobar una legislación que posibilitara la adopción de determinadas medidas en situaciones como la que vivimos. Es cierto que hay normativa al respecto —la ley orgánica 3/1986, de medidas especiales en materia de salud pública, y la ley 14/1986, general de sanidad— pero también lo es que la misma se ha revelado insuficiente para dar cobertura a medidas de restricción de derechos fundamentales para su aplicación general e indiscriminada a la ciudadanía. Lo mismo sucede en el ámbito autonómico, en el que, menos aún, se dispone de instrumentos legales adecuados, siendo de dudar que ello pueda incluso ser posible en un futuro inmediato sin previa actualización de la legislación estatal —siempre en términos de limitación de derechos fundamentales—, dado que, en todo caso, se trata de materia de competencia estatal.